1era entrega
Algunos aspectos de los reglamentos locales de participación ciudadana de Andalucía:
Relaciones con la ciudadanía, el fomento de la participación y la utilización de las TICs.
Por Leopoldo J. Fidyka
Consideraciones preliminares
El presente trabajo pretende generar aportes relacionados con distintos aspectos de las políticas públicas de participación ciudadana a escala local. Toma como principal fuente de referencia algunos resultados de un proyecto de investigación de carácter exploratorio en torno a los Reglamentos de Participación Ciudadana (RPC), de algunas ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía desarrollado con el apoyo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
De las distintas temáticas y canales incorporadas en los reglamentos se presentan aquellos relacionados con la gestión de las relaciones con la ciudadanía, el fomento de la participación y la utilización de las tecnologías de información y comunicación en aras del fortalecimiento del involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Se trata de un estudio comparado de las diferentes respuestas normativas que adoptan las ciudades del territorio andaluz a los efectos de generar un conjunto de aprendizajes replicables en materia de legislación para la participación y el diseño de políticas y en ese sentido, es menester agradecer muy especialmente el apoyo recibido por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, para el desarrollo de esta línea de investigación[1].
1. La participación ciudadana como política pública.
Pueden entenderse por políticas públicas al conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que se consideran prioritarios. Se considera por lo tanto, de la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social considerada políticamente como inaceptable y que hay que cambiar y mejorar.
La política pública incorpora por tanto las decisiones correspondientes a todas y cada una de las etapas de la acción pública e incluye tanto reglas generales y abstractas (leyes, decretos, órdenes, etc.), como actos individuales y concretos producidos durante la ejecución de las mismas (decisiones administrativas, autorizaciones, subvenciones, etc.). Y, en consecuencia, cualquier política pública establece, por acción o por omisión, las vías por las cuales la ciudadanía se incorpora o no en las diferentes fases del proceso de elaboración, decisión y puesta en práctica de la política.
En los últimos años distintos gobiernos nacionales, provinciales y locales vienen incorporando medidas de acción positiva orientadas a la participación. “…ha iniciado una demanda todavía confusa y poco estructurada de mejorar canales de representación, de escuchar mejor lo que dice la gente, de no imaginar que gobernar en base a la representatividad conseguida no es ningún cheque en blanco para decidir en ciertos temas sin contar con la ciudadanía”.(Subirats)
Siguiendo al autor, la política pública de participación ciudadana tiene por lo tanto como objetivo el modificar, -en el sentido de complementar y mejorar-, la capacidad de las instituciones representativas de responder a las demandas de los ciudadanos, y hacer esto atendiendo de manera más directa a sus prioridades, opiniones y alternativas, sin confiar únicamente en la legitimidad conseguida en las elecciones.
Yves Sintomer, plantea los objetivos centrales de las políticas de participación: 1) Mejorar la gestión, modernizar la administración; 2) transformar las relaciones sociales; 3) promover el desarrollo sostenible; y 4) profundizar la democracia.
De su estudio de experiencias europeas sostiene que la institución de la participación tiene por objetivo reforzar la comunicación entre representantes y representados y favorecer el surgimiento de una democracia deliberativa[2].
Como toda política, las de participación ciudadana pueden ser caracterizadas desde cada uno de sus componentes: los problemas que intentan resolver, los actores que procuran alcanzar, las formas de implementación y la evaluación de las mismas.
Esta política no pretende sustituir las vías establecidas de democracia representativa ni tampoco los sistemas de rendición de cuentas institucionalmente fijados, sino hacer crecer la legitimidad y la capacidad de respuesta de estas instituciones.
Entre esas finalidades ha de agregarse, especialmente en América Latina, la de promover la adquisición de capacidades cívicas y la construcción de ciudadanía, dado los amplios sectores de la población excluidos de los derechos básicos indispensables.
En general se trata de iniciativas de distinto tenor y desde diferentes enfoques, que muchas veces se impulsan desde áreas específicas creadas para esta finalidad, orientadas a potenciar la participación ciudadana, impulsar la asociatividad y fomentar la cultura democrática.
Un elemento importante para el desenvolvimiento de políticas en la materia, lo constituye el marco jurídico, el cual puede ser un factor que favorezca (o dificulte) procesos participativos.
Sigue...
[1] “Reglamentos de Participación Ciudadana. Estudio comparado en ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía” Instituto Urbano y Territorial UIM, L. Fidyka Beca UIM de investigación 2008.
[2] Inspirada en Habermas (1993:1997), esta noción que ha ejercido una influencia creciente en la teoría política anglosajona, identifica el poder que se constituye en el espacio público iluminado por el debate de calidad, y convierte este espacio público en el corazón de la dinámica democrática. (Yves Sintomer, “La participación como tendencia política europea” en “Los Modelos, Proyectos y Políticas de Participación en Grandes Ciudades”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, 2006.
Algunos aspectos de los reglamentos locales de participación ciudadana de Andalucía:
Relaciones con la ciudadanía, el fomento de la participación y la utilización de las TICs.
Por Leopoldo J. Fidyka
Consideraciones preliminares
El presente trabajo pretende generar aportes relacionados con distintos aspectos de las políticas públicas de participación ciudadana a escala local. Toma como principal fuente de referencia algunos resultados de un proyecto de investigación de carácter exploratorio en torno a los Reglamentos de Participación Ciudadana (RPC), de algunas ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía desarrollado con el apoyo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
De las distintas temáticas y canales incorporadas en los reglamentos se presentan aquellos relacionados con la gestión de las relaciones con la ciudadanía, el fomento de la participación y la utilización de las tecnologías de información y comunicación en aras del fortalecimiento del involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Se trata de un estudio comparado de las diferentes respuestas normativas que adoptan las ciudades del territorio andaluz a los efectos de generar un conjunto de aprendizajes replicables en materia de legislación para la participación y el diseño de políticas y en ese sentido, es menester agradecer muy especialmente el apoyo recibido por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, para el desarrollo de esta línea de investigación[1].
1. La participación ciudadana como política pública.
Pueden entenderse por políticas públicas al conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que se consideran prioritarios. Se considera por lo tanto, de la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social considerada políticamente como inaceptable y que hay que cambiar y mejorar.
La política pública incorpora por tanto las decisiones correspondientes a todas y cada una de las etapas de la acción pública e incluye tanto reglas generales y abstractas (leyes, decretos, órdenes, etc.), como actos individuales y concretos producidos durante la ejecución de las mismas (decisiones administrativas, autorizaciones, subvenciones, etc.). Y, en consecuencia, cualquier política pública establece, por acción o por omisión, las vías por las cuales la ciudadanía se incorpora o no en las diferentes fases del proceso de elaboración, decisión y puesta en práctica de la política.
En los últimos años distintos gobiernos nacionales, provinciales y locales vienen incorporando medidas de acción positiva orientadas a la participación. “…ha iniciado una demanda todavía confusa y poco estructurada de mejorar canales de representación, de escuchar mejor lo que dice la gente, de no imaginar que gobernar en base a la representatividad conseguida no es ningún cheque en blanco para decidir en ciertos temas sin contar con la ciudadanía”.(Subirats)
Siguiendo al autor, la política pública de participación ciudadana tiene por lo tanto como objetivo el modificar, -en el sentido de complementar y mejorar-, la capacidad de las instituciones representativas de responder a las demandas de los ciudadanos, y hacer esto atendiendo de manera más directa a sus prioridades, opiniones y alternativas, sin confiar únicamente en la legitimidad conseguida en las elecciones.
Yves Sintomer, plantea los objetivos centrales de las políticas de participación: 1) Mejorar la gestión, modernizar la administración; 2) transformar las relaciones sociales; 3) promover el desarrollo sostenible; y 4) profundizar la democracia.
De su estudio de experiencias europeas sostiene que la institución de la participación tiene por objetivo reforzar la comunicación entre representantes y representados y favorecer el surgimiento de una democracia deliberativa[2].
Como toda política, las de participación ciudadana pueden ser caracterizadas desde cada uno de sus componentes: los problemas que intentan resolver, los actores que procuran alcanzar, las formas de implementación y la evaluación de las mismas.
Esta política no pretende sustituir las vías establecidas de democracia representativa ni tampoco los sistemas de rendición de cuentas institucionalmente fijados, sino hacer crecer la legitimidad y la capacidad de respuesta de estas instituciones.
Entre esas finalidades ha de agregarse, especialmente en América Latina, la de promover la adquisición de capacidades cívicas y la construcción de ciudadanía, dado los amplios sectores de la población excluidos de los derechos básicos indispensables.
En general se trata de iniciativas de distinto tenor y desde diferentes enfoques, que muchas veces se impulsan desde áreas específicas creadas para esta finalidad, orientadas a potenciar la participación ciudadana, impulsar la asociatividad y fomentar la cultura democrática.
Un elemento importante para el desenvolvimiento de políticas en la materia, lo constituye el marco jurídico, el cual puede ser un factor que favorezca (o dificulte) procesos participativos.
Sigue...
[1] “Reglamentos de Participación Ciudadana. Estudio comparado en ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía” Instituto Urbano y Territorial UIM, L. Fidyka Beca UIM de investigación 2008.
[2] Inspirada en Habermas (1993:1997), esta noción que ha ejercido una influencia creciente en la teoría política anglosajona, identifica el poder que se constituye en el espacio público iluminado por el debate de calidad, y convierte este espacio público en el corazón de la dinámica democrática. (Yves Sintomer, “La participación como tendencia política europea” en “Los Modelos, Proyectos y Políticas de Participación en Grandes Ciudades”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, 2006.
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