Casilda, con acceso a la información pública
Por Gustavo Orellano
Los casildenses podrán controlar los actos de gobierno gracias a una ordenanza que garantiza el acceso a la información pública en el ámbito municipal.
(Casilda - 19/10/2010) La norma otorga la posibilidad de “solicitar, acceder, consultar y recibir información pública” a “toda persona física o jurídica, pública o privada” sin necesidad de “acreditar derecho subjetivo, ni interés legítimo alguno”.
La iniciativa fue impulsada por el concejal radical Juan José Sarasola a fin de “abrir —según indicó— desde la administración pública canales de relación con la sociedad que permitan incentivar a la participación ciudadana y a la vez dotar de más transparencia a los actos de gobierno”.
Proveer información.
Tanto las distintas áreas del Ejecutivo local como los entes descentralizados, las empresas municipales, el Juzgado de Faltas y el Concejo deberán proveer la información pública contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, entre otros formatos.
La norma considera como información “cualquier documentación que sirva de base a un acto administrativo y las actas de reuniones oficiales”.Además aclara que “el órgano Intimidad. requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido” al tiempo que restringe cierta información en caso de mediar orden judicial o ante una serie de supuestos como cuando se vulnere el derecho a la intimidad o al honor, entre otras razones.
El acceso será gratuito de no requerirse su reproducción cuyo costo será a cargo del solicitante. Y si la petición proviene de un organismo público se realizará a través de los mecanismos previstos por sus respectivas reglamentaciones.Entre los considerandos se consigna que “el derecho al acceso a la información pública está consagrado en nuestra constitución a partir de la reforma del año 1994”.
Y en ese contexto se puntualiza que “e nuestra legislación nacional los antecedentes inmediatos son la ley 25.831 (acceso a la información ambiental) y el decreto 1172/2003 (a la del Poder Ejecutivo Nacional), los cuales si bien avanzan sobre una apertura de los canales entre el Estado y la sociedad civil, entendemos son aún insuficientes y deben reproducirse en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal”.
Asimismo se recuerda que “en nuestra provincia continúa en trámite parlamentario un proyecto de libre acceso a la información pública. De igual modo, el gobierno provincial a través del decreto 692/09, regula el acceso a la información pública en el ámbito del Ejecutivo, en un claro y concreto avance en la calidad de la gestión”.
Fuente: La Capital
Por Gustavo Orellano
Los casildenses podrán controlar los actos de gobierno gracias a una ordenanza que garantiza el acceso a la información pública en el ámbito municipal.
(Casilda - 19/10/2010) La norma otorga la posibilidad de “solicitar, acceder, consultar y recibir información pública” a “toda persona física o jurídica, pública o privada” sin necesidad de “acreditar derecho subjetivo, ni interés legítimo alguno”.
La iniciativa fue impulsada por el concejal radical Juan José Sarasola a fin de “abrir —según indicó— desde la administración pública canales de relación con la sociedad que permitan incentivar a la participación ciudadana y a la vez dotar de más transparencia a los actos de gobierno”.
Proveer información.
Tanto las distintas áreas del Ejecutivo local como los entes descentralizados, las empresas municipales, el Juzgado de Faltas y el Concejo deberán proveer la información pública contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, entre otros formatos.
La norma considera como información “cualquier documentación que sirva de base a un acto administrativo y las actas de reuniones oficiales”.Además aclara que “el órgano Intimidad. requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido” al tiempo que restringe cierta información en caso de mediar orden judicial o ante una serie de supuestos como cuando se vulnere el derecho a la intimidad o al honor, entre otras razones.
El acceso será gratuito de no requerirse su reproducción cuyo costo será a cargo del solicitante. Y si la petición proviene de un organismo público se realizará a través de los mecanismos previstos por sus respectivas reglamentaciones.Entre los considerandos se consigna que “el derecho al acceso a la información pública está consagrado en nuestra constitución a partir de la reforma del año 1994”.
Y en ese contexto se puntualiza que “e nuestra legislación nacional los antecedentes inmediatos son la ley 25.831 (acceso a la información ambiental) y el decreto 1172/2003 (a la del Poder Ejecutivo Nacional), los cuales si bien avanzan sobre una apertura de los canales entre el Estado y la sociedad civil, entendemos son aún insuficientes y deben reproducirse en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal”.
Asimismo se recuerda que “en nuestra provincia continúa en trámite parlamentario un proyecto de libre acceso a la información pública. De igual modo, el gobierno provincial a través del decreto 692/09, regula el acceso a la información pública en el ámbito del Ejecutivo, en un claro y concreto avance en la calidad de la gestión”.
Fuente: La Capital
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