Nueva ley consagra la participación ciudadana
Intendente Raúl Célis calificó esta la ley 22.500 como "un verdadero hito en la relación entre el gobierno y la sociedad civil"
31/7/2012. En Viña del Mar se inauguró esta mañana el Seminario “Nuevas formas de asociación y participación ciudadana: ley
El Intendente Raúl Célis destacó la
importancia de la actividad y señaló que “estamos en presencia de un verdadero
hito en la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Este seminario es
una de las formas como impulsamos el destino del país que tiene en sus
ciudadanos y en sus organizaciones, uno de sus mejores capitales humanos y
sociales”.
Alcances
Con esta ley se crean los Consejo
Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil , que vienen a reemplazar a los
antiguos CESCOS (consejos económicos y sociales) que funcionaban a nivel
municipal. Estos nuevos consejos operan también a nivel municipal y son
integrados por representantes de la sociedad organizada que son elegidos en una
votación pública por todos los que participan de esta instancia. Varios de
estos ya están en funcionamiento en el país.
Ahora este Consejo Comunal tiene mayores
atribuciones que el Cesco, ya que el Concejo Municipal (alcalde y concejales)
está obligado a consultarle a esta instancia de los proyectos de relevancia
local que se tramitan o discuten en pro de la comuna con tope máximo al 31 de
marzo de cada año; debe pronunciarse sobre el cambio o colocación del nombre de
una calle, plaza o camino comunal; puede analizar el comportamiento de los
servicios municipales y a la vez este órgano está en condiciones de exigirle
una cuenta pública al alcalde.
Esta normativa establece como obligación
legal que todos los servicios y reparticiones públicas del país y municipios
deben rendir una cuenta anual de su gestión, materia que antes no era
obligatoria para todos, lo que es una invitación a que la comunidad sepa de lo
que ocurre en un municipio, gobernación, intendencia, servicio policial, etc.
El derecho a asociarse y organizarse a
través de juntas de vecinos, corporaciones, fundaciones, federaciones y
confederaciones, obliga a éstas a inscribirse en la Secretaría Municipal
de la comuna respectiva. Esta secretaría a su vez estará obligada, cada seis
meses, a enviar un listado con estas organizaciones, ya sea en funcionamiento o
en receso, al Servicio de Registro Civil que llevará un registro nacional.
Uno de los aspectos fundamentales es que
la ley 20.500 crea el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés
Público, que
ahora dispondrá de un presupuesto anual que no estará sujeto a los vaivenes de
la autoridad de turno y dispondrá de financiamiento seguro a través de la Ley de Presupuesto, para el
financiamiento de proyectos o programas nacionales y regionales que se refieran
a materias de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio
ambiente u otros temas que surjan en su momento.
Esta es una normativa legal que ha pasado
a constituirse en un hito en la relación entre el gobierno y la sociedad civil,
ya que recoge una nueva forma de entender la participación ciudadana, al
hacerla más efectiva, real y plausible, respecto al derecho a asociarse para
actuar al interior del estado.
De esta forma, el Gobierno reconoce el
derecho de todas las personas a asociarse libremente y, asimismo, la facultad
de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses e identidades
culturales. La afiliación es libre, personal y voluntaria.
Fuente: http://www.elmartutino.cl/
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