El derecho de los ciudadanos a una buena administración es un requisito de la calidad democrática. Demanda, entre otras cosas, transparencia y mayor exigencia ética y profesional de los funcionarios.
Fabián Bosoer.
Clarín 7/12/2008.
Las tradiciones públicas estatales, desde los más altos funcionarios hasta los empleados encargados de atender trámites y reclamos, están pensadas para gobernar mandando. Las formas actuales de organización y gestión del Estado requieren, por el contrario, un cambio cultural más profundo que incluye profesionalizar la administración pública, mayor transparencia, flexibilidad y cercanía entre funcionarios y ciudadanos y un alto grado de autoexigencia ética.
El derecho de los ciudadanos a una buena administración es un requisito de la llamada "calidad democrática". Sobre estas claves reflexiona y trabaja Francisco Longo, catalán, un reconocido especialista en gestión de recursos humanos y diseño organizacional de instituciones públicas.
Fue director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Barcelona y le tocó entre otras cosas la organización de los Juegos Olímpicos del 92. Hoy dirige el Instituto de Dirección y Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de Barcelona.
Participó en Buenos Aires del Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre reforma del Estado. Presentó aquí su último libro, "Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI".En América latina ha sido común confundir eficiencia del Estado con reducción, achicamiento, deserción de sus funciones básicas.
¿De qué manera se puede lograr un Estado más eficiente y que responda, al mismo tiempo, a sus promesas de integración y de igualdad ciudadana?
La eficiencia del Estado no puede medirse sin más por el número de empleados públicos o por el impacto del gasto público sobre el producto bruto interno. Porque si no, tendríamos la paradoja de que países latinoamericanos que se encuentran claramente en procesos emergentes o de desarrollo, con un gasto público sobre el producto interior bruto del orden del 15%, por poner una magnitud inventada, serían más eficientes que países europeos cuyo gasto público sobre el PBI sobrepasa el 50%.
Por lo tanto, ni el tamaño del Estado, ni el tamaño relativo del gasto público sobre la riqueza nacional de los países son criterios serios de eficiencia.
¿Estados chicos o grandes pero igualmente ineficientes?
El problema de fondo es: ese Estado, más grande o más pequeño, cómo hace las cosas, cómo crea valor, cómo asume el problema de los costos de oportunidad; es decir, lo que invierte en una cosa y si esa inversión le está impidiendo hacer otra. Esas son las cuestiones que tienen que ver con la eficiencia.
Es verdad que el Estado de nuestros días tiende a ser seguramente más pequeño que el que fue en otros tiempos, porque muchas de las cosas que el Estado tiene que conseguir en nuestros días las debe obtener través de otros, o en colaboración con otros. Pero eso no quiere decir que no deba ser un Estado fuerte. Los países necesitan Estados fuertes, sólidos, que sean puntos de referencia firmes.
La actual revalorización de la intervención estatal en la economía y la sociedad, ¿en qué medida implica una recuperación del Estado de Bienestar?
Yo creo que no es cuestión de poner nombres sino, seguramente, de explorar nuevas formas de articulación. Lo que ocurre es que tampoco se trata de inventar cosas que están inventadas. Es verdad que vivimos tiempos de crisis, pero yo apostaría a que los países que tienen una mayor solidez institucional, reglas más estables, gobiernos con mayor credibilidad, un capital social más rico, un grado alto de confianza en las personas acerca de la manera de relacionarse con los sectores públicos, con las empresas, con sus conciudadanos, allí donde se den todas estas circunstancias, estos países saldrán de la crisis mejor y más rápidamente que aquellos que tengan carencias de institucionalidad en todos estos años.
¿Qué tipo de reformas mostraron una mejor adaptación de las burocracias estatales a las nuevas realidades y exigencias?
El Estado está viéndose confrontado con la necesidad de reformas que afectan a lo que han sido sus modos de intervención tradicional. Hoy se encuentra, por una parte, ante problemas para los que no tiene respuestas precisas.
No hay ningún gobierno ni ningún partido del mundo que tenga las recetas para los problemas más importantes de la agenda contemporánea. Desde los problemas energéticos a los riesgos sanitarios y medioambientales, pasando por la crisis de los sistemas educativos, la resistencia extrema de la pobreza a ser reducida en el subcontinente latinoamericano, la violencia juvenil y la inseguridad urbana.
Estos son problemas que requieren aproximaciones más modestas que las que han sido las tradicionales de los gobiernos. Más orientadas a explorar, a evaluar, a aprender. Y esos son modelos de intervención que no pertenecen a las tradiciones públicas, que están pensadas para mandar, para gobernar mandando. Eso además está dificultado, por otra parte, porque los gobiernos de hoy son menos autosuficientes de lo que han sido nunca. Es decir, necesitan hacer las cosas con otros actores sociales o instituciones... Otros actores que a veces pertenecen al sector público, y a veces están en el sector privado, en las empresas, en el tercer sector, en las organizaciones no lucrativas.
Por lo tanto, el Estado necesita colaborar con muchos actores a los cuales no puede mandar; con ellos tiene que articular, consensuar, negociar. Y esas son también nuevas maneras de hacer para el Estado. Por ahí andan los grandes desafíos de reforma contemporáneos. América latina tiene también sus propios desafíos que derivan de las insuficiencias de sus burocracias a lo largo de su historia.
Así es, y tiene, todavía, en la mayor parte de los países, el gran reto de construir administraciones profesionales capaces de actuar, dirigidas por la política, pero no patrimonializadas por la política, convertidas en un predio de los partidos que gobiernan o de los grupos de interés. Esas administraciones profesionales sólidas, que no pertenecen a quien gobierna sino a la sociedad, y que facilitan a los gobernantes el hacer las cosas sin dejarse capturar ni por ellos, ni por los intereses particulares; ese tipo de administración está, en buena medida, por construirse en la región.
¿Qué hace falta -y qué falta- para esa construcción menos deficitaria de "lo estatal" en los países latinoamericanos?
El principal de esos ingredientes es un empleo público profesional. Eso quiere decir un empleo público al que se accede por criterios de mérito, y que está debidamente protegido y exigido en su gestión, en su estabilidad, etc., de los distintos intentos de captura por parte de sectores de interés determinados. Por lo tanto, es lo contrario a las políticas de clientela aplicadas al empleo público.
Esta es una de las grandes asignaturas todavía pendientes en muchos países.Eso supone presupuesto, decisión política, reformas organizacionales y culturales... ¿Qué es lo más importante dentro de esos factores?
Está visto y comprobado que una administración profesional no es más cara que una administración clientelista. Lo que requiere es un cambio sustantivo en la cultura política y en la cultura social de los países.
Es necesario crear solidez profesional en los Estados, sin reconstruir las viejas burocracias, que ya no sirven bien para los escenarios contemporáneos. Las burocracias públicas no estaban diseñadas para colaborar; estaban diseñadas para fiscalizar, inspeccionar, controlar, dar instrucciones. Luego, aquellas burocracias profesionales no son las administraciones profesionales que precisamos hoy.
Necesitamos administraciones profundamente relacionales, articuladoras, flexibles. Y muchos países tienen que construir, al mismo tiempo, su sistema de administración profesional y hacerlo adaptándose a necesidades sociales que exigen respuestas rápidas y efectivas. Eso también es eficiencia.
¿Hay una política de izquierda y una política de derecha respecto del papel del Estado y sus modos de intervención económica y social?
Mire, yo vengo del campo de la izquierda. Y a partir de ahí he ido construyendo mis señas de identidad en muchos campos. Me parece que la contraposición izquierda-derecha corre el riesgo, muchas veces, de camuflar los problemas más que de permitir que afloren y se ordenen. Porque crea automáticamente arquetipos y contratipos, clichés que dificultan que la gente se entienda.
En las reformas del sector público que se han producido a lo largo de los últimos años, especialmente en países del mundo desarrollado, es difícil encontrar un discurso de derecha y otro de izquierda.
Hay, evidentemente, diferencias entre políticas de derecha y de izquierda respecto del papel del Estado, de su tamaño, de lo que debe hacer el mercado. Sobre esto sí hay discursos, que pueden ser reconocidos en esa clave. Pero a la hora de decir si necesito una administración más o menos descentralizada, si necesito prestar los servicios con funcionarios gestionados directamente o a través de empresas, eso no es ni de izquierdas, ni de derechas. Hay ideas que han demostrado su utilidad.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, formas de gestión por resultados, evaluación del impacto de las políticas, simplificación de normas, procesos y estructuras que caracterizan a las burocracias públicas, descentralización en la gestión, incorporación de la administración electrónica, etc. Hay todo un campo de desarrollo y reaprendizaje de la gestión pública, aunque la inercia burocrática de los aparatos públicos, que siguen funcionando con criterios obsoletos es muy fuerte.
Fuente: www.clarin.com
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