Bolivia: algo más que una feroz lucha por el ingreso
Por Oscar Raúl Cardoso.
El referéndum autonómico en Santa Cruz de la Sierra puede abrir un nuevo capítulo de enfrentamientos violentos, detrás de los cuales hay una dura puja por el reparto de la renta nacional.
26/4/08. No conviene equivocarse en esta circunstancia. Hay mucho más de lo que el ojo encuentra en un primer examen en el conflicto institucional boliviano que el cuarto día del mes de mayo escalará una vez con la realización en Santa Cruz —uno de cuatro departamentos ricos en el este boliviano— de un referéndum de dudosa legalidad para establecer mayores atributos autonómicos.
Será el primero de los desafíos a la autoridad central del presidente Evo Morales y, al menos otras tres regiones, también entre las de mayor riqueza del país —Beni, Pando y Tarija—, se aprestan a imitar a los cruceños. Aunque no está decidido Cochabamba y Chuquisaca están debatiendo la posibilidad de seguir el mismo camino.
El temor es, por cierto, que la disputa abandone el camino de las urnas —legales o no— para desplazarse por el de los enfrentamientos violentos. Esta es una de las razones por las cuales, a pesar de haber amagado con el fantasma retórico de la represión de la rebeldía oriental, Morales se ha cuidado hasta ahora de apelar al Ejército para imponer sus términos.
Pero si los cruceños logran sus objetivos —un 80% de participación y un porcentaje similar de votos emitidos favorables a la autonomía— la legalidad del referéndum se volverá una discusión académica y el hecho consumado tendrá un enorme impacto negativo sobre la autoridad del Gobierno central y sobre la nueva Constitución que Morales hizo aprobar en Asamblea Constituyente y luego revalidar por el Congreso en un proceso amañado en la cual la oposición fue mantenida físicamente lejos en los instantes de las votaciones claves.
Las autoridades de La Paz habían prometido un plebiscito nacional para que el voto popular bendijera definitivamente la nueva ley de leyes y hasta había fijado el 4 de mayo como fecha, pero luego decidió postergarlo aduciendo razones organizativas. Santa Cruz no quiso bajarse de la idea original y organizó su respuesta dentro de su propio territorio.
La justicia electoral boliviana ha declarado que este proyecto de Santa Cruz carece de validez jurídica y hasta la OEA ha desaconsejado realizar la consulta en un solo departamento y al margen del gobierno nacional porque, dijo, atenta contra la estabilidad democrática. Los bandos pro y anti referéndum ya han trabado sus cuernos y, entre los más recientes signos de escalada, el Ministerio de Hacienda nacional suspendió el envío a la Prefectura (gobernación) de Santa Cruz de los fondos coparticipados de la renta petrolera y de compensación (unos 12 millones de dólares para el mes en curso).
El resto de Latinoamérica tiene grandes intereses en ayudar a evitar que el conflicto boliviano se desmadre y a la vez sus diplomacias están severamente limitadas mientras el problema se reduzca a un debate interno que solo pueden dar y, con suerte, resolver los bolivianos.Pero quizá ayude a entender la esencia de ese conflicto que no es otra cosa que el control de los recursos —esencialmente los de petróleo y gas— y del aumento de la renta nacional provocado desde que Morales realizara una nacionalización parcial de los mismos hace casi dos años.
En los términos más sencillos los departamentos que tienen la riqueza —y Santa Cruz sea quizás el más importante de todos ellos— no desean contribuir más a la manutención de las regiones menos favorecidas del altiplano —y con un sesgo de discriminación étnica— tampoco desean ver crecer el poder de la mayoría indígena de la población boliviana.
Estos son dos de los objetivos que busca la nueva Constitución que Morales hizo aprobar.Está por verse cuáles principios se impondrán y si Bolivia puede superar una instancia que tiene el potencial —por ahora solo el potencial— divisorio de su territorio y su población. Pero ayuda a entender el problema si inscribimos sus características centrales no solo en el panorama de la región sino también en el mundial.
En síntesis, esta crisis institucional en ciernes en Bolivia puede ser reducida a una disputa por el ingreso, una característica de estos tiempos que puede encontrarse en casi cualquier geografía. Después de los años 80 y 90, dos décadas de extrema docilidad para con los dictados de las políticas económicas ortodoxas y sobre todo del discurso universal que propone una aceptación de los costos sociales de la modernización productiva, hay en marcha un incipiente movimiento no menos global que quiere examinar críticamente los pactos sociales y la forma en que estos lesionan la equidad en la distribución de la riqueza.
Los síntomas están en todas partes y vienen en los envoltorios más disímiles. Los beneficiarios en esa distribución han comenzado a pujar cuando se dan cuenta de que la consigna "hay que crear más riqueza antes de repartir" cada vez convence menos. La distribución de la riqueza es siempre un juego de suma cero en el que algunos tienen que perder algo para que otros puedan ganar algo.Ya sea que uno analice el enfrentamiento Gobierno-Campo en la Argentina, o la huelga —primera en 21 años— que los trabajadores estatales le han planteado a Gordon Brown en Inglaterra o el modo en que la crisis económica está dominando la puja presidencial en Estados Unidos, todos esos desarrollos —y por cierto otros— tienen en común demandas nuevas de los sectores menos favorecidos. Esto anuncia una etapa rica en hechos pero también riesgosa.
Por Oscar Raúl Cardoso.
El referéndum autonómico en Santa Cruz de la Sierra puede abrir un nuevo capítulo de enfrentamientos violentos, detrás de los cuales hay una dura puja por el reparto de la renta nacional.
26/4/08. No conviene equivocarse en esta circunstancia. Hay mucho más de lo que el ojo encuentra en un primer examen en el conflicto institucional boliviano que el cuarto día del mes de mayo escalará una vez con la realización en Santa Cruz —uno de cuatro departamentos ricos en el este boliviano— de un referéndum de dudosa legalidad para establecer mayores atributos autonómicos.
Será el primero de los desafíos a la autoridad central del presidente Evo Morales y, al menos otras tres regiones, también entre las de mayor riqueza del país —Beni, Pando y Tarija—, se aprestan a imitar a los cruceños. Aunque no está decidido Cochabamba y Chuquisaca están debatiendo la posibilidad de seguir el mismo camino.
El temor es, por cierto, que la disputa abandone el camino de las urnas —legales o no— para desplazarse por el de los enfrentamientos violentos. Esta es una de las razones por las cuales, a pesar de haber amagado con el fantasma retórico de la represión de la rebeldía oriental, Morales se ha cuidado hasta ahora de apelar al Ejército para imponer sus términos.
Pero si los cruceños logran sus objetivos —un 80% de participación y un porcentaje similar de votos emitidos favorables a la autonomía— la legalidad del referéndum se volverá una discusión académica y el hecho consumado tendrá un enorme impacto negativo sobre la autoridad del Gobierno central y sobre la nueva Constitución que Morales hizo aprobar en Asamblea Constituyente y luego revalidar por el Congreso en un proceso amañado en la cual la oposición fue mantenida físicamente lejos en los instantes de las votaciones claves.
Las autoridades de La Paz habían prometido un plebiscito nacional para que el voto popular bendijera definitivamente la nueva ley de leyes y hasta había fijado el 4 de mayo como fecha, pero luego decidió postergarlo aduciendo razones organizativas. Santa Cruz no quiso bajarse de la idea original y organizó su respuesta dentro de su propio territorio.
La justicia electoral boliviana ha declarado que este proyecto de Santa Cruz carece de validez jurídica y hasta la OEA ha desaconsejado realizar la consulta en un solo departamento y al margen del gobierno nacional porque, dijo, atenta contra la estabilidad democrática. Los bandos pro y anti referéndum ya han trabado sus cuernos y, entre los más recientes signos de escalada, el Ministerio de Hacienda nacional suspendió el envío a la Prefectura (gobernación) de Santa Cruz de los fondos coparticipados de la renta petrolera y de compensación (unos 12 millones de dólares para el mes en curso).
El resto de Latinoamérica tiene grandes intereses en ayudar a evitar que el conflicto boliviano se desmadre y a la vez sus diplomacias están severamente limitadas mientras el problema se reduzca a un debate interno que solo pueden dar y, con suerte, resolver los bolivianos.Pero quizá ayude a entender la esencia de ese conflicto que no es otra cosa que el control de los recursos —esencialmente los de petróleo y gas— y del aumento de la renta nacional provocado desde que Morales realizara una nacionalización parcial de los mismos hace casi dos años.
En los términos más sencillos los departamentos que tienen la riqueza —y Santa Cruz sea quizás el más importante de todos ellos— no desean contribuir más a la manutención de las regiones menos favorecidas del altiplano —y con un sesgo de discriminación étnica— tampoco desean ver crecer el poder de la mayoría indígena de la población boliviana.
Estos son dos de los objetivos que busca la nueva Constitución que Morales hizo aprobar.Está por verse cuáles principios se impondrán y si Bolivia puede superar una instancia que tiene el potencial —por ahora solo el potencial— divisorio de su territorio y su población. Pero ayuda a entender el problema si inscribimos sus características centrales no solo en el panorama de la región sino también en el mundial.
En síntesis, esta crisis institucional en ciernes en Bolivia puede ser reducida a una disputa por el ingreso, una característica de estos tiempos que puede encontrarse en casi cualquier geografía. Después de los años 80 y 90, dos décadas de extrema docilidad para con los dictados de las políticas económicas ortodoxas y sobre todo del discurso universal que propone una aceptación de los costos sociales de la modernización productiva, hay en marcha un incipiente movimiento no menos global que quiere examinar críticamente los pactos sociales y la forma en que estos lesionan la equidad en la distribución de la riqueza.
Los síntomas están en todas partes y vienen en los envoltorios más disímiles. Los beneficiarios en esa distribución han comenzado a pujar cuando se dan cuenta de que la consigna "hay que crear más riqueza antes de repartir" cada vez convence menos. La distribución de la riqueza es siempre un juego de suma cero en el que algunos tienen que perder algo para que otros puedan ganar algo.Ya sea que uno analice el enfrentamiento Gobierno-Campo en la Argentina, o la huelga —primera en 21 años— que los trabajadores estatales le han planteado a Gordon Brown en Inglaterra o el modo en que la crisis económica está dominando la puja presidencial en Estados Unidos, todos esos desarrollos —y por cierto otros— tienen en común demandas nuevas de los sectores menos favorecidos. Esto anuncia una etapa rica en hechos pero también riesgosa.
Fuente: Clarín.com
1 comentario:
Muy interesante su blog. Tomo buena nota de su dirección y de sus indicaciones. Gracias
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