Málaga: estudio sobre participación

Diputación presenta cinco estudios sobre cómo mejorar la participación ciudadana en los ayuntamientos

Los trabajos se han realizado dentro del proyecto europeo Parlocal, coordinado por el servicio de Recursos Europeos durante dos años.


23/2/2012. La Diputación de Málaga ha presentado nuevas herramientas para animar a los ayuntamientos a avanzar en la participación ciudadana y la confección de presupuestos participativos. Se trata de cinco publicaciones que se han editado en el marco del proyecto europeo Parlocal, desarrollado durante dos años por la Diputación de Málaga, a través del servicio de Recursos Europeos, junto a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Intendencia de Paysandú (Uruguay).

Este proyecto, denominado ‘Redes para la comunicación y el fortalecimiento de capacidades en la gestión de presupuestos participativos y otros instrumentos de las políticas públicas de participación ciudadana’, fue aprobado dentro de la convocatoria de ayudas de la Comisión Europea EuropeAid-Oficina de Cooperación con América Latina: Ha dispuesto de un presupuesto cercano al millón de euros.

El diputado de Presidencia de la Diputación de Málaga, Carlos Conde, y la diputada delegada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde, junto a Francis Jorge, coordinadora de Parlocal en la República Dominicana, y Roque Jesús Gómez, coordinador de presupuesto participativo de la Intendencia de Paysandú, han asistido hoy al seminario final del proyecto, en el que se han presentado las publicaciones, así como cuatro audiovisuales en el que se recogen las actividades realizadas.

Carlos Conde ha destacado que este proyecto ha permitido realizar un intercambio de experiencias desde distintas ópticas y perspectivas sobre líneas comunes que quedan en el territorio y que pueden utilizar los diferentes gobiernos.
Ha añadido que “las administraciones públicas tienen que seguir avanzando en la democracia participativa y en los presupuestos participativos”, y se ha referido a que la Diputación de Málaga apuesta por la concertación como fórmula para que los municipios decidan en qué quieren invertir el dinero. “Los municipios deben trasladarnos sus necesidades y la ciudadanía debe participar en definir esas necesidades”, ha señalado.

Carlos Conde y Pilar Conde se han reunido con representantes de las entidades socias de Uruguay y República Dominicana para estudiar posibles fórmulas de cooperación para el futuro.
Parlocal ha contado con un apartado formativo, centrado en el curso sobre Escuelas de políticas de participación local, destinado a personal técnico y a responsables políticos tanto de España, República Dominicana y Uruguay como de algunos otros países con experiencias importantes, como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y México.

En esta actividad se ha contado con la colaboración de más de 20 entidades nacionales e internacionales (universidades, institutos y centros de investigación, entre ellas) vinculadas al estudio y la práctica de la democracia participativa y los presupuestos participativos.

Así mismo, se han realizado trabajos de investigación para conocer las experiencias de participación ciudadana en 36 municipios uruguayos, dominicanos y españoles, entre ellos cinco de la provincia de Málaga: Alameda, Archidona, Casabermeja, Humilladero y Teba.

Por otra parte, en el seminario final también se han presentado cuatro trabajos audiovisuales sobre democracia participativa, sobre el papel de los presupuestos participativos como herramientas para el cambio, sobre Parlocal y sobre el desarrollo y resultados del proyecto en España.

Fuente: www.eldiariodemalaga.es
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Letonia: propuestas legislativas ciudadanas

Mana Balss, la participación ciudadana 2.0


La plataforma letona Mana Balss permite que cualquier ciudadano pueda proponer una ley a través de la web y llegue a ser escuchada y debatida en el Parlamento


18/3/2012. Poder proponer una ley online, que sea apoyada a través de una página web y que llegue a ser escuchada y debatida en el Parlamento parece cosa de ciencia-ficción. En Letonia, por ejemplo, esto ya es una realidad.

Es paradójico que, a pesar de todos los avances de la tecnología, las trabas burocráticas y el papeleo a la hora manifestar oficialmente nuestras propuestas o sugerencias estén a la orden del día. Ahora, las herramientas digitales nos proporcionan cada vez más oportunidades de expresarnos. Bien a través de las redes sociales con nuestros contactos o seguidores, bien a través de las nuevas posibilidades de feedback, la era de la información crea un creciente flujo de sugerencias, quejas u opiniones entre los usuarios y los actores sociales.

Para canalizar esos flujos surgieron una serie de plataformas de actuación social que tenían como objetivo sumar esas reclamaciones y dirigirlas de forma más eficiente hacia los entes implicados. Movimientos como Avaaz, Actuable o Change.org comenzaron a recoger las demandas ciudadanas y las unieron en una reclamación global. Sin embargo, todas estas iniciativas carecían de uno de sus aspectos más importantes para que la pretendida participación y la simplificación del laberinto burocrático no se quedase en un grito al viento: la legitimidad.

Esta fue la carencia que Kristofs Blaus y Janis Erts detectaron y a la que decidieron hacer frente a través de la plataforma Mana Balss, que significa en letón «Mi voz». El sitio web, creado en 2010 con una filosofía similar a las que existían hasta entonces, decidió diferenciarse de ellas reduciendo el campo de actuación de las iniciativas a un ámbito más local. El objetivo era «ser efectivos localmente, dar pequeñas soluciones prácticas, no simplemente despertar conciencia en cualquier tema», asegura el cofundador de la plataforma, Janis Erts.

Mana Balss pasa por ser la primera iniciativa legítima para la participación directa de las personas en la vida política de su país. Basada en la idea de que el ciudadano de a pie es el primero en detectar los problemas de la sociedad en la que se mueve, el sitio web permite que cualquier persona pueda proponer una iniciativa que acabe llegando a ser debatida en la Saeima, el parlamento unicameral letón.
«Entendimos que una de las cosas en las que nuestro país necesitaba ayuda era en hacer un entorno en el que las ideas floreciesen», afirma Janis Erts, que considera que «si las buenas ideas no son capaces de desarrollarse, todos lo sufrimos y el país no es capaz de avanzar».

El funcionamiento, que empieza con esa idea, bebe inicialmente del esquema de otras plataformas similares. En ella, cualquiera puede proponer una idea que, a través de las redes sociales, deberá recopilar hasta 100 apoyos que demuestren que la petición es respaldada. Y, una vez conseguido, un grupo de juristas da forma a la iniciativa para convertirla en un texto con validez legal que, tras ser respalado por 10.000 firmas de ciudadanos letones, es llevado directamente al Parlamento para su debate.

A través de las cuentas bancarias de los ciudadanos, pueden comprobar que la identidad era real y fiable

El primer problema con el que se encontraron sus creadores para poner en marcha esta idea fue la de conseguir una necesaria legitimidad de las firmas. Para ello, y dada la ausencia en Letonia de un DNI electrónico, decidieron contactar con los bancos que, a través de las cuentas de los ciudadanos, podían comprobar que la identidad era real y fiable. Como explica Janis Erts, esa fue la parte difícil. «Fue complicado en un principio explicar la idea, ya que no es común que la gente proponga ese tipo de iniciativas», dice el creador, aunque añade que una vez se puso en marcha «fue muy fácil hablar con los bancos y, en estos momentos, son ellos los que contactan con nosotros y no al contrario».

Tras haber logrado una legitimidad de las firmas, «el Gobierno no tenía ninguna razón para decir que no; de hecho, les encantó», explica Erts, que considera que «muchas veces olvidamos que en los gobiernos trabaja gente y que, si se intenta dialogar con ellos, generalmente responden y ayudan».

De hecho, la plataforma debió parte de su éxito al expresidente del país, Valdis Zatlers, que usó su influencia para llevar una de las iniciativas nacidas al amparo de Mana Balss al Parlamento. Finalmente, a través de esa idea inicial se formularía una ley que exigía revelar la información de los propietarios de empresas extranjeras. Sería una de las dos iniciativas propuestas en la página que finalmente se convertirían en ley. «Es la prueba de que cualquier iniciativa que sea firmada por más de 10.000 personas de más de 16 años, llegará directamente al Parlamento», mantiene Erts.

El expresidente del país, Valdis Zatlers, usó su influencia para llevar una de las iniciativas nacidas al amparo de Mana Balss al Parlamento

Pero los planes no se quedan en su país de origen. En estos momentos, el objetivo es desarrollar Mana Balss en otras naciones, como Lituania o Estonia, o incluso el Reino Unido. La idea, según Janis Erts, es «expandir el proyecto al conjunto de la Unión Europea y convertirnos en la plataforma de alojamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea», una idea que busca fórmulas sencillas de participación pública en la elaboración de políticas de la UE.

El fundador de la iniciativa considera, además, que la participación a través de herramientas 2.0 debería incluir un campo más amplio, como referendums o elecciones, «aunque en ese caso deberían partir del Gobierno mismo» y admite como fundamental «el apoyo de Mana Balss que, con su experiencia en el asunto, puede conseguir que el proceso se haga más rápido».
Janis Erts afirma, además, que países como España, que posee ya una herramienta (aunque infrautilizada en nuestro caso) como el DNI electrónico, hace las cosas todavía más fáciles de cara a la autorización y legitimidad. «Podríamos lanzar el proyecto allí también», sentencia el fundador. Y nosotros esperamos que así sea.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

iniciativa ciudadana

Logroño es la única ciudad europea en acudir el jueves a Bruselas a una conferencia sobre iniciativa ciudadana en la UE

Logroño será la única ciudad europea que participará este jueves en el Parlamento Europero, en Bruselas, en una conferencia sobre la puesta en marcha de la nueva posibilidad de llevar adelante en el ámbito de la UE de la denominada 'iniciativa ciudadana'.

EUROPA PRESS. 12.04.2010 Así lo avanzó hoy la concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada Sáenz, que representará al Ayuntamiento de la capital riojana en la jornada, que se celebrará bajo el lema 'Cómo millón de ciudadanos pueden cambiar Europa'.

Según explicó Sáenz, "Logroño va a ser la única ciudad que va a participar en la conferencia", como promotora de la que podría ser la primera iniciativa ciudadana que se lleve a cabo, para el establecimiento en el ámbito europeo de la denominada 'Capitalidad de las Personas'.
En este sentido, destacó que la conferencia comenzará a las 9 de la mañana del próximo jueves, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, y contará con la participación, entre otras personalidades, del comisario de Asuntos Diplomáticos de la UE o del secretario de Estado para Unión, Diego López Galán, además de otros cargos europeos o expertos en participación de diversos países.

El Ayuntamiento logroñés, en concreto, participará en un debate sobre la adaptación del nuevo modelo democrático, "para presentar la iniciativa que estamos llevando adelante", y para cuya materialización sólo falta la aprobación del reglamento de las iniciativas ciudadanas, "que se prevé aprobar durante la Presidencia española de la UE".

Sáenz recordó que, en este momento, la previsión de reglamento apunta a la necesidad de contar con un millón de firmas de ciudadanos de 9 países de la UE, que supongan, además, un 0,2 por ciento de la población con derecho a voto en las elecciones europeas en cada uno de estos países. Queda por centrar, por ejemplo, el plazo para la recogida de firmas, que está entre 12 y 18 meses.

La edil indicó que los esfuerzos de Logroño se dirigen "a los países donde contamos con ciudades hermanadas", como Alemania, Italia, Gran Bretaña o Francia, así como a países pequeños, como Chipre, Malta y Luxemburgo, y con especial atención a Rumanía "ya que en la ciudad contamos con más de 6.000 rumanos".

"Por el momento, ninguna otra ciudad ni entidad que sepamos se está planteando presentar una iniciativa ciudadana, por lo que Logroño sería la primera en llevar adelante este tipo de actuación. El nombre de Logroño va a sonar en Europa, en un momento en el que se valora por encima de todo el trabajo por y para las personas, algo en lo que ya somos ejemplo", apuntó Saénz.

Este trabajo, por ahora, y hasta que llegue el momento de trabajar "en serio, con el reglamento aprobado", se está materializando en apoyos en el 'Libro de amigos de Logroño', donde se ha reflejado ya la firma de los Reyes de España, miembros del Gobierno o diversas personalidades, las últimas el presidente del Comité Olímpico Español, y, esta misma mañana, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, de visita hoy en la ciudad.

Fuente: www.20minutos.es

información ambiental

Una ley ciudadana para la defensa del medio ambiente

Por Indalecio Rodríguez Santana - presidente AV Costa de Taliarte.

Como consecuencia del papel activo que desempeñaron los representantes de las organizaciones ciudadanas de carácter medioambiental. En 1990 se reunieron bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, representantes de más de cuarenta países, para negociar un acuerdo internacional sobre los derechos de los ciudadanos en materia de medio ambiente.

El 25 de junio de 1998, el acuerdo: Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, fue firmado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas durante la Cuarta Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente en Europa, celebrada en Aarhus, Dinamarca.

Entre los que se encuentra la Comunidad europea que lo ratificó en 2005 y todos los Estados miembros de la UE menos Irlanda. El Convenio de Aarhus fue ratificado por España el 29 de diciembre de 2004 y entró en vigor el 29 de marzo de 2005. Desde su publicación en el BOE, el 16 de febrero de 2005, es fuente directa de nuestro ordenamiento jurídico.

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, es la respuesta legislativa tanto a las obligaciones emanadas del citado Convenio de Aarhus como a la obligación de transponer las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. En ella se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El Convenio parte del siguiente postulado: para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados.

En la descripción general del Convenio se enuncian tres pilares.

El primero es el acceso a la información en materia de medio ambiente. El Convenio establece derechos de acceso amplios. Cualquier persona, sin restricción por nacionalidad o lugar de residencia, tiene derecho a solicitar la información medioambiental en posesión de las autoridades públicas. El concepto de información en materia de medio ambiente se define de modo amplio.
El Convenio exige asimismo que las autoridades públicas ayuden a las personas con sus solicitudes, por ejemplo mediante disposiciones prácticas para la obtención de la información o transmitiendo la información a la autoridad que en principio debe poseer la información, en caso de que la primera autoridad a la que se haya dirigido el ciudadano no disponga de ella. El Convenio anima asimismo a que la información se ponga a disposición de modo activo.

El Segundo pilar abarca los aspectos de participación pública. Debe otorgarse al público interesado el derecho de participación en la toma de decisiones medioambientales proporcionándole de modo temprano, informado y eficaz la oportunidad de presentar sus opiniones antes de la toma de una decisión. El Convenio abarca de modo más completo la toma de decisiones sobre proyectos, como la autorización de instalaciones contaminantes.
El Convenio se aplica igualmente a la toma de decisiones sobre programas y alienta a las partes del Convenio a que también faciliten las oportunidades de participación pública en las políticas de desarrollo.

El tercer pilar cubre el acceso a la justicia. Establece que sea un tribunal o un órgano similar el que lleve a cabo la revisión de las decisiones relativas a los dos primeros pilares, el acceso a la información medioambiental y la participación del público en la toma de decisiones. Asimismo sienta las bases para la revisión de los actos u omisiones por parte de autoridades públicas o personas privadas que contravengan el derecho ambiental nacional.

Las personas físicas y jurídicas tendrán derecho, para estos casos, a la asistencia jurídica en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica. La consecución de una participación pública efectiva pasa por un cambio de mentalidad en las administraciones actuales y un mayor compromiso de la sociedad en general en su intervención. Cambio que nos lleve a entender e integrar que la participación pública que junto a los intereses económicos y sociales, vienen a equilibrar los procesos de toma de decisión cuyo objetivo es preservar el medio ambiente.

El derecho a la tutela judicial efectiva y gratuita, sin cortapisas, cuando el ejercicio del derecho a participar se impide u obstaculiza así como el establecimiento de plazos más amplios para que se pueda realizar el trabajo, que implica la toma en consideración y ejecución, que produzca un trabajo efectivo, son algunos de los déficit que arrastra la propia ley y que facilita que determinados responsables públicos pueda vulnerarla. Así y todo el mencionado Convenio es considerado por muchos como el instrumento jurídico internacional más importante en lo relativo al derecho para el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Actualmente el Convenio se aplica en toda la Unión Europea así como a las propias instituciones de la UE.

Fuente: www.teldeactualidad.com

UE: Estímulo de la participación

Debate para estimular la participación ciudadana en la UE

La Comisión Europea quiere aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la UE. En una Comunicación titulada “Europa a debate: construir a partir de la experiencia del Plan D de democracia, diálogo y debate”, presenta una serie de acciones futuras destinadas a impulsar un debate general y permanente sobre el futuro de la Unión Europea entre todas las personas, con independencia de su profesión o condición social, tanto a escala nacional como de la UE.

En 2008 y 2009 la Comisión Europea cofinanciará una serie de proyectos relacionados con la sociedad civil en el marco de la iniciativa “Europa a debate”, tanto a escala nacional como de la UE. Además de seguir desarrollando las iniciativas que más éxito han cosechado en el contexto del Plan D desde 2005, la Comisión publicará en breve una convocatoria de propuestas relativas a nuevos proyectos. En concreto, la iniciativa “Europa a debate”:

· Cofinanciará proyectos paneuropeos de consulta a los ciudadanos.

· Promoverá acciones a nivel nacional que permitan a los ciudadanos debatir sus opiniones y discutirlas con los responsables de la formulación de las políticas locales

· Establecerá un marco de cooperación entre la Comisión Europea y otras instituciones de la UE.

· Pondrá en marcha redes en línea que reúnan a los parlamentarios europeos, nacionales y regionales con periodistas y otros formadores de opinión europeos.

· Desarrollará espacios públicos europeos en las capitales de los Estados miembros con exposiciones, debates, seminarios y sesiones de formación sobre cuestiones relacionadas con la UE.

· Incidirá aún más en la esfera local implicando a funcionarios de la UE en actividades organizadas a escala regional y local.

· Desarrollará en mayor medida el potencial del foro de debate en línea Debate Europe entre los usuarios de internet. A través de este foro se espera dar un nuevo impulso al debate y favorecer un diálogo constructivo por parte de la UE, dando a los ciudadanos la posibilidad de contribuir a la solución de los retos presentes y futuros de Europa.

Europa a debate

Con “Europa a debate” se pretende ampliar el “diálogo bidireccional” del Plan D de cara a las elecciones europeas de junio de 2009. Este diálogo trata de impulsar un debate general y permanente sobre el futuro de la Unión Europea entre todas las personas, independientemente de su profesión o condición social, tanto a nivel nacional como de la UE.

¿Qué es el Plan D?
El Plan D se puso en marcha en 2005 en respuesta a la petición realizada por el Consejo Europeo en junio de 2005 de iniciar un periodo de reflexión sobre cómo proseguir con la reforma institucional tras el rechazo manifestado por los ciudadanos en los referendos convocados en Francia y Holanda. En los dos años siguientes, la Comisión cofinanció y realizó una serie de proyectos de consulta transfronterizos. El Plan D también es complementario de los distintos programas de la Comisión que tratan de promover una ciudadanía europea activa.

Fuente: euroalert.net

Link: http://euroalert.net/news.aspx?idn=6809