lunes, 23 de enero de 2017

Jujuy: Voluntariado Social




Presentaron Programa Provincial de Voluntariado Social


La Dirección de Relaciones de la Sociedad Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, dio a conocer detalles del programa provincial de Voluntariado Social, destinado a las comunas del interior.

Ingrid Carretero, titular de dicho organismo, dijo que el programa cuenta con dos sub-programa, el primero de ellos es el de voluntariado social, enmarcado en Ley Nacional Nº 25855 del año 2004 y la Ley de Adhesión de la Provincia de Jujuy Nº 5.988. En dicha norma figuran todos los detalles que tienen que conocer los intendentes y comisionados municipales para hacer la implementación de dicho programa en sus municipios.

"Debe entenderse como voluntariado a aquella persona que se incorpora a través de su trabajo y a la donación de su tiempo a distintas organizaciones simplemente con el ánimo de colaborar, que no percibe ningún tipo de ingresos y ser el pilar fundamental de la sociedad civil, es decir dedica una parte de su tiempo con una acción solidaria y altruista, sin recibir remuneración por ello”, explicó la funcionaria.

El segundo se refiere de poder acceder a una tarifa diferenciada por parte de las organizaciones de la sociedad civil para la confección de balances, sobre todo aquellas organizaciones que tienen atrasos en sus situaciones contables y para ello se formalizó un convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que las organizaciones sociales sin fines de lucro puedan acceder a una tarifa de muy bajo costo y poder estar exentas en otras tasas e impuestos.

De esta manera, las organizaciones podrán acceder a la normalización de sus estados contables y a su vez, tener un profesional (contador) que los oriente y los guíe, por ejemplo, en la confección de programas, formulación y diseño de distintos tipos de actividades a donde tienen que tener un respaldo económico.

En cuanto al primer punto de voluntarios sociales, Carretero sostuvo que los interesados pueden acceder en cualquier momento y sin límites de edad, "en el caso de menores con la autorización de sus padres o progenitores”.

La funcionaria remarcó que fue importante la respuesta de representantes de intendencias y comisiones municipales a la convocatoria, reunión concretada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con la presencia del Secretario de Asuntos Relaciones Municipales, Sebastián Echavarri, no solo por el número de asistentes sino también por el interés puesto de manifiesto sobre el tema y los pedidos "para que nos constituyamos en las distintas localidades para trabajar a través de la Escuela de Ciudadanía que tenemos en la Dirección”.

miércoles, 18 de enero de 2017

Opinion: Referéndums - Joan Subirats



Los controvertidos referéndums

El primer referéndum del que se tiene noticia fue aquel en que Pilatos preguntó a a la gente reunida a quién quería salvar de la muerte, si a Barrabás o a Jesucristo, con el resultado conocido. Falto deliberación, sobró exaltación


Diario El País. 8/10/2016. Por Joan Subirats

La institución del referéndum ha sido objeto de innumerables críticas, elogios y controversias. Se ha utilizado y se utiliza en regímenes democráticos pero también en sistemas políticos autoritarios y dictatoriales. En España lo sabemos bien. Hay países con larga tradición en el tema como la siempre mencionada Suiza, y otros que han empezado a usarlo muy recientemente. Lo que les ha puesto nuevamente de actualidad ha sido su cada vez más frecuente utilización y la sorpresa que se han llevado en muchos casos los que los han organizado pensando que con ello ratificarían y reforzarían la legitimidad de sus decisiones. En efecto, los recientes casos de Gran Bretaña, Hungría y Colombia, con resultados adversos a los auspiciados por sus promotores han hecho sonar de nuevo todas las alarmas.
Sabemos que desde 1945 se han celebrado en Europa unos 900 referéndums (la mitad en Suiza). Expertos en el tema, Braulio Gómez de la Universidad de Deusto y Joan Font del CSIC, afirman que un poco más de la mitad (53'5%) los ganaron los gobiernos que los convocaron. Se ganan más los que son obligatorios por ley que los convocados por iniciativa popular o de manera extemporánea por el gobierno. ¿Por qué se siguen convocando a pesar de lo incierto de su desenlace? Parece claro que son bien vistos por la población ya que aparentemente no hay nada más democrático que pedir directamente a la población que se pronuncie sobre un dilema concreto. A menudo, se busca reforzar la legitimidad de decisiones que de tomarse directamente por los órganos previstos, gozaría de respaldo legal, pero quedarían dudas sobre el apoyo que el tema suscita entre el conjunto de la población afectada. Y ello es más frecuente en tiempos como los actuales en los cuales la desafección democrática ha aumentado al mismo tiempo que la desconfianza frente a unas instituciones consideradas poco representativas.

Las virtudes de los referéndums quedan limitadas por sus defectos. Simplifican la complejidad de los temas sobre los que se quiere dirimir; se mezcla el tema en cuestión con otras variables en juego (popularidad del gobierno, situación económica,…); reducen la pluralidad al obligar a la polarización; la posibilidad de manipular la pregunta mixtifica el resultado (recordemos la pregunta en el referéndum sobre la OTAN); no siempre la deliberación necesaria para tomar la decisión se ve favorecida por la existencia de información fiable que muestre las consecuencias reales de una u otra alternativa (recordemos la manipulación de Farage en el Brexit) o se ve dificultada por el formato binario con el que se fuerza la votación. Sin mencionar el hecho que al día siguiente de la consulta, los problemas que justificaron su celebración no queden ni mucho menos resueltos. Dice Zagrebelsky, magistrado de la Corte Constitucional italiana, en su libro El crucifijo y la democracia, que el primer referéndum del que se tiene noticia fue aquel en que Pilatos preguntó a la gente reunida a quién quería salvar de la muerte, si a Barrabás o a Jesucristo, con el resultado conocido. Faltó deliberación, sobró exaltación, concluye el magistrado.

Volvemos en Cataluña a la pantalla del referéndum. La situación de bloqueo político en España y la nula voluntad del PP o del sector hoy hegemónico del PSOE para buscar respuestas a la evidencia de un 80% de la población catalana descontenta con el status quo del autonomismo y que precisa respuestas a necesidades perentorias como la vivienda o el sustento diario, vuelven a situar la consulta como un instrumento que dilucide voluntades y obligue a cambios. No sirvió el 9N ni tampoco la reconversión en plebiscitarias de las elecciones del 27S. La necesidad de mantener la tensión y evitar fisuras en el bloque independentista obliga a fijar un nuevo Día D y a renovar la ya manoseada hoja de ruta, sin considerar otras alternativas. Tenemos un año para conseguir que el referéndum sea algo más que una nueva prueba de que existe un problema. Y no parece fácil con el escenario que tenemos. Temas clave son censo, seguimiento y aceptación internacional, preguntas, existencia o no de porcentajes mínimos de participación, etc. Al final, lo determinante será que la convocatoria concite la necesidad de participar de todas las personas con derecho al voto, y no solo de los que son partidarios de la independencia. El referéndum puede ser útil si se trabajan a fondo los aspectos que permitan reforzar las notables potencialidades y reducir los evidentes defectos de un controvertido instrumento democrático.

Joan Subirats
es catedrático de Ciencia Política de la UB

Fuente: www.elpais.com

viernes, 13 de enero de 2017

Curso virtual para Argentina "Participación ciudadana. Democracia representativa y sociedad civil"





Se encuentra abierta la inscripción para el curso de verano "Participación ciudadana. Democracia representativa y sociedad civil", a cargo de de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad, que se dictará bajo modalidad virtual en todo el país.

Esta actividad está dirigida a todos los ciudadanos y en particular a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a funcionarios que se desempeñan en la administración pública interesados en temas vinculados con la promoción de la participación ciudadana.
El curso, que comienza el 16 de enero, es gratuito, no requiere formación previa y dura cinco semanas.

Los interesados se pueden anotar hasta el 15 de enero enviando un correo electrónico a comunicaciondinarc@mininterior.gob.ar o llamando al (011) 4346-1655


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lunes, 12 de diciembre de 2016

Opinión: En defensa de la participación ciudadana - Gargarella





En defensa de la participación ciudadana

Al impedir las consultas públicas en temas clave, la Constitución limita a la democracia y socava el poder de la reflexión colectiva

Por Roberto Garagarella (*)


9/11/2016. La opinión pública internacional se ha visto conmovida, recientemente, por apelaciones a la voluntad popular en consultas públicas que han producido resultados inesperados (pensemos en los casos de los recientes plebiscitos en Gran Bretaña o en Colombia). En nuestro país, en cambio, el artículo 39 de a Constitución prohíbe expresamente este tipo de consultas, impide que sean "objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal".
Contra dicho criterio, creo que los asuntos de interés público deben quedar sujetos a procesos de reflexión colectiva.

El básico principio democrático de "una persona, un voto" sugiere la idea de que todos estamos en igualdad de condiciones para tratar sobre los asuntos básicos de nuestra vida en común. Si alguno quisiera sostener, como alguna vez se sostuvo, que ciertos grupos (las mujeres, los afroamericanos, los analfabetos) no deben votar, debe argumentar frente a una enorme presunción en su contra; y lo mismo quienes sostengan, como todavía se sostiene, que ciertos temas no deben ser objeto de la reflexión y decisión colectivas. Esta última es la postura actual de nuestra Constitución pero: ¿cómo y por qué defender algo así?

Durante la Convención Constituyente de 1994, los argumentos que se dieron a favor de dichas restricciones temáticas fueron muy débiles. Raúl Alfonsín defendió la postura mayoritaria al sostener, en esencia, lo siguiente: "Aquí se ha criticado esta posición, que es fruto de nuestra prudencia. No queremos consultas vinculadas con lo penal, porque en un arrebato de la opinión pública podemos llegar a establecer, por ejemplo, la pena de muerte por un delito. Tratada esta cuestión de manera particular por los medios de difusión, podría llevar de pronto, en una explosión de la sociedad, a tolerar o permitir una deformación de esta magnitud".
Contra lo alegado por Alfonsín, cabría decir, en primer lugar, que esta extendida postura muestra una desconfianza tal sobre las capacidades de la ciudadanía que llevan a que uno se pregunte para qué tener entonces un sistema democrático, si es que se asume que la ciudadanía es tan fácilmente manipulable por la prensa. Y en todo caso, si fuera cierto que los medios son tan exitosamente manipuladores de la opinión pública, el control debería estar sobre los medios, no sobre el pueblo.

Alguien podría decir: "Impedimos que se vote sobre ciertos asuntos, porque queremos minimizar los riesgos de violaciones de derechos". Éste sería, finalmente, el sentido de adoptar una democracia representativa. Sin embargo, el argumento es difícil de entender, porque conocemos legislaturas que han aprobado la discriminación racial o la pena de muerte (por citar sólo una, la legislatura de Texas), o cortes supremas que han sostenido la constitucionalidad de la esclavitud, de la pena de muerte, o de la criminalización de la homosexualidad (por caso, la Corte Suprema norteamericana), pero las prohibiciones se quieren establecer sobre la ciudadanía, y no sobre la legislatura o la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Por qué si es que -en todo caso- son tales instituciones las que han fallado y las que más permeables se muestran frente a las presiones de grupos de interés?

Grandes tratadistas sostienen -sin razón alguna- que "sobre las cuestiones de derechos no se discute" o que "los temas de derechos fundamentales deben ser ajenos a la discusión democrática". Pero se trata de puros dogmas a los que nos tienen acostumbrados. De hecho, todos los días discutimos sobre el contenido, la forma y el alcance de los derechos fundamentales, y resultaría ofensivo que no pudiéramos hacerlo. Por caso: discutimos recientemente, en todo el país, en torno a los alcances de la libertad de expresión y la "ley de medios"; o sobre la "ley de matrimonio igualitario". Discutimos también sobre las reglas básicas de la democracia (voto electrónico, sistemas electorales, etcétera). ¿Cuál es el problema de hacerlo?

Las únicas restricciones que vería justificadas son las que derivan de mi afirmación inicial. En primer lugar, al decir que todos los "asuntos públicos" deberían quedar sujetos a "procesos de reflexión colectiva", quise negar la posibilidad de que ciertos asuntos -los "asuntos privados", es decir, los relacionados con nuestra vida privada (nuestra fe, nuestras creencias, nuestra sexualidad, nuestras ideas políticas, etcétera)- queden sujetos a una decisión democrática. El tema nos abre a otra discusión inmensa, aunque ya muy transitada. De todos modos, y dado que los temas que el artículo 39 excluye de nuestro control colectivo son asuntos de moral pública, y no privada, voy a dejar dicha discusión para otra oportunidad.

En segundo lugar, al decir que los asuntos públicos deben quedar sujetos a "procesos de reflexión colectiva", estoy calificando de modo importante la cuestión en juego, ya que no parto de una idea cualquiera de democracia. Entiendo a la democracia como una discusión inclusiva, cuyos procedimientos deben ayudarnos a obtener información de la que carecemos, a escuchar y a responder a argumentos que no son los nuestros.

Desde tal punto de vista, herramientas como el plebiscito o la iniciativa popular son instrumentos prometedores, pero también muy riesgosos porque son fáciles de manipular por quienes los organizan. Cuando advertimos esto, el problema se pone más interesante. Y es que, contra lo que se nos dice, el foco del problema pasa a quedar más del lado de los representantes que de los ciudadanos. Por eso, Augusto Pinochet convocó a un plebiscito en Chile -¡que perdió!- a pesar de haber asegurado previamente fuertes limitaciones sobre la actividad de los sindicatos, los partidos políticos y la prensa opositora. Adviértase entonces la paradoja: la cuestión no es impedir que la ciudadanía participe o fijar límites sustantivos sobre los temas que ella puede tratar. Lo que importa, más bien, es fijar buenos procedimientos que impidan que el poder de turno degrade o tuerza las reglas a su favor en esas consultas abiertas.

De todo lo anterior, derivaría sobre todo dos enseñanzas. La primera es que son los dirigentes más que "el pueblo" los que necesitan de límites y de controles estrictos. Esto no significa decir que el pueblo "nunca se equivoca". Por supuesto que no: todos nos podemos equivocar, Juan, María, el presidente, el pueblo, cualquiera. El problema es asumir -como asume la Constitución- que el pueblo (y no sus representantes), es el que tiende a equivocarse. La segunda enseñanza es que hay mejores y peores mecanismos para que la ciudadanía intervenga políticamente. Los plebiscitos son herramientas interesantes, en la medida en que estén organizados a través de reglas que aseguren la discusión previa (algo de eso se intentó hacer antes del plebiscito por el acuerdo de paz entre Argentina y Chile), aunque en general pecan por simplificar hasta lo absurdo discusiones normalmente muy complejas (algo de esto, podría decirse, pasó con los mal montados plebiscitos de Gran Bretaña y Colombia). Por ello, la pregunta relevante es cómo limitar el poder que le dejamos a la dirigencia política, empresarial o sindical, en torno a los asuntos que más nos importan.

 
(*) Sociólogo y abogado; su último libro es "Castigar al prójimo"

Fuente: http://www.lanacion.com.ar