Participación y derechos

La participación constituye un proceso dinámico, complejo y pluridimensional, que genera espacios de legitimación y negociación, orientados a profundizar la democratización de los asuntos públicos.

Ese proceso depende de un cúmulo de factores y el marco jurídico interviene en el mismo, generando significativos aportes para su puesta en práctica: al estar los mecanismos reflejados en las normas se potencian y adquieren otra jerarquía; salen del plano de las voluntades y se asientan en el campo de los derechos; facilitando su exigencia y aplicación.

Pero, la formalidad legal, dista muchas veces de la realidad. No es posible conformarse con un conjunto de enunciados de buenas intenciones participativas por más reglamentarias que sean; también resulta necesario avanzar en la efectiva aplicación de sus contenidos.

El texto requiere de "contexto": es bueno que los derechos se escriban, pero mucho mejor aún es que germinen y se cumplan; en esto mucho tiene que ver el conocimiento que se tiene de ellos y la existencia de instancias de formación y educación permanente en derechos y deberes para una más arraigada cultura democrática.

Las mismas normas dan crédito de esta carencia, ya que como se ha visto, muchas de ellas contemplan la obligación de difundir sus contenidos a la ciudadanía bajo distintas formas. Por ello, la formación cívica debe ser una tarea continua y permanente y constituir uno de los roles indelegables del Estado en todos sus niveles, para la toma de conciencia de los derechos fundamentales y el despliegue de la igualdad de oportunidades.

La relación entre institucionalización y ejercicio de la participación es compleja: existen municipios donde no se produce la participación y hay escasas normas al respecto, otros donde se produce la participación aún a pesar la inexistencia de un marco jurídico, pero también aquellos con escasa práctica participativa a pesar de tener una profusa normativa en la materia, lo que provoca que se configuren cuatro diferentes escenarios de relaciones entre la institucionalización y el ejercicio de la participación:

Escenario 1: donde no se desarrollan experiencias de participación ciudadana, ni su marco jurídico prevé las mismas, ("neutro").

Escenario 2: donde no se desarrollan experiencias de participación ciudadana pero el marco jurídico prevé las mismas, ("latente").

Escenario 3: donde se desarrollan experiencias de participación ciudadana, pero el marco jurídico no prevé las mismas, ("activo").

Escenario 4: donde se desarrollan experiencias de participación ciudadana y su marco jurídico prevé las mismas, ("adecuado").

Luego de largos años de interrupciones de orden constitucional, por lo general se tiene la idea, que los municipios de la República Argentina se encuentran en un escenario “neutro” respecto de la participación, (escasez de ejercicio y de normas afines).

Pero en la práctica, puede constatarse luego de las reformas normativas producidas desde la recuperación democrática, que el escenario que más prevalece es el “latente”: es decir la existencia de un marco jurídico facilitador de la participación, con variados mecanismos, el cual paradójicamente es escasamente utilizado, lo que abre el gran interrogante acerca de cuáles son los caminos más idóneos para revertir esa situación y pasar a utilizar plenamente ese importante entramado. Situación que induce a pensar que el déficit en el país, no es tanto de "arquitectura" jurídica, sino de cultura democrática.

Para seguir pensado:

“Para ampliar espacios democráticos resulta menester un concepto de derecho amplio y permeable a los brotes instituyentes de construcción de ciudadanía, pero asimismo es necesario utilizar con creatividad los elementos consagrados e instituidos en el marco jurídico republicano".

Por ello cabe preguntarnos: ¿Qué hacemos con lo escrito que no se ejerce?

Leopoldo J. Fidyka