lunes, 26 de mayo de 2014

Plan de metas - Ciudad de Córdoba



Red Ciudadana Nueva Córdoba impulsa el Plan de Metas en la ciudad.



La Red Ciudadana Nuestra Córdoba es un espacio plural, no partidario y autónomo de los gobiernos en todos sus niveles al que adhieren y en el que participan más de 200 ciudadanos que forman parte de 60 organizaciones de la ciudad. 

Es un ámbito de acción colectiva plural abierto a todas las personas y organizaciones que compartan sus principios y objetivos y estén dispuestas a contribuir a su realización. Reúne a representantes de organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de investigación, colegios profesionales, centros vecinales, ciudadanos y ciudadanas de Córdoba que adhieren a la Carta de Principios y Propósitos. La red propone para la ciudad de Córdoba la implementación de un Plan de Metas.


¿Qué es el plan de metas?

La dificultad para constatar cuánto de las promesas de campañas electorales efectivamente se concreta en acciones y para conocer de antemano el rumbo que se propone tomar un gobierno, las áreas que priorizará y las acciones que llevará adelante, llevó a proponer el Plan de Metas como una herramienta que posibilite tener un conocimiento más preciso sobre el plan que pretende seguir un gobierno para sus cuatro años de gestión de la ciudad.
El Plan de Metas es un instrumento de planificación e información ciudadana, mediante el cual el Intendente antes de cumplirse ciento veinte (120) días corridos de su asunción, presenta las metas que pretende alcanzar con su programa de gestión, y establece cuáles serán las acciones estratégicas para cada área de la Administración Pública Municipal y debe fijar los objetivos y los indicadores que hagan posible monitorear la evolución de las mismas. Además, el Intendente debe informar antes del diez (10) de marzo de cada año de su mandato sobre el estado de avance de las metas planteadas.
 
Una iniciativa con amplio apoyo político y de la sociedad civil
La creación de una norma que reglamente e implemente el Plan de Metas en la ciudad de Córdoba fue impulsada por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y fue respaldada por más de medio centenar de organizaciones de la ciudad que trabajan en una amplia variedad de temáticas.

La ordenanza N° 11942 que obliga a los intendentes a presentar el Plan de Metas de Gobierno al inicio de una nueva gestión así como de informar sobre los avances del mismo, fue aprobada con el apoyo unánime de todos los bloques del Concejo Deliberante el 2 de junio de 2011, luego de 8 meses de intensos debates. 

¿Qué dice la ordenanza?

¿Qué es el Plan de Metas de Gobierno? 
Es un instrumento de Planificación e Información Ciudadana, mediante el cual el Intendente al iniciar un nuevo período de Gobierno, presenta las metas que pretende alcanzar con su Programa de Gestión, y  establece cuáles serán las acciones estratégicas para cada área de la Administración Pública Municipal.
Las metas se pueden presentar en forma global para todo el territorio municipal o por jurisdicción de cada Centro de Participación Comunal.
El Plan no sólo debe explicitar los lineamientos generales para cada una de estas áreas, sino también los objetivos y los indicadores que hagan posible monitorear la evolución de los mismos. 

¿Qué áreas que deben presentar metas?
Obras y servicios públicos, administración pública, salud, acción social, ambiente, cultura, educación, turismo, participación vecinal y desarrollo económico.

¿En qué momento el intendente presenta el Plan de Metas?
El Intendente presenta al Concejo Deliberante el Plan de Metas de Gobierno antes de cumplirse ciento veinte (120) días corridos, a partir de su asunción. Cumplido este plazo, puede solicitar una prórroga por treinta (30) días corridos, para lo cual debe informar al Concejo Deliberante antes del vencimiento del primer plazo. 
El Intendente debe informar antes del diez (10) de marzo de cada año de su mandato sobre el estado de avances de las metas planteadas.

¿Cómo se difunden las metas?
La ordenanza estipula que el Plan de Metas de Gobierno debe ser ampliamente difundido tanto por el Ejecutivo Municipal, como por el Concejo Deliberante, de manera que se asegure y garantice el conocimiento, evaluación y control por parte de la ciudadanía. Como mínimo debe ser publicitado en el Boletín Municipal, en los sitios Web del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Audiencias Públicas

El Plan de Metas de Gobierno y los Informes de cumplimiento anual deben remitirse al Concejo Deliberante para su conocimiento y seguimiento ulterior. Éste último debe convocar, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos de su presentación, una Audiencia Pública informativa a tales efectos. 
El Intendente Municipal debe participar de la audiencia como miembro informante. 
Las sugerencias realizadas por los vecinos e instituciones intermedias serán elevadas al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento.
 
¿Qué rol juega el Concejo Deliberante?

El Concejo Deliberante verifica el cumplimiento de la presentación del Plan, sus contenidos mínimos y los informes anuales de cumplimiento de las metas. Puede formular propuestas o recomendaciones, solicitar informes ampliatorios y aclaratorios y sugerir medidas, para mejorar el proceso de evaluación de cumplimiento del Plan.
Análisis y Seguimiento
La actual gestión en el gobierno municipal es la primera en implementar el plan de metas de gobierno como un instrumento de gestión.
Su puesta en práctica ha constituido un hecho novedoso e inédito para Córdoba que ha implicado un importante esfuerzo ligado a los múltiples desafíos que involucra la implementación de toda nueva  práctica de gestión.
Como el propio Intendente Ramón Mestre sostuvo en la Audiencia Pública de presentación de su Plan de Metas realizada en junio de 2012, la puesta en práctica de un instrumento de estas características requiere de un esfuerzo por comenzar un cambio en la cultura de gestión de la ciudad.
El intendente Ramón Mestre, en cumplimiento de la ordenanza 11.942, presentó al Concejo Deliberante en mayo de 2012 su Plan de metas de gobierno organizado por reparticiones de la administración municipal, y el 1 de marzo de 2013 entregó al vice-intendente Marcelo Cossar el informe de avance del primer año de su gestión. En ambos casos acompañados por una posterior audiencia pública.

Análisis del Plan de Metas

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba, impulsora de este instrumento consagrado mediante la Ordenanza 11.942, no desconoce este importante desafío que implica una gestión basada en un Plan de Metas de gobierno predeterminadas por el Gobierno municipal. De allí los esfuerzos de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba por aportar insumos destinados a la mejora constante en la puesta en marcha de este instrumento. 


Otras Experiencias

En América Latina ya son más de 40 ciudades que cuentan con planes o programas de metas como instrumentos que buscan mejorar el vínculo entre los gobiernos y la ciudadanía mediante una mayor rendición de cuentas e información sobre la gestión pública de local. 

En Argentina, además de Córdoba, las ciudades de Mendoza, Maipú y San Martín de los Andes han reglamentado por ordenanza y ya están implementando planes de metas de gobierno. En Uruguay, la ciudad de Carmelo ha avanzado en la puesta en marcha de este instrumento. Pero es en Brasil donde más se ha expandido la implementación de los planes o programas de metas que ya se aplica en 31 ciudades de los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais y Paraíba.




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martes, 6 de mayo de 2014

Recursos para Ong's y proyectos comunitarios



10 RECURSOS GRATUITOS PARA ONGS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


Por Federico Borobio – Revista Recursos culturales


Internet ofrece una innumerable cantidad de herramientas y recursos gratuitos que pueden ser aprovechados por organizaciones sin fines de lucro, siempre  necesitadas de fortalecerse y desarrollarse y a la vez limitadas en sus fondos. Esta lista no pretende ser exhaustiva, es simplemente una de las listas posibles que incluye varias maneras de acceder a recursos que están al alcance de la mano. Sabiendo que día a día surgen otras nuevas. Se trata entonces de compartirlas, lo cual va a redundar en beneficio de todos. ¡Pueden sumar sus aportes en los comentarios, con herramientas que conozcan y no estén en el listado!


1. WINGU: TICS, ASESORAMIENTO, ENTRENAMIENTO Y HERRAMIENTAS GRATUITAS
Wingu es una ONG que ayuda a otras ONG a usar mejor Internet. Brinda asesoramiento estratégico, apoyo técnico y entrenamiento en temas como sitios web, bases de datos y CRM, herramientas de gestión, social media y email marketing.
Todos los programas de Wingu se basan en un principio simple: tiene que hacer a las organizaciones más autónomas e independientes en el uso de nuevas tecnologías.

2. ONGLIBRE: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE SOFTWARE LIBRE O GRATUITAS
El proyecto ONGlibre promueve el uso de herramientas de gestión de software libre o gratuitas adaptadas a las necesidades del tercer sector: Philanthros ERP, Philanthros CRM, GONG, OpenProj y Google Apps son algunos de los productos de los que las entidades sin ánimo de lucro se pueden beneficiar para mejorar la transparencia y la eficacia de sus organizaciones, y así, contribuir a seguir profesionalizando su sector. ONGlibre es una iniciativa integral para fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro impulsada por la Fundación Concordia21 (C21).
Formar parte del proyecto es gratuito, sólo es necesario registrarse a través de su página web.


3. SOCIAL MEDIA, CAMPAÑAS Y HERRAMIENTAS PARA DONACIONES
Muchas empresas de internet poseen herramientas que permiten facilitar el proceso de donaciones y ayudas a las ONGs, así como eliminar los costos de estas transacciones. El blog IG propone varias ideas y recursos al respecto. Pueden ver el artículo completo aquí. En resumen, destacamos Youtube non-profitsGoogle non-profits, Twitter for non-profitsFacebook non-profits y Paypal donations.

4. DONAR ONLINE.ORG
Este sitio es un desarrollo de Wingu, que ofrece un formulario seguro para que las ONGs puedan recibir donaciones online de manera encriptada y 100% confiable, ofreciendo a sus aportantes un canal de pago simple y seguro.


5. THUNDERCLAP
Se trata de una plataforma de crowdspeaking, que amplifica los mensajes al permitir que grandes grupos de personas compartan un mismo mensaje juntos al mismo tiempo. Es ideal para difundir de manera potente una idea o campaña. Un Thunderclap puede llegar a millones de personas con una sola publicación! El sistema es simple: los  adherentes a tu propuesta difunden el mensaje original en sus propias redes. Si esta difusión logra un número mínimo de personas que lo apoyen (100 a 500 “supporters”),  el mensaje se masificará.


6. ROOT4
Root4 es una red social donde las empresas pueden promocionar sus actividades de inversión social usando actividades y juegos móviles pre-desarrollados que pueden vestir de la marca y poner en la mano de usuarios en minutos.


7. HOSTING GRATIS
Muchos proveedores de alojamiento para sitios web ofrecen la posibilidad a las ONGs de utilizar sus servicios sin costo. Acá algunos de ellos: Patagoniacreative.comXMundo NetworksDale! HostingNeolo. Pueden ver muchas más en esta búsqueda de hosting gratuito para ONGs. Asimismo, el portal Wix.com está siendo muy utilizado, ya que ofrece además de hosting la posibilidad de generar un sitio web en forma gratuita.

8. IDEALISTAS.ORG
Este sitio permite desde crear una página web, hasta publicar ofertas de empleo, pasantías, oportunidades de voluntariado, eventos y programas. Las organizaciones pueden conectarse con voluntarios, donantes y otros potenciales colaboradores.


9. JUSTCOZ.ORG
Ofrece la posibilidad de donar un tweet al día para ayudar a organizaciones o acciones solidarias. Las ONG deben registrarse y una vez que su solicitud es aceptada, cada vez que publiquen un tweet será reproducido con tweets de todos sus seguidores en JustCoz.
Link: JustCoz.org


10.  RED ARGENTINA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (RACI)-MANUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Cooperación Internacional es un recurso que permite a ONGs financiar proyectos, movilizar recursos y generar vínculos e intercambios. La Red Argentina para la Cooperación Internacional produjo este manual de descarga gratuita con el objetivo de ofrecer una guía práctica que, a través de mecanismos, herramientas, consejos y buenas prácticas permita a individuos, organizaciones y proyectos contar con información accesible, sistematizada, organizada y comprensible. La publicación puede descargarse de manera gratuita en:http://www.raci.org.ar/recursos-para-ong/manual-de-cooperacion-internacional/manual-de-cooperacion-internacional-una-herramienta-de-fortalecimiento-para-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-osc/





lunes, 25 de noviembre de 2013

Buenos Aires: iniciativa popular para ley de centros culturales



Una iniciativa popular busca que una ley regule los centros
culturales



El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA), que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, impulsa un proyecto de ley de Centros Culturales para que se regule la actividad, que permita "flexibilizar las formas y llevar propuestas culturales a los barrios".



Claudio Gorenman, abogado que forma parte de la iniciativa, explicó a Télam que la idea "surgió por los problemas que tienen los espacios culturales hoy en día de funcionar legalmente, porque no hay una ley habilitadora, por lo que muchos se ven obligados a conseguir una habilitación como otra cosa o funcionar a puertas cerradas sin publicar direcciones".

Para Gorenman "esto es perjudicial porque imposibilita el desarrollo de proyectos culturales y limita la posibilidad de artistas, productores y directores de dar visibilidad a contenidos y proyectar en el tiempo".

"Estamos trabajando en la ley hace un año y medio, y en septiembre presentamos en la Legislatura porteña, por iniciativa popular, un proyecto de ley habilitatorio que prevé cuatro tipos de modelos de gestión: casa de artistas, centro barrial y social, centro cultural y club de cultura", explicó.

Esta ley busca adaptar requisitos para que puedan funcionar según los distintos tipos de modelos de gestión y entiende que las casas de artistas y centros barriales son emprendimientos de poco público con un modelo de gestión, que no tiene organización formal.

"Lo importante es pedir que se registre como espacio cultural y cumpla con los requisitos de seguridad eximiéndolos de tramitar papeles burocráticos para funcionar", mencionó.

Para los centros culturales y clubes de cultura, la ley impulsa, según Gorenman, "flexibilizar los requisitos de cuestiones formales con temas de edificación, plazos, costos, trámites que hacen a este tipo de habilitaciones, para que sea más simple y fácil y esté al alcance de la mano de los gestores culturales que quieren abrir espacios".

El abogado destacó que "las leyes actuales no reconocen la figura de Centro Cultural, sino que están hechas para emprendimientos comerciales, y quienes inician los espacios tienen que invertir mucho para la puesta a punto, y lo que nos dice la realidad es que estos lugares se inician de manera más informal y dinámica, con el apoyo de las redes sociales".

"La cantidad de contenidos culturales, de ese modo, se multiplica y termina pasando que hay muchísimos espacios que surgen de manera ágil, dinámica y que no están pensados desde una óptica comercial sino de promoción y difusión de contenidos", redondeó.

El Movimiento MECA no sólo presentó a la Legislatura el proyecto de ley, sino que además busca el apoyo de la población mediante la junta de firmas, de al menos el 1,5% del padrón de la Ciudad de Buenos Aires (unos 38.000 adhesiones), para que de esa forma el parlamento porteño esté obligado a tratar la iniciativa.

"Queremos que esta ley sea representativa y nos cargamos al hombro la promoción de la campaña que invita a todos los espacios culturales y sus protagonistas a sumarse a que agarren planillas y salgan a buscar firmas", dijo Gorenman.

Además, "en la Ciudad de Buenos Aires nunca se aprobó una ley por iniciativa popular y para nosotros sería representativo que ésta, es decir, la ley que regule los espacios culturales, sea la primera", reinvidicó.

La iniciativa, así como el proyecto de ley completo, pueden consultarse en el sitio web http://leymeca.com.ar. 


Fuente TELAM

lunes, 14 de octubre de 2013

Perú: premios participación ciudadana



JNE premia participación ciudadana para fortalecer la democracia
 

Lima, set. 26 (ANDINA). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó hoy el concurso nacional "Semilla Ciudadana", que premiará el liderazgo y la participación organizada de jóvenes y mujeres para la formación de valores ciudadanos y fortalecimiento de la democracia


El titular del organismo electoral, Francisco Távara explicó que a través de esta convocatoria se busca reconocer y difundir las experiencias que aporten además a la participación efectiva en el desarrollo de la comunidad y a la vigilancia y control ciudadano.

Según las bases del concurso, se premiará a las 10 mejores prácticas - cinco por categoría (jóvenes y mujeres) - que expresen el compromiso de los sectores juveniles y femeninos en favor del desarrollo local, regional y del país.

"Las experiencias podrán girar en torno a la educación en temas de ciudadanía y democracia; promoción de valores cívicos y ciudadanos; vigilancia y control ciudadano; promoción de liderazgo social y político; así como la incidencia en espacios de toma de decisión.

Las postulación podrán presentarse hasta el 25 de octubre mediante el portal del JNE o en forma presencia en la sede central del organismo electoral, ubicada en el Centro de Lima.

Asimismo, se anunció que el concurso será promocionado en los siguientes días en las Unidades Regionales de Enlace (URE) del JNE, ubicadas en nueve departamentos y regiones del país. 

La presentación del concurso se efectuó este jueves y contó con la presencia del presidente del Instituto de Defensa Legal (IDL), Glatzer Tuesta; la exdirectora de Manuela Ramos, Ana María Yáñez; y el presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, Raúl Diez Canseco.


http://www.andina.com.pe/

lunes, 7 de octubre de 2013

España: parlamento y participación ciudadana



Cualquier espectador instruido e informado de la vida política española podría concluir, con Parlamento y participación ciudadana: viejas herramientas, nuevas propuestas

Una de las consecuencias de la actual crisis política es la percepción, por parte de la ciudadanía, de la incapacidad de representación de la institución parlamentaria. Las demandas para una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos son algo habitual. Esteban Greciet repasa en este texto algunos de los instrumentos que reconoce la Constitución y cuya capacidad de absorber las demandas de los ciudadanos no han sido, según el autor, suficientemente exploradas.

Esteban Greciet


Cualquier espectador instruido e informado de la vida política española podría concluir, con cierta facilidad y sin temor a equivocarse, que la escisión entre democracia representativa y directa o, peor aún, entre parlamentarismo y democracia, se ha convertido en ese orteguiano “tema de nuestro tiempo” de cuya sombra parece que no podemos desprendernos. No se trata sólo de la lejanía que buena parte de la sociedad siente respecto de los miembros de las Cámaras, ni del desprestigio por el que atraviesan los partidos políticos a ojos de la percepción general. Se trataría de la potencial incapacidad de la institución parlamentaria para acoger no ya mecanismos de democracia directa –que, por definición, prescinden del papel mediador del Parlamento: i.e. el referéndum–, sino de “participación de los ciudadanos en los asuntos públicos”, por utilizar la expresión del art. 23.1 de la Constitución de 1978.

En realidad, como señalábamos en otra entrada sobre el futuro del Parlamento, anteriormente publicada en este blog, y en un artículo más reciente, nos encontramos ante un falso dilema, político y jurídico. Cuando ese precepto desdobla tal participación en “directa o por medio de representantes” no está abriendo una brecha ni erigiendo obstáculos imposibles de sortear, ni mucho menos estableciendo modos de participación incompatibles o reñidos entre sí: no lo entendió así el constituyente ni tampoco ha sido ésa la interpretación del Tribunal Constitucional, que en su jurisprudencia deja clara la ligazón entre los derechos de los representantes y los de los representados, trasunto aquéllos de éstos. Y sin embargo, el abismo entre una y otra esfera, la ciudadana y la “política”, como si fueran mundos diferentes y separados, ha ido generándose en España de una manera tal que ahora nos corresponde la tarea de cicatrizar una herida que jamás debió ser infligida.

Nuestras modestas propuestas para ello se basan en instrumentos reconocidos por la propia Constitución, cuya capacidad de absorber y plasmar las demandas, los intereses y las preocupaciones ciudadanas está lejos de ser agotada, siquiera explorada al mínimo. Hemos intentado reflejarlo en una reciente ponencia que sintetizaremos aquí, a la vez que lanzaremos alguna nueva observación sobre estos puntos para así ahondar en la óptica con la que abordamos la inserción de una serie de “buenas prácticas” en la vida cotidiana de los Parlamentos:
·         Las Comisiones de Peticiones: las peticiones ante las Cámaras, concebidas como una herramienta mixta entre la participación y el control a la que el texto de 1978 dedica un precepto específico (el art. 77), deben ser objeto de una reformulación que actualice su sentido histórico de derecho usualmente ejercido en tiempos de tránsito y crisis. Dotadas de un régimen jurídico “de mínimos” en el Congreso de los Diputados, más generoso en el Senado y en buena parte de las Asambleas autonómicas, las Comisiones receptoras de esas peticiones pueden configurarse como el escenario de un “parlamentarismo de proximidad” que acerque al “individuo y a los grupos en que se integra”, por parafrasear el artículo 9.2 de la Constitución, a los foros de debate y decisión política, con o sin conexión con el Defensor del Pueblo u Ombudsman respectivo. La generalización de la “audiencia especial” a los peticionarios y, sobre todo, una efectiva rendición de cuentas acerca del contenido de las peticiones, mediante la exigencia de explicaciones al Gobierno, serán las dos piedras de toque –nada extrañas: ésta figura ya en la Constitución y aquélla en la Ley Orgánica reguladora del derecho– para formalizar aquí el triple vínculo ciudadanos-representantes políticos-poderes públicos y hacerlo todo lo transparente que sea posible.
·         Mucho se ha escrito sobre la iniciativa legislativa popular y su fracaso como elemento fundamental de la participación política constitucionalmente reconocida, esta vez en el art. 87.3. Su ejercicio debe ser despojado de todos los obstáculos que no sean estrictamente indispensables para el global funcionamiento del sistema político, de los que el primero es la cifra de 500.000 electores firmantes, excesiva hoy día a la luz de los requisitos de la iniciativa ciudadana europea. Por lo demás, la facultad de las Cámaras de tomar en consideración estas proposiciones de ley, haciéndolas suyas para abrir el libre ejercicio del derecho de enmienda de los Diputados y los Grupos Parlamentarios, debe ser contrapesada con una regulación que facilite la solicitud de retirada de la iniciativa por sus promotores, si consideran que el texto originario ha quedado desfigurado en su letra y/o espíritu. Asimismo, pueden fomentarse las “iniciativas conjuntas”, de origen doblemente popular y municipal, para reforzar la democracia local; la asunción de la popular ante las Cortes Generales por un Parlamento autonómico por la vía del art. 87.2 de la Constitución, haciendo lo propio a nivel regional; o la transformación de las iniciativas populares inadmitidas en peticiones colectivas cualificadas o de impulso político.

Con todo, nada de ello debe hacernos olvidar que la principal reflexión sobre esta iniciativa ha de recaer sobre las cuestiones que la Constitución decidió excluir de su objeto, y de las que quizá sólo sigue teniendo sentido mantener las de carácter internacional. Es una fuerte limitación que se extiende, además, a las materias propias de ley orgánica ex art. 81.1 –lo que incluye, por citar un ejemplo relevante, las leyes educativas–; las tributarias y lo relativo a la prerrogativa de gracia. Si este último supuesto, aparte de referirse singularmente a la Ley reguladora del Indulto, debe seguir la misma suerte que ésta en un sentido revisor de tal prerrogativa, la complejidad de las normas tributarias no parece argumento suficiente para la exclusión, cuando las mismas se hallan en las raíces del nacimiento y desarrollo de la democracia parlamentaria moderna. Como corolario de lo anterior, el art. 166 también excluye la reforma constitucional de la iniciativa popular, que, de igual modo, resulta hoy inviable para las reformas de los Estatutos de Autonomía –salvo el catalán– y en todo un variado elenco de materias en las leyes autonómicas en la materia; todo ello abundaría en la idea de replantear seriamente la “política constitucional” sobre este instituto.
·         La generalización de las comparecencias en el procedimiento legislativo –así como la audiencia a los promotores de la iniciativa popular–, con el propósito de aportar una legitimación adicional a la tramitación de las leyes; o de las preguntas de iniciativa ciudadana, forma de control reconocida en los Reglamentos de algunas Cámaras autonómicas –Andalucía, Murcia y Canarias–, se inscribirían en la misma tendencia de adaptar herramientas ya previstas, conocidas y de normal praxis a una necesaria renovación parlamentaria. Todo ello en un contexto en el que el Parlamento virtual de la web debe transmitir con la mayor agilidad el Parlamento real a los ciudadanos representados en él, dadas las posibilidades de actuación que las nuevas tecnologías brindan en ambos sentidos; los diversos modelos, también mencionados en la ponencia enlazada, lo han trasladado al plano normativo: así, el caso del Reglamento de la Asamblea de Extremadura y su reforma de este mes de julio o la ya inveterada trayectoria del Parlamento Vasco al establecer contacto con los ciudadanos, tal como dispone su Reglamento o nos muestran proyectos conocidos –y dignos de imitación– como Zabalik y ADI!


Fuente: www.eldiario.es

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Avilés - España


Participación ciudadana influyente, no influida

Argumentos para modificar el actual reglamento que regula las relaciones con los vecinos

La participación ciudadana tiene que interpretarse como el modo en que las personas de una comunidad toman parte en los asuntos públicos, al estar directa o indirectamente implicados y afectados. Tal y como se desprende de las reflexiones de Luis Aranguren Gonzalo, «nuestra participación no ha de ser sólo para construir un barrio mejor, sino que el hecho de participar alienta una puesta en común de experiencias, habilidades, actitudes preactivas, generación de cultura de equipo, comunicación... que en sí mismas ya gozan de un estatuto axiológico de envergadura: la participación es lugar de encuentro de vida buena y sociedad justa, las dos máximas aspiraciones éticas del ser humano».

En los tiempos actuales todos hemos de ver que la participación sí es una cuestión política, y más aún si cabe, habida cuenta de las «tiranteces» entre políticos y movimientos sociales. Por ello, es responsabilidad de los representantes políticos el cumplimiento del ideal de participación, planteándose como un proceso de toma de conciencia en el que diferentes actores sociales hacen frente a la realidad, determinando las pautas de reivindicación y de mejora y encargándose de llevar cuantos proyectos concreten el proceso en marcha.

Queda comprobado que el Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado en Pleno municipal en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2006, y modificado también en Pleno el 19 de julio de 2007. Es evidente que el lugar adecuado para modificarlo es el Pleno municipal del Ayuntamiento de Avilés, tal y como propone Foro Avilés. La democracia tiene un aspecto que aunque suele ser olvidado debe tenerse siempre presente: implica a todos y en todo momento. Y en el momento actual, Foro propone modificar en dos puntos concretos el referido Reglamento. Y lo hace ahora que está en las instituciones, de la misma forma que otros partidos lo hicieron en los años 2006 y 2007. Recordemos que este partido también representa a 9.000 avilesinos, que también son ciudadanos de pleno derecho.

Podemos ser aún más críticos con este asunto, ya que actualmente se trabaja exclusivamente con asociaciones y, en esencia, la participación no es sólo con éstas. Hoy día asistimos a un incremento notable en las relaciones entre los ayuntamientos y las asociaciones. Es más, en muchos casos se han llegado a establecer mecanismos de funcionamiento bilaterales mediante los cuales el gobierno local se reúne regularmente con los representantes de las correspondientes asociaciones para consensuar las actuaciones del programa municipal. Pensemos en una serie de reivindicaciones que una determinada asociación transmita al equipo de gobierno y que éste no las estime. ¿Cuál sería el siguiente paso a dar por dicha asociación? Obviamente, la visita a los concejales de la oposición. Por tanto, en aras de un ahorro de tiempo y un aumento de posibilidades, ¿no es más conveniente la interacción directa con todos los representantes políticos?

No debemos olvidar el riesgo (tristemente comprobado en esta ciudad), del estudio interesado por parte de las formaciones políticas del censo asociativo de la ciudad. Realmente es utópico que las asociaciones vecinales representen un volumen importante de la población, ya que no todos los habitantes de un determinado barrio se inscriben como miembros de la asociación de ese barrio. Es más, nada impide que un grupo de vecinos sean críticos y decidan formar su propia asociación. Es su derecho.

El riesgo está ahí, y más en la actualidad, donde se observa el crecimiento de la democracia corporativa, que podría fomentar el vasallaje asociacionista, que vulnera totalmente los derechos de los vecinos de un determinado barrio.

Foro sólo plantea dos modificaciones en la búsqueda de la igualdad y la equidad. No pretende minusvalorar el trabajo de las asociaciones en cuanto a sus aportaciones al Reglamento; quieren ausencia de políticos y Foro lo apoya, pero interviniendo ante la disposición del PSOE de ser los únicos interlocutores válidos. Es decir, o están presentes todos los grupos o ninguno.

La segunda propuesta de Foro es la eliminación del número tasado de asociaciones que pueden formar parte de los consejos de zona. Si lo que se pretende es conseguir la participación ciudadana plena, ¿por qué se limita a 20 el número de asociaciones con derecho a participar? ¿Es defendible el veto futuro a asociaciones aún no constituidas?

Sólo me gustaría recordar algo que siempre deberíamos tener presente: no hay políticos de primera o de segunda: no hay asociaciones de primera o de segunda; y lo más importante es que no podemos permitir que existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Fuente: La Nueva España http://www.lne.es