Red de Expertos Iberoamericanos sobre Gestión Pública REI - CEDDET - INAP España.
Tema: Administración pública y participación ciudadana: encuentros, claves y desafíos
Por Leopoldo Fidyka
Tema: Administración pública y participación ciudadana: encuentros, claves y desafíos
Por Leopoldo Fidyka
Este artículo toma como fuente los principales resultados del Foro de la Red de Expertos Iberoamericanos realizado entre los días 27 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2008, en el que fui especialmente invitado para coordinar el debate sobre Administración pública y participación ciudadana.
El debate se centró en los siguientes ejes temáticos:
1. Aproximación conceptual e importancia de la participación ciudadana.
2. Participación ciudadana, administración pública y políticas públicas: lineamientos, relaciones y perspectivas.
3. Experiencias de gestión en torno a la participación ciudadana. Análisis y aprendizajes.
4. Retos que enfrentan las administraciones públicas en materia de participación ciudadana.
En virtud del creciente protagonismo que está adquiriendo la participación ciudadana en la agenda pública, como punto de partida resultó necesario realizar una aproximación conceptual y analizar su importancia, componentes y elementos constitutivos.
Se señaló la trascendencia de abrir cauces de participación en los asuntos públicos para el fortalecimiento democrático, el aumento de la legitimidad, la ampliación del compromiso de los servidores públicos y para dar mayor sustentabilidad a las políticas y proyectos. Sin embargo se puntualizaron algunos problemas relacionados con ella, como el peligro de la manipulación, el corporativismo o su mera utilización partidista.
Se concibió la participación ciudadana como un derecho y una responsabilidad, algo diferente a la participación política, ésta última se relaciona con lo electoral y los partidos políticos, en cambio la primera se orienta a la implicancia activa y permanente en la “cosa pública”, más allá del voto.
Un participante aportó una excelente definición entendiendo por participación ciudadana al “proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”.
En un momento se plantearon los límites de la participación y fueron coincidentes las opiniones en el sentido que la participación y la representación no son opuestas sino por el contrario son complementarias en un sistema democrático, en ese sentido se expuso: “un gobierno que facilita la participación, se legitima, refuerza su representatividad y la creencia de los ciudadanos en el sistema democrático”.
Quedó claro que la participación es un proceso en el que convergen una serie de factores para su despliegue como la efectiva voluntad política; la claridad de objetivos, transparencia y comunicación del proceso; el acceso a la información pública; la disponibilidad de recursos (económicos, de conocimiento); la existencia de organizaciones de la sociedad civil, la cultura asociativa o de construcción de consensos de esa comunidad; el éxito o fracaso de experiencias anteriores; la adecuación de la instancia propuesta al contexto socio-cultural del territorio, y la existencia de mecanismos jurídicos e institucionales que la garanticen, entre otros.
Se planteó que la participación como política pública no puede reducirse a la mera sanción de normas sino que implica un conjunto más amplio de intervenciones como la promoción de la formación y educación para participar y que su desarrollo provoca un círculo virtuoso de calidad hacia mejores políticas, sin embargo un desafío muy importante constituye la puesta en práctica de la participación “puertas adentro” de la administración.
En cuanto a experiencias concretas aparecieron interesantes casos, como por ejemplo: el Plan Quito Siglo XXI, Quito, Ecuador, el mecanismo de consulta pública de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Uruguay; el Centro de información y recursos para el Desarrollo, Paraguay; la aplicación de la Ley de presupuestos participativos del Perú; el presupuesto participativo de Montevideo, Uruguay y de Gral. Pueyrredón, Argentina; el plan de alfabetización de Cotacachi, Ecuador; los Centros Vecinales de la ciudad de Jesús María, en la Provincia de Córdoba, República Argentina.
En cuanto a los retos de la participación se sostuvo que su fortalecimiento requiere la adopción de nuevos roles e implica profundos cambios culturales, que resulta importante no perder de vista los propósitos y fortalezas, que trae consigo, como la generación de aprendizaje social, la adquisición de capacidades ciudadanas y el fortalecimiento democrático.
Asimismo que el Estado en todos sus niveles debe tomar un papel activo en la materia e incorporarla decididamente a su agenda de actuación, en sintonía con lo que disponen distintos instrumentos internacionales como por ejemplo el Código Iberoamericano de Buen Gobierno.
Otra cuestión a tener en cuenta es la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales ofrecen notables posibilidades para incentivar y ampliar la participación, pero al mismo tiempo deberían priorizarse medidas adecuadas para garantizar la inclusión digital de amplios sectores sociales que carecen de acceso a las mismas.
Por último cabe destacar, el interés de los participant@s, la calidad de las intervenciones y el fructifico intercambio de ideas a lo largo del Foro, lo que permitió generar un interesante espacio de aprendizaje en torno a la temática.
LF
El debate se centró en los siguientes ejes temáticos:
1. Aproximación conceptual e importancia de la participación ciudadana.
2. Participación ciudadana, administración pública y políticas públicas: lineamientos, relaciones y perspectivas.
3. Experiencias de gestión en torno a la participación ciudadana. Análisis y aprendizajes.
4. Retos que enfrentan las administraciones públicas en materia de participación ciudadana.
En virtud del creciente protagonismo que está adquiriendo la participación ciudadana en la agenda pública, como punto de partida resultó necesario realizar una aproximación conceptual y analizar su importancia, componentes y elementos constitutivos.
Se señaló la trascendencia de abrir cauces de participación en los asuntos públicos para el fortalecimiento democrático, el aumento de la legitimidad, la ampliación del compromiso de los servidores públicos y para dar mayor sustentabilidad a las políticas y proyectos. Sin embargo se puntualizaron algunos problemas relacionados con ella, como el peligro de la manipulación, el corporativismo o su mera utilización partidista.
Se concibió la participación ciudadana como un derecho y una responsabilidad, algo diferente a la participación política, ésta última se relaciona con lo electoral y los partidos políticos, en cambio la primera se orienta a la implicancia activa y permanente en la “cosa pública”, más allá del voto.
Un participante aportó una excelente definición entendiendo por participación ciudadana al “proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”.
En un momento se plantearon los límites de la participación y fueron coincidentes las opiniones en el sentido que la participación y la representación no son opuestas sino por el contrario son complementarias en un sistema democrático, en ese sentido se expuso: “un gobierno que facilita la participación, se legitima, refuerza su representatividad y la creencia de los ciudadanos en el sistema democrático”.
Quedó claro que la participación es un proceso en el que convergen una serie de factores para su despliegue como la efectiva voluntad política; la claridad de objetivos, transparencia y comunicación del proceso; el acceso a la información pública; la disponibilidad de recursos (económicos, de conocimiento); la existencia de organizaciones de la sociedad civil, la cultura asociativa o de construcción de consensos de esa comunidad; el éxito o fracaso de experiencias anteriores; la adecuación de la instancia propuesta al contexto socio-cultural del territorio, y la existencia de mecanismos jurídicos e institucionales que la garanticen, entre otros.
Se planteó que la participación como política pública no puede reducirse a la mera sanción de normas sino que implica un conjunto más amplio de intervenciones como la promoción de la formación y educación para participar y que su desarrollo provoca un círculo virtuoso de calidad hacia mejores políticas, sin embargo un desafío muy importante constituye la puesta en práctica de la participación “puertas adentro” de la administración.
En cuanto a experiencias concretas aparecieron interesantes casos, como por ejemplo: el Plan Quito Siglo XXI, Quito, Ecuador, el mecanismo de consulta pública de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Uruguay; el Centro de información y recursos para el Desarrollo, Paraguay; la aplicación de la Ley de presupuestos participativos del Perú; el presupuesto participativo de Montevideo, Uruguay y de Gral. Pueyrredón, Argentina; el plan de alfabetización de Cotacachi, Ecuador; los Centros Vecinales de la ciudad de Jesús María, en la Provincia de Córdoba, República Argentina.
En cuanto a los retos de la participación se sostuvo que su fortalecimiento requiere la adopción de nuevos roles e implica profundos cambios culturales, que resulta importante no perder de vista los propósitos y fortalezas, que trae consigo, como la generación de aprendizaje social, la adquisición de capacidades ciudadanas y el fortalecimiento democrático.
Asimismo que el Estado en todos sus niveles debe tomar un papel activo en la materia e incorporarla decididamente a su agenda de actuación, en sintonía con lo que disponen distintos instrumentos internacionales como por ejemplo el Código Iberoamericano de Buen Gobierno.
Otra cuestión a tener en cuenta es la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales ofrecen notables posibilidades para incentivar y ampliar la participación, pero al mismo tiempo deberían priorizarse medidas adecuadas para garantizar la inclusión digital de amplios sectores sociales que carecen de acceso a las mismas.
Por último cabe destacar, el interés de los participant@s, la calidad de las intervenciones y el fructifico intercambio de ideas a lo largo del Foro, lo que permitió generar un interesante espacio de aprendizaje en torno a la temática.
LF
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