Educación para la ciudadanía, educación para el desarrollo
Por Flavia Tello Sánchez (*)
Un nuevo debate se ha abierto en España: impartir Educación para la Ciudadanía en los planes de enseñanza es motivo de controversia. Diversos sectores sociales y políticos se han posicionado en contra por considerar que invade competencias propias de las familias y que atenta contra los valores establecidos en la Constitución. Otros opinan que enseñar esta materia puede contribuir a conseguir una sociedad más justa y con mayor sentido cívico y crítico.
Más allá de la educación recibida en el ámbito familiar, es cierto también que las personas no están igualmente preparadas para vivir en sociedad de manera democrática, respetuosas con los derechos comunes y tolerantes con las diferencias. La Educación para la Ciudadanía es entonces una alternativa no sólo válida sino necesaria para la construcción de valores cívicos. En cualquier caso, ésta puede ser supletoria de la enseñanza tradicional (entiéndase familiar), pero es deber del Estado fomentar hábitos democráticos y éticos que propicien una cultura de la paz.
En este sentido, educar para la ciudadanía es educar para el desarrollo. Resulta insoslayable una enseñanza comunitaria afirmada en valores cívicos puesto que las ciudades deben reflejar no sólo capacidad para la convivencia armónica, sino también respeto al prójimo, al ser diferente, sea rico o pobre, sea hombre o mujer, sea nacional o inmigrante, creyente o ateo, heterosexual o homosexual. Todas las personas merecen el reconocimiento y el respeto de sus derechos como seres humanos, pero todas también tienen el deber de cuidar el espacio medioambiental con el fin de que las futuras generaciones también gocen de los recursos que la naturaleza ofrece. La educación cívica implica, además, mantener el orden y la limpieza de los lugares públicos. No podemos permitirnos el uso inadecuado de los espacios comunes, y mucho menos que hábitos contaminantes provoquen más gastos en limpiar que en mantener y mejorar.
Por otra parte, actualmente las ciudades son núcleos multiculturales donde las diferencias ya no son extrañas y donde el respeto y la tolerancia pasa a ser premisa esencial para la convivencia. Lamentablemente aún hoy la equidad social parece una utopía, y ni siquiera los altos estratos de la política y la academia han encontrado la fórmula que contribuya a la cultura de la paz.
La preocupación por las cuestiones comunitarias y el consecuente compromiso a través de la participación social y política, son asignaturas que asimismo debieran ser alimentadas desde el inicio de la conciencia cívica.
Y demás está afirmar que el municipio es el escenario más idóneo para promover la educación para la ciudadanía. El contacto cara a cara que sólo el espacio local permite es lo que posiciona a los municipios como sujetos competitivos de la promoción de hábitos cívicos. Así pues, los gobiernos locales tienen el desafío de educar para el desarrollo.
Un nuevo debate se ha abierto en España: impartir Educación para la Ciudadanía en los planes de enseñanza es motivo de controversia. Diversos sectores sociales y políticos se han posicionado en contra por considerar que invade competencias propias de las familias y que atenta contra los valores establecidos en la Constitución. Otros opinan que enseñar esta materia puede contribuir a conseguir una sociedad más justa y con mayor sentido cívico y crítico.
Más allá de la educación recibida en el ámbito familiar, es cierto también que las personas no están igualmente preparadas para vivir en sociedad de manera democrática, respetuosas con los derechos comunes y tolerantes con las diferencias. La Educación para la Ciudadanía es entonces una alternativa no sólo válida sino necesaria para la construcción de valores cívicos. En cualquier caso, ésta puede ser supletoria de la enseñanza tradicional (entiéndase familiar), pero es deber del Estado fomentar hábitos democráticos y éticos que propicien una cultura de la paz.
En este sentido, educar para la ciudadanía es educar para el desarrollo. Resulta insoslayable una enseñanza comunitaria afirmada en valores cívicos puesto que las ciudades deben reflejar no sólo capacidad para la convivencia armónica, sino también respeto al prójimo, al ser diferente, sea rico o pobre, sea hombre o mujer, sea nacional o inmigrante, creyente o ateo, heterosexual o homosexual. Todas las personas merecen el reconocimiento y el respeto de sus derechos como seres humanos, pero todas también tienen el deber de cuidar el espacio medioambiental con el fin de que las futuras generaciones también gocen de los recursos que la naturaleza ofrece. La educación cívica implica, además, mantener el orden y la limpieza de los lugares públicos. No podemos permitirnos el uso inadecuado de los espacios comunes, y mucho menos que hábitos contaminantes provoquen más gastos en limpiar que en mantener y mejorar.
Por otra parte, actualmente las ciudades son núcleos multiculturales donde las diferencias ya no son extrañas y donde el respeto y la tolerancia pasa a ser premisa esencial para la convivencia. Lamentablemente aún hoy la equidad social parece una utopía, y ni siquiera los altos estratos de la política y la academia han encontrado la fórmula que contribuya a la cultura de la paz.
La preocupación por las cuestiones comunitarias y el consecuente compromiso a través de la participación social y política, son asignaturas que asimismo debieran ser alimentadas desde el inicio de la conciencia cívica.
Y demás está afirmar que el municipio es el escenario más idóneo para promover la educación para la ciudadanía. El contacto cara a cara que sólo el espacio local permite es lo que posiciona a los municipios como sujetos competitivos de la promoción de hábitos cívicos. Así pues, los gobiernos locales tienen el desafío de educar para el desarrollo.
(*) Lic. en Administración con orientación Municipal por la Universidad de Congreso. Mendoza, Argentina. Magister en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Universidad Carlos III de Madrid.
Es experta en temas de desarrollo local, con especial énfasis en políticas sociales con enfoque de género. Actualmente dirige los programas de formación de la Escuela Superior de Gobierno Local de la UIM.
Es experta en temas de desarrollo local, con especial énfasis en políticas sociales con enfoque de género. Actualmente dirige los programas de formación de la Escuela Superior de Gobierno Local de la UIM.
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