Proponen incorporar “el Derecho a la Ciudad” a la Carta Orgánica de Posadas
Esta iniciativa, de autoría de investigadores de la Unam, tomó estado parlamentario en la tercera sesión ordinaria de la Convención Constituyente el miércoles último. Incluye protecciones para desplazados por Yacyretá, pobres urbanos, jóvenes, mbyá guaraníes, productores culturales, entre otros.
El expediente P.P. 035/10 surge desde el proyecto de investigación “Espacio, Comunicación y Cultura” de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
La propuesta, firmada por las Mgter. Elena Maidana y María Millán, plantea que el gobierno municipal en corresponsabilidad con las autoridades nacionales y provinciales debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo sostiene que de acuerdo con el marco legislativo local, provincial y nacional y a los tratados internacionales, “debe dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter para hacer efectivos en ellas los derechos civiles y políticos que se desprenden del Derecho a la Ciudad”.
En la iniciativa también se incluye la sistematización de una serie de encuentros realizados con organizaciones de afectados por la represa de Yacyretá, productores culturales, referentes del Gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entre otros.
Además, se dedica un apartado específico para abordar los derechos de los/las jóvenes así de poblaciones en situación de vulnerabilidad (pobres urbanos, adultos mayores, niños/as, discapacitados y en particular en la región afectados por las represas y mbyá guaraníes).Los grandes ausentesLas autoras explican que los talleres con pobladores locales surgieron a partir del reconocimiento de que los derechos sociales –emergentes y colectivos- son “los grandes ausentes en el debate en torno a las políticas públicas.
En tal sentido, detallaron que la experiencia se enmarcó en una actividad Extensión Universitaria, realizada en el marco del proyecto de investigación. Para Maidana, directora del proyecto, esta experiencia: “nos brindó un panorama más amplio en torno a estas cuestiones. Durante varios encuentros realizados en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en el último trimestre del año 2007, organizados para reflexionar en torno a la Carta Orgánica Municipal y a la situación actual de la ciudad de Posadas, se reunieron vecinos, jóvenes, relocalizados, trabajadores de la cultura. En esas reuniones el debate se orientó hacia dos puntos centrales: Participación Ciudadana y Espacio Público”.
Por una participación plena
Durante los talleres, los participantes coincidieron en la necesidad de revisar las formas de participación ciudadana (directa/autogestionada, de control y monitoreo del gobierno municipal). Así como en la de idear políticas que promuevan: el control de la gestión pública; la revisión general de políticas impositivas para evitar la especulación inmobiliaria y para fomentar el financiamiento de actividades sociales y culturales; la planificación participativa en todas las políticas públicas (de financiamiento interno y externo) para evitar la toma de decisiones unilaterales; el libre acceso a la información y la promoción de los marcos jurídicos regulatorios; la definición de objetivos a mediano y largo plazo en la planificación de políticas culturales para desalentar la concentración de propuestas en el centro de la ciudad, el clientelismo y la distribución desigual de los recursos así como la sujeción a las leyes del mercado de las expresiones culturales.
En relación con la producción del espacio social público los participantes reconocieron que uno de los principales problemas se relaciona con el acceso a los espacios públicos, en especial de los jóvenes así como de espacios destinados a las expresiones culturales y comunitarias (artísticas, deportivas, etc.) a escala barrial.
En los encuentros insistieron en que más que de falta de espacios públicos el problema es el libre acceso a los mismos y plantearon reclamar al gobierno municipal “que las iniciativas de vecinos tengan viabilidad y no se encuentren con trabas burocráticas”. En el caso de los trabajadores de la cultura, éstos afirmaron que también encuentran inconvenientes en el acceso a espacios públicos. Expresaron que “deben recurrir a la autogestión por no contar con políticas locales consistentes de promoción cultural ni con locales habilitados o acondicionados para ese tipo de iniciativas”.
El problema en el sector cultural es mucho más amplio ya que lo que surge de la discusión es la falta de reconocimiento social y laboral de las actividades artístico culturales. Chamameceros, teatreros, músicos, entre otros tantos que se agregan a la lista, no son considerados como trabajadores, sostienen éstos. Hacer teatro o música es visto socialmente como un hobby, una satisfacción personal pero no como un trabajo, con todo lo que esta representación implica: falta de cobertura de salud y demás cargas sociales. En relación con el espacio el malestar se concentra en el escaso o nulo apoyo a las actividades autogestionadas (que por cierto constituyen una gran oferta cultural del municipio) que se traduce en tasas elevadas en los locales públicos, dilación o negativas de permisos, etc.
Respecto de las políticas habitacionales las opiniones se concentraron en la necesidad de revisar las tipologías de casas implementadas por la Entidad Binacional Yacyretá y por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, así como en el reclamo de una aplicación efectiva de los requisitos del FONAVI para la creación de nuevos barrios y de la normativa del Código de Planeamiento Urbano.
El Derecho a la Ciudad
“Es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado” según definen los académicos en la iniciativa.
Este nuevo derecho surge de las luchas y reivindicaciones de movimientos sociales a escala planetaria y consensuado en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad presentada en el II Foro Social Mundial de Porto Alegre, año 2002. “Amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización”, relatan los autores de la iniciativa.
Advierten además que “es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos y que ya han sido incluidos y suscriptos por nuestra Constitución Nacional”.
Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y a la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes.
Por otra parte, el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural.
Fuente: www.territoriodigital.com
Esta iniciativa, de autoría de investigadores de la Unam, tomó estado parlamentario en la tercera sesión ordinaria de la Convención Constituyente el miércoles último. Incluye protecciones para desplazados por Yacyretá, pobres urbanos, jóvenes, mbyá guaraníes, productores culturales, entre otros.
El expediente P.P. 035/10 surge desde el proyecto de investigación “Espacio, Comunicación y Cultura” de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
La propuesta, firmada por las Mgter. Elena Maidana y María Millán, plantea que el gobierno municipal en corresponsabilidad con las autoridades nacionales y provinciales debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo sostiene que de acuerdo con el marco legislativo local, provincial y nacional y a los tratados internacionales, “debe dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter para hacer efectivos en ellas los derechos civiles y políticos que se desprenden del Derecho a la Ciudad”.
En la iniciativa también se incluye la sistematización de una serie de encuentros realizados con organizaciones de afectados por la represa de Yacyretá, productores culturales, referentes del Gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entre otros.
Además, se dedica un apartado específico para abordar los derechos de los/las jóvenes así de poblaciones en situación de vulnerabilidad (pobres urbanos, adultos mayores, niños/as, discapacitados y en particular en la región afectados por las represas y mbyá guaraníes).Los grandes ausentesLas autoras explican que los talleres con pobladores locales surgieron a partir del reconocimiento de que los derechos sociales –emergentes y colectivos- son “los grandes ausentes en el debate en torno a las políticas públicas.
En tal sentido, detallaron que la experiencia se enmarcó en una actividad Extensión Universitaria, realizada en el marco del proyecto de investigación. Para Maidana, directora del proyecto, esta experiencia: “nos brindó un panorama más amplio en torno a estas cuestiones. Durante varios encuentros realizados en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en el último trimestre del año 2007, organizados para reflexionar en torno a la Carta Orgánica Municipal y a la situación actual de la ciudad de Posadas, se reunieron vecinos, jóvenes, relocalizados, trabajadores de la cultura. En esas reuniones el debate se orientó hacia dos puntos centrales: Participación Ciudadana y Espacio Público”.
Por una participación plena
Durante los talleres, los participantes coincidieron en la necesidad de revisar las formas de participación ciudadana (directa/autogestionada, de control y monitoreo del gobierno municipal). Así como en la de idear políticas que promuevan: el control de la gestión pública; la revisión general de políticas impositivas para evitar la especulación inmobiliaria y para fomentar el financiamiento de actividades sociales y culturales; la planificación participativa en todas las políticas públicas (de financiamiento interno y externo) para evitar la toma de decisiones unilaterales; el libre acceso a la información y la promoción de los marcos jurídicos regulatorios; la definición de objetivos a mediano y largo plazo en la planificación de políticas culturales para desalentar la concentración de propuestas en el centro de la ciudad, el clientelismo y la distribución desigual de los recursos así como la sujeción a las leyes del mercado de las expresiones culturales.
En relación con la producción del espacio social público los participantes reconocieron que uno de los principales problemas se relaciona con el acceso a los espacios públicos, en especial de los jóvenes así como de espacios destinados a las expresiones culturales y comunitarias (artísticas, deportivas, etc.) a escala barrial.
En los encuentros insistieron en que más que de falta de espacios públicos el problema es el libre acceso a los mismos y plantearon reclamar al gobierno municipal “que las iniciativas de vecinos tengan viabilidad y no se encuentren con trabas burocráticas”. En el caso de los trabajadores de la cultura, éstos afirmaron que también encuentran inconvenientes en el acceso a espacios públicos. Expresaron que “deben recurrir a la autogestión por no contar con políticas locales consistentes de promoción cultural ni con locales habilitados o acondicionados para ese tipo de iniciativas”.
El problema en el sector cultural es mucho más amplio ya que lo que surge de la discusión es la falta de reconocimiento social y laboral de las actividades artístico culturales. Chamameceros, teatreros, músicos, entre otros tantos que se agregan a la lista, no son considerados como trabajadores, sostienen éstos. Hacer teatro o música es visto socialmente como un hobby, una satisfacción personal pero no como un trabajo, con todo lo que esta representación implica: falta de cobertura de salud y demás cargas sociales. En relación con el espacio el malestar se concentra en el escaso o nulo apoyo a las actividades autogestionadas (que por cierto constituyen una gran oferta cultural del municipio) que se traduce en tasas elevadas en los locales públicos, dilación o negativas de permisos, etc.
Respecto de las políticas habitacionales las opiniones se concentraron en la necesidad de revisar las tipologías de casas implementadas por la Entidad Binacional Yacyretá y por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, así como en el reclamo de una aplicación efectiva de los requisitos del FONAVI para la creación de nuevos barrios y de la normativa del Código de Planeamiento Urbano.
El Derecho a la Ciudad
“Es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado” según definen los académicos en la iniciativa.
Este nuevo derecho surge de las luchas y reivindicaciones de movimientos sociales a escala planetaria y consensuado en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad presentada en el II Foro Social Mundial de Porto Alegre, año 2002. “Amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización”, relatan los autores de la iniciativa.
Advierten además que “es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos y que ya han sido incluidos y suscriptos por nuestra Constitución Nacional”.
Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y a la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes.
Por otra parte, el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural.
Fuente: www.territoriodigital.com
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