lunes, 25 de noviembre de 2013

Buenos Aires: iniciativa popular para ley de centros culturales



Una iniciativa popular busca que una ley regule los centros
culturales



El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA), que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, impulsa un proyecto de ley de Centros Culturales para que se regule la actividad, que permita "flexibilizar las formas y llevar propuestas culturales a los barrios".



Claudio Gorenman, abogado que forma parte de la iniciativa, explicó a Télam que la idea "surgió por los problemas que tienen los espacios culturales hoy en día de funcionar legalmente, porque no hay una ley habilitadora, por lo que muchos se ven obligados a conseguir una habilitación como otra cosa o funcionar a puertas cerradas sin publicar direcciones".

Para Gorenman "esto es perjudicial porque imposibilita el desarrollo de proyectos culturales y limita la posibilidad de artistas, productores y directores de dar visibilidad a contenidos y proyectar en el tiempo".

"Estamos trabajando en la ley hace un año y medio, y en septiembre presentamos en la Legislatura porteña, por iniciativa popular, un proyecto de ley habilitatorio que prevé cuatro tipos de modelos de gestión: casa de artistas, centro barrial y social, centro cultural y club de cultura", explicó.

Esta ley busca adaptar requisitos para que puedan funcionar según los distintos tipos de modelos de gestión y entiende que las casas de artistas y centros barriales son emprendimientos de poco público con un modelo de gestión, que no tiene organización formal.

"Lo importante es pedir que se registre como espacio cultural y cumpla con los requisitos de seguridad eximiéndolos de tramitar papeles burocráticos para funcionar", mencionó.

Para los centros culturales y clubes de cultura, la ley impulsa, según Gorenman, "flexibilizar los requisitos de cuestiones formales con temas de edificación, plazos, costos, trámites que hacen a este tipo de habilitaciones, para que sea más simple y fácil y esté al alcance de la mano de los gestores culturales que quieren abrir espacios".

El abogado destacó que "las leyes actuales no reconocen la figura de Centro Cultural, sino que están hechas para emprendimientos comerciales, y quienes inician los espacios tienen que invertir mucho para la puesta a punto, y lo que nos dice la realidad es que estos lugares se inician de manera más informal y dinámica, con el apoyo de las redes sociales".

"La cantidad de contenidos culturales, de ese modo, se multiplica y termina pasando que hay muchísimos espacios que surgen de manera ágil, dinámica y que no están pensados desde una óptica comercial sino de promoción y difusión de contenidos", redondeó.

El Movimiento MECA no sólo presentó a la Legislatura el proyecto de ley, sino que además busca el apoyo de la población mediante la junta de firmas, de al menos el 1,5% del padrón de la Ciudad de Buenos Aires (unos 38.000 adhesiones), para que de esa forma el parlamento porteño esté obligado a tratar la iniciativa.

"Queremos que esta ley sea representativa y nos cargamos al hombro la promoción de la campaña que invita a todos los espacios culturales y sus protagonistas a sumarse a que agarren planillas y salgan a buscar firmas", dijo Gorenman.

Además, "en la Ciudad de Buenos Aires nunca se aprobó una ley por iniciativa popular y para nosotros sería representativo que ésta, es decir, la ley que regule los espacios culturales, sea la primera", reinvidicó.

La iniciativa, así como el proyecto de ley completo, pueden consultarse en el sitio web http://leymeca.com.ar. 


Fuente TELAM

lunes, 14 de octubre de 2013

Perú: premios participación ciudadana



JNE premia participación ciudadana para fortalecer la democracia
 

Lima, set. 26 (ANDINA). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó hoy el concurso nacional "Semilla Ciudadana", que premiará el liderazgo y la participación organizada de jóvenes y mujeres para la formación de valores ciudadanos y fortalecimiento de la democracia


El titular del organismo electoral, Francisco Távara explicó que a través de esta convocatoria se busca reconocer y difundir las experiencias que aporten además a la participación efectiva en el desarrollo de la comunidad y a la vigilancia y control ciudadano.

Según las bases del concurso, se premiará a las 10 mejores prácticas - cinco por categoría (jóvenes y mujeres) - que expresen el compromiso de los sectores juveniles y femeninos en favor del desarrollo local, regional y del país.

"Las experiencias podrán girar en torno a la educación en temas de ciudadanía y democracia; promoción de valores cívicos y ciudadanos; vigilancia y control ciudadano; promoción de liderazgo social y político; así como la incidencia en espacios de toma de decisión.

Las postulación podrán presentarse hasta el 25 de octubre mediante el portal del JNE o en forma presencia en la sede central del organismo electoral, ubicada en el Centro de Lima.

Asimismo, se anunció que el concurso será promocionado en los siguientes días en las Unidades Regionales de Enlace (URE) del JNE, ubicadas en nueve departamentos y regiones del país. 

La presentación del concurso se efectuó este jueves y contó con la presencia del presidente del Instituto de Defensa Legal (IDL), Glatzer Tuesta; la exdirectora de Manuela Ramos, Ana María Yáñez; y el presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, Raúl Diez Canseco.


http://www.andina.com.pe/

lunes, 7 de octubre de 2013

España: parlamento y participación ciudadana



Cualquier espectador instruido e informado de la vida política española podría concluir, con Parlamento y participación ciudadana: viejas herramientas, nuevas propuestas

Una de las consecuencias de la actual crisis política es la percepción, por parte de la ciudadanía, de la incapacidad de representación de la institución parlamentaria. Las demandas para una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos son algo habitual. Esteban Greciet repasa en este texto algunos de los instrumentos que reconoce la Constitución y cuya capacidad de absorber las demandas de los ciudadanos no han sido, según el autor, suficientemente exploradas.

Esteban Greciet


Cualquier espectador instruido e informado de la vida política española podría concluir, con cierta facilidad y sin temor a equivocarse, que la escisión entre democracia representativa y directa o, peor aún, entre parlamentarismo y democracia, se ha convertido en ese orteguiano “tema de nuestro tiempo” de cuya sombra parece que no podemos desprendernos. No se trata sólo de la lejanía que buena parte de la sociedad siente respecto de los miembros de las Cámaras, ni del desprestigio por el que atraviesan los partidos políticos a ojos de la percepción general. Se trataría de la potencial incapacidad de la institución parlamentaria para acoger no ya mecanismos de democracia directa –que, por definición, prescinden del papel mediador del Parlamento: i.e. el referéndum–, sino de “participación de los ciudadanos en los asuntos públicos”, por utilizar la expresión del art. 23.1 de la Constitución de 1978.

En realidad, como señalábamos en otra entrada sobre el futuro del Parlamento, anteriormente publicada en este blog, y en un artículo más reciente, nos encontramos ante un falso dilema, político y jurídico. Cuando ese precepto desdobla tal participación en “directa o por medio de representantes” no está abriendo una brecha ni erigiendo obstáculos imposibles de sortear, ni mucho menos estableciendo modos de participación incompatibles o reñidos entre sí: no lo entendió así el constituyente ni tampoco ha sido ésa la interpretación del Tribunal Constitucional, que en su jurisprudencia deja clara la ligazón entre los derechos de los representantes y los de los representados, trasunto aquéllos de éstos. Y sin embargo, el abismo entre una y otra esfera, la ciudadana y la “política”, como si fueran mundos diferentes y separados, ha ido generándose en España de una manera tal que ahora nos corresponde la tarea de cicatrizar una herida que jamás debió ser infligida.

Nuestras modestas propuestas para ello se basan en instrumentos reconocidos por la propia Constitución, cuya capacidad de absorber y plasmar las demandas, los intereses y las preocupaciones ciudadanas está lejos de ser agotada, siquiera explorada al mínimo. Hemos intentado reflejarlo en una reciente ponencia que sintetizaremos aquí, a la vez que lanzaremos alguna nueva observación sobre estos puntos para así ahondar en la óptica con la que abordamos la inserción de una serie de “buenas prácticas” en la vida cotidiana de los Parlamentos:
·         Las Comisiones de Peticiones: las peticiones ante las Cámaras, concebidas como una herramienta mixta entre la participación y el control a la que el texto de 1978 dedica un precepto específico (el art. 77), deben ser objeto de una reformulación que actualice su sentido histórico de derecho usualmente ejercido en tiempos de tránsito y crisis. Dotadas de un régimen jurídico “de mínimos” en el Congreso de los Diputados, más generoso en el Senado y en buena parte de las Asambleas autonómicas, las Comisiones receptoras de esas peticiones pueden configurarse como el escenario de un “parlamentarismo de proximidad” que acerque al “individuo y a los grupos en que se integra”, por parafrasear el artículo 9.2 de la Constitución, a los foros de debate y decisión política, con o sin conexión con el Defensor del Pueblo u Ombudsman respectivo. La generalización de la “audiencia especial” a los peticionarios y, sobre todo, una efectiva rendición de cuentas acerca del contenido de las peticiones, mediante la exigencia de explicaciones al Gobierno, serán las dos piedras de toque –nada extrañas: ésta figura ya en la Constitución y aquélla en la Ley Orgánica reguladora del derecho– para formalizar aquí el triple vínculo ciudadanos-representantes políticos-poderes públicos y hacerlo todo lo transparente que sea posible.
·         Mucho se ha escrito sobre la iniciativa legislativa popular y su fracaso como elemento fundamental de la participación política constitucionalmente reconocida, esta vez en el art. 87.3. Su ejercicio debe ser despojado de todos los obstáculos que no sean estrictamente indispensables para el global funcionamiento del sistema político, de los que el primero es la cifra de 500.000 electores firmantes, excesiva hoy día a la luz de los requisitos de la iniciativa ciudadana europea. Por lo demás, la facultad de las Cámaras de tomar en consideración estas proposiciones de ley, haciéndolas suyas para abrir el libre ejercicio del derecho de enmienda de los Diputados y los Grupos Parlamentarios, debe ser contrapesada con una regulación que facilite la solicitud de retirada de la iniciativa por sus promotores, si consideran que el texto originario ha quedado desfigurado en su letra y/o espíritu. Asimismo, pueden fomentarse las “iniciativas conjuntas”, de origen doblemente popular y municipal, para reforzar la democracia local; la asunción de la popular ante las Cortes Generales por un Parlamento autonómico por la vía del art. 87.2 de la Constitución, haciendo lo propio a nivel regional; o la transformación de las iniciativas populares inadmitidas en peticiones colectivas cualificadas o de impulso político.

Con todo, nada de ello debe hacernos olvidar que la principal reflexión sobre esta iniciativa ha de recaer sobre las cuestiones que la Constitución decidió excluir de su objeto, y de las que quizá sólo sigue teniendo sentido mantener las de carácter internacional. Es una fuerte limitación que se extiende, además, a las materias propias de ley orgánica ex art. 81.1 –lo que incluye, por citar un ejemplo relevante, las leyes educativas–; las tributarias y lo relativo a la prerrogativa de gracia. Si este último supuesto, aparte de referirse singularmente a la Ley reguladora del Indulto, debe seguir la misma suerte que ésta en un sentido revisor de tal prerrogativa, la complejidad de las normas tributarias no parece argumento suficiente para la exclusión, cuando las mismas se hallan en las raíces del nacimiento y desarrollo de la democracia parlamentaria moderna. Como corolario de lo anterior, el art. 166 también excluye la reforma constitucional de la iniciativa popular, que, de igual modo, resulta hoy inviable para las reformas de los Estatutos de Autonomía –salvo el catalán– y en todo un variado elenco de materias en las leyes autonómicas en la materia; todo ello abundaría en la idea de replantear seriamente la “política constitucional” sobre este instituto.
·         La generalización de las comparecencias en el procedimiento legislativo –así como la audiencia a los promotores de la iniciativa popular–, con el propósito de aportar una legitimación adicional a la tramitación de las leyes; o de las preguntas de iniciativa ciudadana, forma de control reconocida en los Reglamentos de algunas Cámaras autonómicas –Andalucía, Murcia y Canarias–, se inscribirían en la misma tendencia de adaptar herramientas ya previstas, conocidas y de normal praxis a una necesaria renovación parlamentaria. Todo ello en un contexto en el que el Parlamento virtual de la web debe transmitir con la mayor agilidad el Parlamento real a los ciudadanos representados en él, dadas las posibilidades de actuación que las nuevas tecnologías brindan en ambos sentidos; los diversos modelos, también mencionados en la ponencia enlazada, lo han trasladado al plano normativo: así, el caso del Reglamento de la Asamblea de Extremadura y su reforma de este mes de julio o la ya inveterada trayectoria del Parlamento Vasco al establecer contacto con los ciudadanos, tal como dispone su Reglamento o nos muestran proyectos conocidos –y dignos de imitación– como Zabalik y ADI!


Fuente: www.eldiario.es

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Avilés - España


Participación ciudadana influyente, no influida

Argumentos para modificar el actual reglamento que regula las relaciones con los vecinos

La participación ciudadana tiene que interpretarse como el modo en que las personas de una comunidad toman parte en los asuntos públicos, al estar directa o indirectamente implicados y afectados. Tal y como se desprende de las reflexiones de Luis Aranguren Gonzalo, «nuestra participación no ha de ser sólo para construir un barrio mejor, sino que el hecho de participar alienta una puesta en común de experiencias, habilidades, actitudes preactivas, generación de cultura de equipo, comunicación... que en sí mismas ya gozan de un estatuto axiológico de envergadura: la participación es lugar de encuentro de vida buena y sociedad justa, las dos máximas aspiraciones éticas del ser humano».

En los tiempos actuales todos hemos de ver que la participación sí es una cuestión política, y más aún si cabe, habida cuenta de las «tiranteces» entre políticos y movimientos sociales. Por ello, es responsabilidad de los representantes políticos el cumplimiento del ideal de participación, planteándose como un proceso de toma de conciencia en el que diferentes actores sociales hacen frente a la realidad, determinando las pautas de reivindicación y de mejora y encargándose de llevar cuantos proyectos concreten el proceso en marcha.

Queda comprobado que el Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado en Pleno municipal en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2006, y modificado también en Pleno el 19 de julio de 2007. Es evidente que el lugar adecuado para modificarlo es el Pleno municipal del Ayuntamiento de Avilés, tal y como propone Foro Avilés. La democracia tiene un aspecto que aunque suele ser olvidado debe tenerse siempre presente: implica a todos y en todo momento. Y en el momento actual, Foro propone modificar en dos puntos concretos el referido Reglamento. Y lo hace ahora que está en las instituciones, de la misma forma que otros partidos lo hicieron en los años 2006 y 2007. Recordemos que este partido también representa a 9.000 avilesinos, que también son ciudadanos de pleno derecho.

Podemos ser aún más críticos con este asunto, ya que actualmente se trabaja exclusivamente con asociaciones y, en esencia, la participación no es sólo con éstas. Hoy día asistimos a un incremento notable en las relaciones entre los ayuntamientos y las asociaciones. Es más, en muchos casos se han llegado a establecer mecanismos de funcionamiento bilaterales mediante los cuales el gobierno local se reúne regularmente con los representantes de las correspondientes asociaciones para consensuar las actuaciones del programa municipal. Pensemos en una serie de reivindicaciones que una determinada asociación transmita al equipo de gobierno y que éste no las estime. ¿Cuál sería el siguiente paso a dar por dicha asociación? Obviamente, la visita a los concejales de la oposición. Por tanto, en aras de un ahorro de tiempo y un aumento de posibilidades, ¿no es más conveniente la interacción directa con todos los representantes políticos?

No debemos olvidar el riesgo (tristemente comprobado en esta ciudad), del estudio interesado por parte de las formaciones políticas del censo asociativo de la ciudad. Realmente es utópico que las asociaciones vecinales representen un volumen importante de la población, ya que no todos los habitantes de un determinado barrio se inscriben como miembros de la asociación de ese barrio. Es más, nada impide que un grupo de vecinos sean críticos y decidan formar su propia asociación. Es su derecho.

El riesgo está ahí, y más en la actualidad, donde se observa el crecimiento de la democracia corporativa, que podría fomentar el vasallaje asociacionista, que vulnera totalmente los derechos de los vecinos de un determinado barrio.

Foro sólo plantea dos modificaciones en la búsqueda de la igualdad y la equidad. No pretende minusvalorar el trabajo de las asociaciones en cuanto a sus aportaciones al Reglamento; quieren ausencia de políticos y Foro lo apoya, pero interviniendo ante la disposición del PSOE de ser los únicos interlocutores válidos. Es decir, o están presentes todos los grupos o ninguno.

La segunda propuesta de Foro es la eliminación del número tasado de asociaciones que pueden formar parte de los consejos de zona. Si lo que se pretende es conseguir la participación ciudadana plena, ¿por qué se limita a 20 el número de asociaciones con derecho a participar? ¿Es defendible el veto futuro a asociaciones aún no constituidas?

Sólo me gustaría recordar algo que siempre deberíamos tener presente: no hay políticos de primera o de segunda: no hay asociaciones de primera o de segunda; y lo más importante es que no podemos permitir que existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Fuente: La Nueva España http://www.lne.es

domingo, 22 de septiembre de 2013

Comienza la II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género


II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, en Aguas Calientes-México

Unión Iberoamericana de Municipalistas - 23 al 27 de septiembre de 2013


Objetivos:

La Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales de Género está concebida como un foro a partir del cual promover la construcción de nuevos modelos de ciudad, desde una visión de justicia y equidad de género como premisa para el desarrollo local.
 
El objeto es continuar consolidando un espacio para el diálogo, reflexión, debate e intercambio de conocimientos y de experiencias entre autoridades locales, técnicos/as, funcionarios/as municipales, comunicadores/as, investigadores/as y responsables de los mecanismos de género, asimismo de organismos multilaterales y de agencias de cooperación de Iberoamérica, a fin de fomentar la incorporación del enfoque de género en las agendas públicas locales, con inclusión y cohesión social y compromiso político con la equidad de género.

El fin último de la II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, recogiendo los consensos de la I Cumbre (Córdoba, Argentina, 2011), busca propiciar equidad e inclusión en la acción política y los modelos de gestión, potencialmente transferibles, fortaleciendo la capacidad de diálogo, negociación y concertación entre los gobiernos locales, la sociedad civil y otros actores relevantes para la formulación de agendas públicas locales sensibles a la equidad de género.
 
En esta II Cumbre contaremos con la presencia de prestigiosas académicas, investigadoras y representantes feministas y políticas de Europa y América Latina, de reconocida trayectoria en el estudio y la lucha por la igualdad de género.
 
La Cumbre abre asimismo diversos espacios para propiciar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en temas vinculados a la equidad de género en el ámbito local. Asimismo, y fruto de los amplios debates y reflexiones, se  suscribirá la Declaración de Aguascalientes “Repensando las ciudades desde los derechos de las mujeres” que permitirá consensuar anhelos del municipalismo desde el enfoque de género.


Más información:

lunes, 9 de septiembre de 2013

Málaga



Transparencia, eficacia y participación ciudadana centran el nuevo rumbo del área de Gobierno Abierto




El vicepresidente Francisco Oblaré afirma que, a través del proyecto Ágora, se ha llevado Internet a todos los rincones de la provincia
El nuevo rumbo del área de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías de la Diputación de Málaga se centra en potenciar la transparencia y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la eficacia en la gestión a través del Plan de Administración Electrónica y en la participación ciudadana.

El vicepresidente y responsable de la delegación, Francisco Oblaré, ha realizado un balance de los primeros años de mandato del área, si bien ha recordado que la vicepresidencia que incluye Gobierno Abierto se creó en junio de 2012 precisamente para dotar de una mayor importancia a estas cuestiones.

La Diputación de Málaga puso en marcha un plan de actuaciones para adaptarse a la Ley de Transparencia, que se encuentra en fase de aprobación. Además, encargó una auditoría en materia de Responsabilidad Social Corporativa para detectar las posibles deficiencias de la institución y, a continuación, asumió un decálogo de compromisos que tienen que ver con la formación de trabajadores, las contrataciones públicas y la información a los ciudadanos, entre otros. Por otra parte, se está trabajando para poner en marcha en las próximas semanas un portal de Datos Abiertos (openData).

En cuanto a la eficacia en la gestión, se está desarrollando el proyecto de la Administración Electrónica, que ya ha puesto en funcionamiento la Sede Electrónica de la Diputación y se está trabajando en el Portal de Administración Provincial, que instalará la Sede Electrónica en más de 25 ayuntamientos de la provincia.

Se está ejecutando el proyecto enVIA, para la remisión de documentos administrativos de modo electrónico, lo que se conoce como oficina sin papel, y se encuentra en fase de licitación la gestión de expedientes telemáticos, con firma y soporte electrónico. Esta última iniciativa forma parte del proyecto Ágora, por el que también se ha llevado Internet a todos los rincones de la provincia en “una de las actuaciones más importantes de esta Diputación”, ha señalado Oblaré.

“Estamos dando un giro sin vuelta atrás al modo de funcionar de esta institución, que está avanzando para ser más moderna, transparente y accesible para todos los ciudadanos y para todos los ayuntamientos de la provincia”, ha manifestado el vicepresidente.

En cuanto al fomento de la participación ciudadana, desde el área se está diseñando el procedimiento de comunicación y gestión de las demandas de información de la ciudadanía. Se contemplan tres fases: el establecimiento de las pautas a seguir, la habilitación de una zona web donde pedir información y gestionar las solicitudes y la formación e información de los profesionales implicados en el proceso. Además, esta delegación ofrece soporte informático a la Ventanilla Única de atención ciudadana y a la Oficina de Intermediación Hipotecaria.
Oblaré ha hecho referencia a la disminución de los gastos en telecomunicaciones, que se han reducido un 60%, pasando de 1.032.000 euros en 2010 a los 410.000 previstos en el nuevo contrato. “Tendremos mejores servicios y pagaremos mucho menos”, ha señalado, al tiempo que ha apuntado que “la austeridad no está reñida con la eficacia, sino que consiste en racionalizar los recursos para obtener mejores resultados con menos dinero.”

Además, del proyecto Ágora, que cuenta con una inversión total de 4,6 millones de euros, el área participa en proyectos con financiación externa como Openwind (1,7 millones de euros), iniciativa dirigida al desarrollo de la Ventanilla Única de Servicios para ciudadanos y empresas de la provincia; y el proyecto Red.es (1,3 millones), dirigido a disponer de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de la Administración Electrónica en todas las entidades locales provinciales, dotando de equipamiento tanto a la sede centralizada (proyecto Nube Provincial) como a los ayuntamientos

Fuente: http://www.tribunasur.es

lunes, 2 de septiembre de 2013

Amazonía - Ecuador



Ecuador anuncia participación ciudadana en proyecto petrolero en la Amazonía



La ministra ecuatoriana de Ambiente, Lorena Tapia, anunció este viernes la creación de una plataforma para que los ciudadanos participen y se informen sobre la posible explotación de petróleo en una zona de alta biodiversidad en la Amazonía, proyecto al que se oponen ecologistas, indígenas y otros colectivos.

"Vamos a crear en el Ministerio de Ambiente una plataforma especial en el tema de (el bloque petrolero Ishpingo Tambococha Tiputini) ITT, en la que vamos a subir información diaria de las diferentes visitas (...), estudios que se levanten, toda la información disponible", señaló la funcionaria.
Ello, con el fin de que el proceso "sea participativo" por las diferentes "comunidades aledañas, inclusive (por) cualquier ciudadano ecuatoriano (al) que pueda interesarle el proyecto", dijo Tapia a la radio Majestad de Quito, en la que destacó la importancia de la veeduría ciudadana.
La ministra insistió en que se aplicará un control ambiental de alto nivel, en caso de que finalmente el órgano Legislativo ecuatoriano apruebe una iniciativa del Gobierno para explotar el bloque ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, una zona de alta biodiversidad en la selva amazónica

Grupos de ecologistas y de izquierda de Ecuador entregaron el jueves en la Corte Constitucional una propuesta de consulta popular con la que pretenden frenar la decisión del gobierno del presidente Rafael Correa de explotar petróleo en ITT, después de que no lograse la corresponsabilidad internacional para dejar el crudo bajo tierra.
El jurista Julio César Trujillo, ligado al movimiento indígena Pachakutik, dijo que la pregunta ha sido elaborada por varios colectivos sociales opuestos a la explotación del crudo en los campos ITT.
"Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo?", es el texto de la pregunta que Trujillo presentó ante la Corte Constitucional.

Hace una semana, el presidente Correa dio por terminada la iniciativa Yasuní-ITT, que él mismo había presentado en la ONU hace seis años y que buscaba mantener el petróleo del ITT bajo tierra, a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional.

Ante la falta de apoyo extranjero, pues sólo se había recogido el 0,37 por ciento de los 3.600 millones de dólares que Ecuador solicitaba en doce años (la mitad de los recursos que en 2006 calculaba obtener por explotar el ITT), Correa puso fin a la iniciativa, no sin antes culpar al mundo de "haber fallado" a esa propuesta encaminada a combatir el cambio climático.
Su decisión de explotar los yacimientos petrolíferos disgustó a grupos ambientalistas y de indígenas que exigen una consulta popular sobre el asunto, en momentos en que el Ejecutivo se apresta a enviar informes a la Asamblea Nacional (Legislativo) en busca de su autorización para la explotación de ITT


Fuente: El Universo
http://www.americaeconomia.com