lunes, 6 de febrero de 2017

Debate: participación ciudadana y mecanismos



“La participación ciudadana no es una varita mágica”

La 'burbuja' de las consultas populares a la que se apuntan cada vez más municipios pueden tener el efecto contrario si no se hacen bien: que nadie vote

15/01/2017. Maria Zuli Datos: Jesús Escudero

La democracia directa está de moda. Cada vez más municipios y gobiernos regionales de uno y otro color se suman a preguntar a los ciudadanos cómo quieren que sea su ciudad, y llevan a cabo mecanismos para que sea la gente la que lleve la voz cantante. La 'burbuja' de la participación es imparable, pero también está siendo cuestionada por cómo se está llevando a cabo. Las prisas, los errores metodológicos o las improvisaciones pueden provocar precisamente lo contrario: la pérdida de confianza por parte del ciudadano, que se utilice como arma política o que genere desigualdades.

 

Demasiada información técnica

Esta misma semana Manuela Carmena anunciaba que la decisión de peatonalizar la Gran Vía se tomará por votación popular, igual que el proceso de remodelación de Plaza de España, donde se está dando a elegir a los madrileños cómo quieren que sea uno de los lugares más concurridos de la capital. La consulta, donde se ha elegido ya entre 70 proyectos arquitectónicos, ha sido una de las primeras iniciativas de democracia directa que el gobierno de Ahora Madrid pone en marcha en la capital, y por tanto, una de los más mediáticas. Las críticas sobre el proceso, que finalizará este mes con el proyecto definitivo, la han acompañado durante todo el procedimiento y son comunes a muchas iniciativas de participación popular.
La primera de ellas ha sido el volumen de información y su lenguaje técnico. “La información no era comprensible para el común de los mortales, sólo para expertos”, explica Paula Cid, socióloga urbanista y autora de un estudio donde analizan la metodología de la consulta. “La redacción debe hacerse pensando en un niño de 7 u 8 años, porque es la única manera que te garantizas que todo el mundo, independientemente de su nivel de formación, va a poder entenderlo y por tanto participar. Ni yo que me encanta el tema pude verlo todo”, añade.
Además, entre los proyectos figuraban opciones que podían llevarse a cabo y que fueron posteriormente descartados, un error que reconocen desde el Ayuntamiento. “Tendríamos que haber hecho una limpieza primero. El proyecto que quedó segundo en votación popular no ha pasado a la siguiente fase por que el jurado técnico tenía muchas dudas de que cumpliera las bases”, explica Pablo Soto, delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, quien considera que estas equivocaciones son fruto del carácter innovador de los procesos que irán puliendo en el futuro.
“Tener más de diez proyectos es problemático, pero para limpiar hay que tener cuidado, ser muy objetivo, porque corres el riesgo de que políticos y técnicos quiten lo que no les gusta y la gente acabe eligiendo entre lo que quiere el gobierno”, considera Soto. Sin embargo, para Vicente Díaz, profesor de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas, los ayuntamientos también tienen que “asumir riesgos”: “Van a tener técnicos que les digan unas cosas y ciudadanos otras, hay que tomar decisiones políticas, aunque te asesores, y dar unas pocas alternativas que sean representativos y viables”.

 

Ausencia de debate

Concebir la votación como fin y no como medio, suele ser uno de los errores habituales en las medidas de participación. “Las consultas ciudadanas deben ser inicio o conclusión de un proceso más amplio, no quedarse sólo en la votación”, considera el politólogo Pablo Simón.
Por ese motivo organizaciones como Ecologistas en Acción o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) decidieron bajarse del proceso participativo de Plaza de España que el Ayuntamiento organizó al inicio por considerarlo “apresurado”. “Reconocemos la buena voluntad municipal, pero cuando hablamos de participación ciudadana no puede tratarse sólo de votar desde el sillón; tiene que haber debate, negociación y mucha más información previa para saber qué votar”, defiende Enrique Villalobos, presidente de la FRAMV.
“No hay que dejar las decisiones urbanísticas a cuestiones como una imagen más bonita o más fea, si no elaborar procedimientos donde la respuesta sea conjunta, fruto de una reflexión colectiva”, añade Jon Aguirre Such arquitecto urbanista del estudio Paisaje Transversal.

 

Brechas y propuestas interesadas

Las consultas ciudadanas tienen además una serie de sesgos, provocados por cómo se llevan a cabo las consultas -priorizando el entorno online- y por su propia naturaleza. “Los que están más interesados y tienen más recursos, formación y tiempo participan más, por lo que surge un sesgo a favor de determinadas demandas. Aunque todo el mundo pueda participar, el ayuntamiento o el gobierno tiene que promediar entre todos, los que participan y los que no”, considera Simón. “La participación ciudadana es un mecanismo interesante, pero no es la panacea ni una varita mágica que haga que la gente se empodere y todos participen, porque eso no ocurre, la mayoría prefiere confiar en los políticos y que ellos se encarguen de gestionar” añade el politólogo.

Los procesos de abajo a arriba -cuando es la ciudadanía la que propone- pueden además ser una vía para que un grupo movilizado lleve adelante una propuesta que responda a sus propios intereses y no a los generales. “Cuando hablamos de participación directa la gente se cree que somos individuos aislados que cogemos una decisión y votamos, pero no es verdad: se hacen campañas, se movilizan grupos de interés, organizaciones, igual que pasa en las instituciones con las presiones de los lobby, por ejemplo”, considera Simón.

 

Propuestas disparatadas y duplicadas

El año pasado, el Gobierno británico dio a elegir a los ingleses cómo querían que se llamase uno de los buques de la marina real, pero el sondeo no les salió muy bien. “Barquito cara de barco” (Boaty McBoatface) fue el nombre elegido por 124 mil personas. Hasta Forocoches introdujo una propuesta ('Blas de Lezo', en honor de un marino español que humilló a los británicos), que fue eliminada por la administración.
Aunque el curioso nombre no fue aceptado por el Gobierno, la anécdota refleja también las consecuencias de utilizar la participación ciudadana cuando no toca: “A veces la participación, sobre todo la que implica una decisión colectiva, no es apropiada y es mejor preguntar sólo por opiniones, dar buena información o preguntar a expertos”, explica Mary Francoli, doctora de Periodismo en la universidad de Carleton, en Canadá.
También hay que tener cuidado con lo que se pregunta, sobre todo cuando se empieza. El Ayuntamiento de Sevilla dedicó su primera consulta ciudadana a decidir si adelantaban la Feria de Abril, para mofa de las redes sociales y descrédito de una voluntad política que apenas había comenzado a andar. “Hay que poner a debate temas trascendentales para que la ciudadanía se implique”, considera Gerard Quiñones politólogo y miembro de Neòpolis, una consultora sobre participación ciudadana para administraciones.

 

¿Votar para todo?

Una de las críticas de los detractores de la participación ciudadana es tener que estar votando continuamente. En España, la escasa trayectoria de estas iniciativas no ha llegado a ese punto, pero sí existe debate sobre lo que es deseable. “Entre dos y cuatro, como mucho seis al año”, explica Soto. El número es relevante porque un exceso de llamadas a la votación puede hacer que la gente deje de sentirse interesada, sobre todo cuanto más técnicas y lejanas sean. “Cuanto más local es una propuesta, más implicación hay, tanto por el interés como por la presión social de tu entorno por votar”, explica Simón. En California, con una gran trayectoria en votaciones populares, optan por juntar varias consultas el mismo día para aumentar la afluencia. Por ejemplo, en las últimas elecciones estadounidenses votaron además 17 propuestas.
Ahora Madrid tuvo que bajar el porcentaje de participación del 2% al 1% del censo para considerar que una medida de la plataforma Decide Madrid (donde se proponen y votan iniciativas ciudadanas), pasaba a la siguiente fase, en la que llamarán a las urnas a toda la población en febrero. Sólo dos de 15.000 propuestas lo han conseguido, y una de ellas, un billete único para toda la red de transporte, ni si quiera es competencia del Ayuntamiento. “Uno de los problemas de la plataforma es la cantidad de propuestas que llegan, que generan frustración por quien presenta algo porque piensa que es imposible que llegue a buen término. Esto tiene que ver con las propuestas repetidas. Estamos viendo cómo arreglarlo”, reconoce Soto.

 

Trasladar responsabilidades

La participación ciudadana también puede utilizarse como arma para legitimar decisiones previamente tomadas desde los despachos de los políticos. En el año 2010, el Ayuntamiento de Barcelona preguntó a los barceloneses tres opciones para el futuro de la avenida Diagonal. “Fue un fiasco, la gente pensaba que les estaban engañando. Había una propuesta muy desarrollada, por la que apostaba el Ayuntamiento, otra mucho menos, y la otra era no hacer nada, y la gente votó no hacer nada porque creyeron que les estaban manipulando”, explica Díaz, el profesor de arquitectura. El fracaso de la consulta, plagada además de errores en la plataforma de votación, provocó la dimisión del Primer Teniente de Alcalde, Carles Martí.
“Cuando la participación surge de arriba a abajo, puede haber manipulación: no hay que olvidar que la administración siempre va a querer que salga un resultado y no otro, y que es quien maneja las reglas, decide el presupuesto, las preguntas que se hacen...”, explica Simón, quien aboga por la creación de una institución independiente que ejerza de 'árbitro', al estilo de una junta electoral. Además, la rendición de cuentas recae sobre la ciudadanía y no sobre el político, al que no se le puede hacer dimitir o penalizar en las urnas por una medida que no ha tomado.
También puede ocurrir que muchos la utilicen como 'maquillaje político' al tratarse de medidas donde aparentemente se escucha a la población. “Hubo una época durante el Tripartito en Cataluña en la que muchos ayuntamientos nos llamaban para llevar a cabo procesos, pero como una cuestión de imagen, no para que se complementase a sus políticas”, añade Quiñones.
Es el caso de algunos presupuestos participativos, que de una u otra manera están implementando la mitad de los municipios de más de 100.000 habitantes en las capitales de provincia (unos 43). A pesar de llamar a la decisión colectiva con su etiqueta, los presupuestos de 2017 de al menos 12 municipios no los votan los ciudadanos, sólo los proponen. Es el propio ayuntamiento el que elige qué medidas tendrá en cuenta para un porcentaje reservado para este propósito. Es el caso de Bilbao, Almería, Santander o Albacete.

 

Transparencia y feedback

Es cierto que la falta de cultura popular en estos procesos -que aunque no son nuevos, sí perdieron fuerza desde los 80- obligue a ir aprendiendo sobre la marcha, con el coste político que implica, pero las malas praxis y las prisas pueden tener un resultado contraproducente: que la gente deje de participar porque no se sienta implicada o se vea engañada. “La participación tiende a mejorar democracia, es un complemento, y para eso es importante que no se utilice para quitarse la pelota de encima porque no se sepa gobernar, si no para gobernar mejor”, añade Quiñones.
Además, sería conveniente que las administraciones rindieran cuentas sobre el feedback recibido. “La gente quiere saber que sus opiniones han sido escuchadas, si no, se deslegitima el proceso participativo”, considera Francoli. “La clave es la transparencia”.



lunes, 23 de enero de 2017

Jujuy: Voluntariado Social




Presentaron Programa Provincial de Voluntariado Social


La Dirección de Relaciones de la Sociedad Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, dio a conocer detalles del programa provincial de Voluntariado Social, destinado a las comunas del interior.

Ingrid Carretero, titular de dicho organismo, dijo que el programa cuenta con dos sub-programa, el primero de ellos es el de voluntariado social, enmarcado en Ley Nacional Nº 25855 del año 2004 y la Ley de Adhesión de la Provincia de Jujuy Nº 5.988. En dicha norma figuran todos los detalles que tienen que conocer los intendentes y comisionados municipales para hacer la implementación de dicho programa en sus municipios.

"Debe entenderse como voluntariado a aquella persona que se incorpora a través de su trabajo y a la donación de su tiempo a distintas organizaciones simplemente con el ánimo de colaborar, que no percibe ningún tipo de ingresos y ser el pilar fundamental de la sociedad civil, es decir dedica una parte de su tiempo con una acción solidaria y altruista, sin recibir remuneración por ello”, explicó la funcionaria.

El segundo se refiere de poder acceder a una tarifa diferenciada por parte de las organizaciones de la sociedad civil para la confección de balances, sobre todo aquellas organizaciones que tienen atrasos en sus situaciones contables y para ello se formalizó un convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que las organizaciones sociales sin fines de lucro puedan acceder a una tarifa de muy bajo costo y poder estar exentas en otras tasas e impuestos.

De esta manera, las organizaciones podrán acceder a la normalización de sus estados contables y a su vez, tener un profesional (contador) que los oriente y los guíe, por ejemplo, en la confección de programas, formulación y diseño de distintos tipos de actividades a donde tienen que tener un respaldo económico.

En cuanto al primer punto de voluntarios sociales, Carretero sostuvo que los interesados pueden acceder en cualquier momento y sin límites de edad, "en el caso de menores con la autorización de sus padres o progenitores”.

La funcionaria remarcó que fue importante la respuesta de representantes de intendencias y comisiones municipales a la convocatoria, reunión concretada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con la presencia del Secretario de Asuntos Relaciones Municipales, Sebastián Echavarri, no solo por el número de asistentes sino también por el interés puesto de manifiesto sobre el tema y los pedidos "para que nos constituyamos en las distintas localidades para trabajar a través de la Escuela de Ciudadanía que tenemos en la Dirección”.

miércoles, 18 de enero de 2017

Opinion: Referéndums - Joan Subirats



Los controvertidos referéndums

El primer referéndum del que se tiene noticia fue aquel en que Pilatos preguntó a a la gente reunida a quién quería salvar de la muerte, si a Barrabás o a Jesucristo, con el resultado conocido. Falto deliberación, sobró exaltación


Diario El País. 8/10/2016. Por Joan Subirats

La institución del referéndum ha sido objeto de innumerables críticas, elogios y controversias. Se ha utilizado y se utiliza en regímenes democráticos pero también en sistemas políticos autoritarios y dictatoriales. En España lo sabemos bien. Hay países con larga tradición en el tema como la siempre mencionada Suiza, y otros que han empezado a usarlo muy recientemente. Lo que les ha puesto nuevamente de actualidad ha sido su cada vez más frecuente utilización y la sorpresa que se han llevado en muchos casos los que los han organizado pensando que con ello ratificarían y reforzarían la legitimidad de sus decisiones. En efecto, los recientes casos de Gran Bretaña, Hungría y Colombia, con resultados adversos a los auspiciados por sus promotores han hecho sonar de nuevo todas las alarmas.
Sabemos que desde 1945 se han celebrado en Europa unos 900 referéndums (la mitad en Suiza). Expertos en el tema, Braulio Gómez de la Universidad de Deusto y Joan Font del CSIC, afirman que un poco más de la mitad (53'5%) los ganaron los gobiernos que los convocaron. Se ganan más los que son obligatorios por ley que los convocados por iniciativa popular o de manera extemporánea por el gobierno. ¿Por qué se siguen convocando a pesar de lo incierto de su desenlace? Parece claro que son bien vistos por la población ya que aparentemente no hay nada más democrático que pedir directamente a la población que se pronuncie sobre un dilema concreto. A menudo, se busca reforzar la legitimidad de decisiones que de tomarse directamente por los órganos previstos, gozaría de respaldo legal, pero quedarían dudas sobre el apoyo que el tema suscita entre el conjunto de la población afectada. Y ello es más frecuente en tiempos como los actuales en los cuales la desafección democrática ha aumentado al mismo tiempo que la desconfianza frente a unas instituciones consideradas poco representativas.

Las virtudes de los referéndums quedan limitadas por sus defectos. Simplifican la complejidad de los temas sobre los que se quiere dirimir; se mezcla el tema en cuestión con otras variables en juego (popularidad del gobierno, situación económica,…); reducen la pluralidad al obligar a la polarización; la posibilidad de manipular la pregunta mixtifica el resultado (recordemos la pregunta en el referéndum sobre la OTAN); no siempre la deliberación necesaria para tomar la decisión se ve favorecida por la existencia de información fiable que muestre las consecuencias reales de una u otra alternativa (recordemos la manipulación de Farage en el Brexit) o se ve dificultada por el formato binario con el que se fuerza la votación. Sin mencionar el hecho que al día siguiente de la consulta, los problemas que justificaron su celebración no queden ni mucho menos resueltos. Dice Zagrebelsky, magistrado de la Corte Constitucional italiana, en su libro El crucifijo y la democracia, que el primer referéndum del que se tiene noticia fue aquel en que Pilatos preguntó a la gente reunida a quién quería salvar de la muerte, si a Barrabás o a Jesucristo, con el resultado conocido. Faltó deliberación, sobró exaltación, concluye el magistrado.

Volvemos en Cataluña a la pantalla del referéndum. La situación de bloqueo político en España y la nula voluntad del PP o del sector hoy hegemónico del PSOE para buscar respuestas a la evidencia de un 80% de la población catalana descontenta con el status quo del autonomismo y que precisa respuestas a necesidades perentorias como la vivienda o el sustento diario, vuelven a situar la consulta como un instrumento que dilucide voluntades y obligue a cambios. No sirvió el 9N ni tampoco la reconversión en plebiscitarias de las elecciones del 27S. La necesidad de mantener la tensión y evitar fisuras en el bloque independentista obliga a fijar un nuevo Día D y a renovar la ya manoseada hoja de ruta, sin considerar otras alternativas. Tenemos un año para conseguir que el referéndum sea algo más que una nueva prueba de que existe un problema. Y no parece fácil con el escenario que tenemos. Temas clave son censo, seguimiento y aceptación internacional, preguntas, existencia o no de porcentajes mínimos de participación, etc. Al final, lo determinante será que la convocatoria concite la necesidad de participar de todas las personas con derecho al voto, y no solo de los que son partidarios de la independencia. El referéndum puede ser útil si se trabajan a fondo los aspectos que permitan reforzar las notables potencialidades y reducir los evidentes defectos de un controvertido instrumento democrático.

Joan Subirats
es catedrático de Ciencia Política de la UB

Fuente: www.elpais.com

viernes, 13 de enero de 2017

Curso virtual para Argentina "Participación ciudadana. Democracia representativa y sociedad civil"





Se encuentra abierta la inscripción para el curso de verano "Participación ciudadana. Democracia representativa y sociedad civil", a cargo de de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad, que se dictará bajo modalidad virtual en todo el país.

Esta actividad está dirigida a todos los ciudadanos y en particular a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a funcionarios que se desempeñan en la administración pública interesados en temas vinculados con la promoción de la participación ciudadana.
El curso, que comienza el 16 de enero, es gratuito, no requiere formación previa y dura cinco semanas.

Los interesados se pueden anotar hasta el 15 de enero enviando un correo electrónico a comunicaciondinarc@mininterior.gob.ar o llamando al (011) 4346-1655


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