lunes, 19 de noviembre de 2007

El enorme desafío de reconstruir el Estado


El desafío de reconstruir el Estado

Se debe conformar un cuerpo de funcionarios idóneos, profesionales, bien remunerados e independientes.

Felipe A. M. de la Balze
Economista y negociador internacional


Nuestra Nación sufre un gravísimo vacío institucional. Carecemos de un aparato estatal moderno que facilite la puesta en marcha de las grandes políticas nacionales y ponga coto a los potenciales excesos de los intereses partidistas y económicos. Esta flaqueza institucional es una de las principales causas del grave retraso económico y social que nuestro país ha sufrido durante los últimos cincuenta años.

En la Argentina, son escasas las áreas del Estado que tienen reclutamiento profesional. Las tres más importantes son: las Fuerzas Armadas, la diplomacia y los parques nacionales, que representan sólo el 10% del gasto público total. Así, una porción ínfima del gasto público es realizado por instituciones estatales con funcionarios reclutados y promovidos por el mérito, donde hay escuelas y normas burocráticas que aseguran buenas decisiones o, por lo menos, minimizan las consecuencias de las malas.

El otro 90% tiene características amorfas y disfuncionales: pequeños núcleos profesionales sobreviven en entornos institucionales donde predomina la apatía, la inercia burocrática y una bajísima capacidad organizativa. A menudo, las decisiones no están basadas en el conocimiento de los temas. Además, la memoria institucional, que permitiría mejorar la gestión, es escasa. Son repetidos los casos de nuevos funcionarios que llegan con la necesidad imperiosa de poner su sello a la administración, dejando de lado lo que habían desarrollado sus antecesores.

Las normas son complejas, cambiantes y a menudo contradictorias. A manera de ejemplo, en la DGI existen más de 600 normas, lo que hace difícil liquidar impuestos y controlar que se paguen. Iniciar una nueva empresa en la Argentina es mucho más engorroso que en otros países: se requiere un promedio de 15 trámites y un peregrinaje por oficinas públicas estimado en 68 días.Los organismos de control —entre otros la Auditoría, la Sindicatura y la Procuración— también han estado expuestos a los mismos males: a menudo, los informes de control llegan tarde, son incompletos y facilitan el "que nada cambie". Así, una parte importante del gasto social se desaprovecha, lo que disminuye la calidad de los servicios que el Gobierno ofrece a la población.


En nuestro sector público, es mucho más fácil impedir que realizar. Con frecuencia, intereses particulares prevalecen sobre los de la ciudadanía. Nuestra dirigencia no supo, durante el siglo XX, crear un cuerpo permanente de altos funcionarios idóneos, leales, bien remunerados y comprometidos con el interés nacional. Las consecuencias han sido claramente adversas para el progreso de nuestro país.

Por una parte, el lado oscuro de la política (el amiguismo y el clientelismo) e intereses económicos sectoriales, colonizaron la administración pública impidiendo, en muchas áreas, la adopción de políticas de largo plazo (las llamadas "políticas de Estado") que son indispensables para que una nación progrese. Por otra parte, nuestros gobernantes sufren en carne propia las consecuencias del déficit administrativo.

Un aparato estatal de baja calidad limita la autoridad, reduce su capacidad de acción, minimiza la eficacia de sus iniciativas y dificulta la implementación de respuestas apropiadas ante los cambios de circunstancias o ante la amenaza de una crisis. Todos nuestros gobernantes, durante las últimas décadas, han enfrentado enormes trabas para convertir sus objetivos políticos en realidad al no poder contar con un aparato estatal profesional y moderno que los implemente.

La construcción de un aparato estatal profesional no minimizará la importancia de la política. Al contrario, la jerarquizará al brindarle una capacidad de gestión que le permita alcanzar sus objetivos. La política debiera definir las grandes estrategias (los cursos de acción) y controlar la calidad de su implementación. La administración debiera asegurar la gestión eficaz del aparato estatal, manejar al nivel micro los recursos del Estado y facilitar la instrumentación de los planes a largo plazo definidos por la política.

Para ello, necesitamos de una vez por todas establecer un servicio civil permanente, independiente, profesional y bien pago. El ingreso al servicio civil debe ser a través de exámenes rigurosos y competitivos. Necesitamos que la idoneidad sea el único criterio de promoción en el aparato estatal. Debemos jerarquizar el servicio civil (hay muchos funcionarios buenos, desmoralizados y mal utilizados en el sistema) para recuperar el reconocimiento y prestigio social de los altos funcionarios, que es moneda corriente en los países que funcionan.

De esta forma, será más fácil reducir la inseguridad, mejorar la educación pública, restaurar la excelencia de las universidades, ayudar a los indigentes, entrenar a los desempleados, concretar en tiempo y forma las obras públicas, promover el desarrollo económico, eliminar trámites redundantes, regular los servicios públicos y, sobre todo, restablecer la primacía de la ley.

¿Podrá el próximo gobierno realizar estos cambios cuando las malas costumbres se han arraigado tanto en nuestro país?

El cambio es factible. Requiere una firme decisión política y un sólido apoyo de la opinión pública. Una iniciativa política de alto vuelo, un diálogo franco con la oposición y con la sociedad civil y la rápida puesta en marcha de un programa de modernización del Estado quebrarían 50 años de inercia.

En circunstancias similares otros países, como Brasil, Chile, España y Francia, lo han hecho con éxito. El desafío es grande, pero los argentinos podemos aunar esfuerzos. Sólo así podremos avanzar en el camino del progreso y en la consolidación de un proyecto nacional digno, exitoso e integrado al mundo.


Fuente: Clarín 11/11/07


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