Presupuesto
Participativo en la Argentina: Algunas cuestiones sobre su aplicación. (*)
Por Leopoldo Fidyka[1]
El presupuesto participativo (PP) puede ser entendido como un proceso a través del cual los ciudadanos, en forma individual o por medio de organizaciones, contribuyen en la ponderación de prioridades del presupuesto público.
Así el PP alude a dos cosas bien importantes para la política, por un lado el presupuesto: que por sí engloba un aspecto prospectivo, anticipatorio, y por ende referido a planificación, y no en cualquier tema sino de recursos, un elemento por demás “sensible” en las políticas públicas. Y por otro lado, a la participación es decir a incorporar a esa planificación un conjunto de miradas, saberes, sentires y prioridades de la comunidad generando así, una propuesta con una conjunción por demás interesante y desafiante.
El PP es
un mecanismo con particularidades propias que lo difieren de otras canales de
participación, en varios aspectos:
Por su
temática, (los recursos públicos); por su duración, no es puntual para un
momento dado, sino tiene vocación de permanencia (y reiteración en ciclos) en
el tiempo; y por su impacto, intenta ser de ser algo más que meramente
deliberativo o consultivo. Por ello, su implementación constituye un proceso,
(por cierto complejo), en la que no hay una fórmula única y acabada para
desarrollarlo, sino la que más se adapte a la realidad del territorio local.
En la
actualidad, bajo distintas modalidades, existen alrededor de sesenta
experiencias en gobiernos locales de la Argentina, tanto PP generales, para el
presupuesto de la ciudad, como aquellas que tomaron particularidades
específicas como el destinado al colectivo juvenil, PP Joven, (Ej. Rosario,
Paraná, Zarate, Carlos Paz, Firmat, Gualeguaychú), también en los últimos años
surgió el PP para partidas del presupuesto universitario como las experiencias
de la Universidad del Litoral, la Universidad Gral. Sarmiento, o la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario.
Es un
mecanismo participativo a diferencia de muchos otros, tuvo su origen en América
del Sur, más precisamente en la ciudad de Porto Alegre hacia finales de la
década de los año 80 y se extendió rápidamente por otras ciudades de Brasil,
Europa, y algunos países de África y Asia.
Entre sus
beneficios puede destacarse: mejora el involucramiento de los ciudadanos en los
asuntos públicos; fortalece el conocimiento, el control y la transparencia de
los actos de gobierno; optimiza la asignación de recursos, (en muchos casos se
ha comprobado que mejoran los índices de recaudación tributaria); agiliza de la
comunicación entre administración y ciudadanía, generando espacios de
interlocución y aprendizaje colectivo. También su aplicación puede redundar en
una disminución de desigualdades y constituye una forma de relegitimar la
actuación política.
No es
ajeno el PP a algunas objeciones, algunas de carácter instrumental: acerca del
número de participantes reales, o el porcentaje real de asignación
presupuestaria, de eficacia, como la demora en el tiempo que tiene todo proceso
participativo u otras relacionadas con la cultura política, como la resistencia
a incorporar nuevos actores a los ámbitos tradicionales de decisión
pública
Decidir
aplicar el PP en un territorio, requiere de compromiso, previsibilidad y
responsabilidad por parte de sus impulsores y no es una decisión final, sino un
camino lleno de preguntas para analizar y cotejar con la realidad local, vale
compartir algunas de ellas:
1-
¿La sociedad local está suficientemente preparada para encarar un proceso de
PP? ¿Qué debemos hacer o fortalecer en consecuencia para su implementación?
2- ¿Cómo y dónde conformo en la estructura municipal el área responsable para su impulso?¿Hay equipo: con qué personas y perfiles específicos vamos a implementarlo?
3- ¿Cuál va ser el papel del Concejo Deliberante, esa caja de resonancia donde están representadas otras fuerzas políticas?
4- ¿Qué monto o porcentajes presupuestarios vamos a asignar para el PP?
5- ¿Cómo distribuimos ese monto en el territorio local? ¿Cómo logramos que sea equitativo?
6- ¿Cómo conjugo las necesidades particulares de los barrios con las generales toda de la ciudad?
7- ¿Cuáles serán los criterios para establecer la representatividad de los participantes? Y en su caso: ¿Cuál será el papel de otros actores en el proceso: organizaciones de la sociedad civil, empresas, entidades académicas entre otras?
8- ¿Cómo lograr la mayor cantidad de participantes y que no sean siempre los mismos (es decir los más movilizados o los que siempre participan)? ¿Cómo contemplamos a los jóvenes o la cuestión de género?
9- ¿Qué mecanismos de deliberación y decisión establecemos para elegir los proyectos?
10- ¿Cómo evaluamos o “tamizamos” la factibilidad técnica de los proyectos y como evitamos conflictos?
11- ¿Cómo garantizamos el acceso a la información pública? ¿Cómo velamos por la transparencia del proceso?
12- ¿Cómo generamos un proceso genuino, creíble y sobre todo “neutral”, ajeno a cooptación partidaria?
13- ¿Estamos preparados para dar “luz verde” a proyectos aunque no estemos plenamente de acuerdo?
14- ¿Cómo darle formalidad jurídica (para darle sustentabilidad y previsibilidad); y como elaborar una reglamentación, lo suficientemente amplia, pero que a su vez sea flexible y revisable?
15-¿Cómo hacemos una evaluación del proceso eficaz y constructiva?
Por ello,
la aplicación del PP deja éstas y muchas más preguntas, para hay una senda que
se está marcando, el mecanismo avanza, está siendo implementado en muchos
municipios y la legislación lo incorpora en normativas de distinta índole y
jerarquía (no sólo a través de ordenanzas o decretos municipales), sino también
en cartas locales y leyes orgánicas municipales e incluso el presupuesto
participativo adquiere jerarquía constitucional como en las constituciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Corrientes.
El
avance de la aplicación del PP y otras experiencias participativas de
interacción y articulación con los ciudadanos y sociedad civil denotan la incorporación
de nuevos temas a la amplia gama de funciones del Estado, o los que podemos
denominar el trabajo con “intangibles para el desarrollo”. ¿Cuáles son éstos?:
el fortalecimiento de aspectos relacionados con la cohesión, la asociatividad,
la comunicación, la formación, la identidad (sentido de pertenencia), la
innovación y la participación ciudadana en los territorios, implementados desde
áreas específicas en los organigramas estatales bajo distintas denominaciones:
relaciones con la comunidad, fortalecimiento de la sociedad civil, promoción de
la participación, entre otras.
Esto
implica que la preocupación por la mejora del capital social ingresó
(felizmente) en la agenda de los gobiernos (en general) y locales en
particular, con diferentes respuestas y modalidades a las que hay que seguir y
acompañar con especial interés en la tarea de profundizar sustentables
herramientas para el desarrollo local.
(*) Extraído de la presentación en
la “Jornada de intercambio de Experiencias de participación ciudadana
Capítulo I Presupuesto Participativo”, organizada por la Secretaría de
Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de
la Nación, en el auditorio de la Sindicatura General de la Nación de la Ciudad
de Buenos Aires, el día 15 de abril de 2016.
[1]
Abogado (UBA) Magister en
Dirección y Gestión Pública Local (UIM- Universidad Carlos III de Madrid -
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España)
