sábado, 12 de julio de 2008

Tenerife


El Gobierno consultará ley de participación ciudadana con los partidos y juristas

10//7/08. Santa Cruz de Tenerife, EFE El Gobierno de Canarias iniciará a partir de septiembre la creación de grupos de trabajo con fuerzas políticas, sociales y jurídicas para perfeccionar el proyecto de ley de participación ciudadana, que confía en enviar al Parlamento regional en el primer trimestre de 2009.

Así lo anunció hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, quien dijo en rueda de prensa que el Gobierno quiere una ciudadanía "activa, responsable y participativa" y hasta ahora no hay antecedentes suficientes de un nivel de participación ciudadana a estos niveles, sólo en el municipal.

La idea del Gobierno es establecer esta participación "a todos los ámbitos" y citó como ejemplo que ha habido asuntos "clave" en algunas islas, como el caso del puerto de Granadilla en Tenerife, en el que no ha habido procesos organizados para saber la opinión de la gentes, por lo que se trata de "articular" este mecanismo.

Para ello el Gobierno ha culminado la primera fase, de carácter técnico, mientras que en la segunda, que comenzó en junio y se prolongará hasta septiembre, se desarrollan encuentros con los agentes sociales y económicos y aportaciones de ciudadanos por internet.

El Gobierno regional ultima asimismo el borrador del anteproyecto de ley de función pública para abrir "un foro de debate" con los empleados públicos y que éstos puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas.

También destacó José Miguel Ruano el inicio de negociaciones en mayo entre el Ejecutivo autonómico y la Federación Canaria de Municipios para conformar un pacto local en el que también estén representados los cabildos.

A su juicio, este pacto podrá conseguirse en la actual legislatura y de esta manera se permitirá traspasar diferentes competencias a los ayuntamientos.

Para ello en una primera fase se abordará la delegación de competencias de cabildos a ayuntamientos y una segunda en la que habrá que proceder a modificar el Estatuto de Autonomía y la ley de administraciones públicas canarias.


Fuente: www.eldia.es

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