Ética, Transparencia e Integridad Institucional en el entorno público. Una reseña de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.
Por Gustavo
Daniel Di Paolo y Leopoldo Fidyka
ESEIAP
Argentina
La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública
(CIEIFP), aprobada por la XVIII
Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y
Reforma del Estado en Antigua, Guatemala,
el 26 y 27 de julio de 2018, refleja el interés manifiesto y la preocupación decidida
por las prácticas corruptas y sus derivaciones estructurales que inciden sobre
los ejes del desarrollo y de la convivencia, y que establecen consecuentemente la
deslegitimación de la acción pública en el entorno global.
La Conferencia fue organizada por el Instituto Nacional de
Administración Pública de Guatemala, el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Secretaría Pro Témpore
Guatemalteca, con apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y participaron
representantes de los veintidós países que conforman el espacio iberoamericano.
Son
los principales objetivos de la Carta promover la integridad de los
responsables y servidores públicos en todos sus niveles, en una actuación
continuamente coherente con los valores y principios relevantes de la ética del
servicio público contribuyendo a la legitimación de la acción pública y al
refuerzo de la confianza en las instituciones públicas.
Este instrumento busca motivar el aprendizaje e intercambio sostenido de
buenas prácticas entre los países firmantes, a fin de fortalecer un sistema de
integridad en el contexto de las Administraciones con prioridad en la ética
pública, brindando un marco genérico en lo atinente a idiosincrasia, historia,
cultura, tradición jurídica y entorno institucional propios de cada actor
estatal y aplicables a todos los poderes del Estado y órganos constitucionales.
En correlato, la CIEIFP tiene
también como propósito contribuir al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en
particular consolidar sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces y
responsables.
Esto se complementa con la lógica
de acceso a la información pública y la preservación de las libertades
fundamentales, en lo que respecta al marco jurídico-normativo local e
internacional.
No obstante, la Carta contribuye al cumplimiento de los ODS emparentados con
la eliminación de la pobreza, la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y la reducción de la
desigualdad.
En consecuencia, resulta trascendente
definir el entorno de integridad organizacional a través de la formulación de Códigos
Éticos además de concebir las
conductas moralmente pertinentes con un decidido acatamiento de los derechos
humanos y de los valores de igualdad de género, diversidad y discriminación
positiva en el contexto institucional.
Por otra parte, se torna esencial
la canalización de acciones de capacitación en ejes temáticos como ética,
transparencia e integridad institucional en entidades públicas.
La gestión y la evaluación de
riesgos de maniobras corruptas en el seno organizacional, la articulación de un
sistema de denuncias y de protección a los informantes de estas actividades
delictivas, la activación de mecanismos de transparencia activa, pasiva y
focalizada, la potenciación de los datos abiertos en la Administración Pública,
y la incorporación de nuevas tecnologías y redes sociales digitales como fuentes
de generación de espacios de participación ciudadana en un espacio de
innovación y creatividad, se vuelven indispensables y superadoras.
Adicionalmente, es requerible la
fusión del sistema de integridad organizacional con los procesos y la
operatoria de control interno dentro del marco institucional, determinando por
ende sinergias en un esquema cooperativo e interactivo.
La gestión por resultados para el
desarrollo en los estamentos nacional e institucional tiende a fortalecer los
mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación del impacto de las políticas
en contrataciones públicas existentes.
Por lo
tanto, la Carta plantea como orientaciones para la acción:
·
Elaborar periódicamente diagnósticos completos del
sistema de integridad nacional para garantizar la integridad,
transparencia y rendición de cuentas, los cuales deben quedar constituidos como
línea base para la evaluación posterior de los impactos de los instrumentos que
se implementen para el mejoramiento de la Gestión Ética.
·
Generar, ejecutar y sostener financieramente,
diseños organizativos que incluyan los componentes fundamentales del modelo de
integridad organizacional definido nacionalmente y que, además, interactúen con
los otros subsistemas de gestión.
·
Redactar como parte esencial de los marcos de
integridad organizacional, códigos éticos en sus organizaciones,
siguiendo en la medida de sus posibilidades y prioridades las pautas
procedimentales marcadas en el documento base y con los contenidos definidos
como esenciales en el mismo.
·
Realizar
periódicamente encuestas de diagnóstico de clima ético en las organizaciones,
desarrollar actividades de formación en ética en las organizaciones públicas,
generar sistemas de asesoramiento ante dilemas éticos mediante comités de ética
u otros que se consideren pertinentes; realizar evaluaciones de riesgos de
corrupción en el ámbito de sus organizaciones, focalizándolos esencialmente en
las áreas de riesgo y siguiendo las fases que las organizaciones
internacionales especializadas proponen.
·
Incorporar al
marco de integridad un sistema de denuncias y de protección a los denunciantes
de corrupción, fraude, despilfarro o conductas contrarias a los códigos éticos
y, en su caso, a los testigos.
·
Fomentar de
acuerdo con la normativa existente en cada país, mecanismos de transparencia
activa, pasiva y focalizada; la promoción y potenciación de los datos abiertos
en la Administración Pública; la incorporación de nuevas tecnologías y redes
sociales digitales como medio para generar espacios de escucha activa, vías
para la participación ciudadana en la gestión y para colaboración en la
innovación y búsqueda de soluciones
·
Formular e
implementar una regulación completa y sistemática sobre prevención y gestión de
los conflictos de intereses, con su correspondiente sistema de incumplimientos y sanciones,
incluyendo en ella un sistema de detección, control e investigación a través de
un órgano independiente.
·
Disponer a
través de las normas legales consecuentes, de un sistema normativo donde se
definan los incumplimientos de la integridad, sus niveles de gravedad y las
sanciones y donde se asegure que existen consecuencias negativas en caso de
incumplimiento.
·
Construir
sistemas de gestión por resultados para el desarrollo (GpRD) con ámbito
nacional y, consecuentemente, en cada organización, de tal manera que se
refuerce la dirección estratégica, los presupuestos vinculados a objetivos, la
rendición de cuentas y se evalúe el impacto de las políticas existentes. La
gestión de la integridad debe integrarse con la gestión del resto de
subsistemas de las organizaciones, convirtiéndose en un principio orientador
para el conjunto de Cartas del CLAD; desarrollar las mejores prácticas
internacionales en contratación pública, y cumplir con criterios fundamentales
de profesionalidad y eficacia en relación a la selección, competencias y
protección de los miembros de los Comités de ética.
·
Fortalecer las
capacidades de los órganos rectores en materia de ética, integridad y
conflictos de intereses, asegurando que estén dotados de la independencia legal
y autonomía financiera necesaria, conforme la legislación doméstica de cada país,
para ejercitar adecuadamente sus funciones.
Estas orientaciones
constituyen importantes insumos para el diseño, formulación y evaluación de
políticas públicas en la materia, no sólo para los gobiernos nacionales, sino
también para los del ámbito subnacional y local, los cuales muchas veces
carecen de marcos de referencia sistémicos como los que ofrece este instrumento.
Su despliegue propenderá a la generación de valor público y al aumento
de los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas en
un entorno decididamente democrático. En tal sentido, como se sostiene en el
mismo Preámbulo de la CIEIFP, la misma “ofrece un camino hacia el comportamiento íntegro en las
organizaciones públicas, un camino que supere el mero rechazo de las
actuaciones corruptas y busque la mejor forma de servir los intereses
generales”.
En sintonía con lo señalado,
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), plantea a la gobernanza como una opción
estratégica a largo plazo para asistir a los gobiernos en diseñar y ejecutar políticas innovadoras comprometidas
con la ciudadanía y con la cultura de la integridad; teniendo en cuenta
que un gobierno transparente y abierto debe permitir la participación de todos
los actores no estatales o subestatales en el proceso de toma de decisiones del
entorno público.
Así la presente Carta significa un paso adelante en la búsqueda de
acordar, congeniar y señalar ejes estratégicos, criterios y directivas para la
acción de los gobiernos de la región, en temáticas tan trascendentes como la
ética e integridad en la función pública.
Más información: www.eseiap.com
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