¿Quién ronda a los veedores ciudadanos?
Algunos ejercen su encargo con dignidad, otros sólo buscan favores del Estado. Sanciones y denuncias.
De la misma manera que se cuestiona que al Alcalde quién lo ronda, se podría preguntar ¿quién le hace veeduría a las veedurías? Porque detrás de ese noble ejercicio ciudadano de control social a los asuntos del Estado que algunos ejercen con dignidad, se esconde, también, una serie de prácticas dudosas y poco éticas de otros.
Así como hay veedores que cumplen su labor con honestidad y dedicación, también hay otros que se valen de esa investidura en provecho propio, para sacar beneficios del Estado, pedir puestos y contratos o legitimar con su firma acciones oficiales a cambio de dádivas.
Se sabe del caso de una persona que se hacía pasar como veedor y fue a la cárcel por desbordar su ejercicio, presionar a funcionarios para obtener beneficios propios e incurrió en el delito de falsa denuncia. Amparado en un carné de veedor que le había expedido la Personería, el presunto veedor constreñía a funcionarios, los amenazaba con tutelas y denuncias y buscaba réditos para sí.
Por esa razón, desde el año pasado la Personería Municipal decidió suspender la expedición de carnés a veedores y se limita a emitir una resolución donde reconoce la existencia de la veeduría, previo cumplimiento de los requisitos legales. Por denuncias de los propios funcionarios, se sabe también de la representante de otra veeduría que amedrenta a funcionarios del Estado con iniciarles acciones judiciales, aparentemente con el fin de lograr contratos de capacitación que se suscriben a través de una fundación. En la directiva de dicha entidad, supuestamente constituida para promover la participación ciudadana, hay ex funcionarios que se beneficiarían de dichos contratos.
El abogado y veedor Julián Humberto Zapata denunció que “desde la Administración utilizan algunos veedores para hacer capacitaciones y sacar recursos”. Para ello se utilizarían contratos en dependencias como el Dagma, Bienestar Social, Tránsito y Gobierno, según se indicó. Sin embargo, el director del Dagma, Jesús Darío González, sostuvo que “a mí no me ha pasado eso y no conozco de ningún funcionario en la Administración que me haya evidenciado o sugerido esa situación.
La relación con los veedores no es corporativa, ellos han planteado sus inquietudes, porque hay bastantes, y son reportadas o van a la Personería”. Un alto funcionario de Servicios de Tránsito (concesionario de la Secretaría de Tránsito de Cali) sí confirmó que un veedor ha ido a presionar la matrícula y trámites de taxis, aparentemente en un proceso de negociación de cupos. Pero Armando Escobar Potes, quien ejerce esa veeduría y es, a la vez, gerente de la empresa de taxis Sintranspublic, asegura que “no he buscado provecho propio y legalmente mi actividad privada no es incompatible con la veeduría. Yo nunca he sido contratista del Estado, ni servidor público, ni tengo familiares en el Tránsito o el Ministerio del Transporte que me generen inhabilidades”, sostuvo.
Lo cierto es que ante la Personería Municipal hay inscritas 198 veedurías en temas tan diversos como salud, educación, transporte, recreación y medio ambiente. Según el personero auxiliar de Cali, Tobías Ayala, “hay veedurías pintorescas”, como dos que se constituyeron recientemente para defender a los damnificados de las pirámides. En su criterio esto sería más bien “anecdótico y se trata de un tema complejo donde poco podrían hacer los veedores frente a un asunto como ese que desborda la posibilidad de una veeduría ciudadana sobre lo público”. Pese a ello, la Personería no se opone y los inscribió, aclaró el funcionario. Incluso, algunos de los mismos veedores, en un ejercicio autocrítico, reconocen que las veedurías en Cali están desprestigiadas. Jaír Llanos, quien le hace seguimiento al MÍO, sostiene que “hay veedurías que son fichas de politiqueros y funcionarios a los que les sirven de firmones para legitimar cosas. Algunos viven de eso y de nada más”, asegura.
Por esa razón, sugiere la constitución de un grupo élite de veedores altamente competitivos en lo moral y académico, cuyos conceptos se respeten. Llanos cree que esa sería una forma de recuperar el prestigio y el estatus de las veedurías. La abogada y veedora Luz Betty de Borrero advierte que por eso las veedurías no deben constituirse por iniciativa del Estado, sino de la gente misma, para que haya una genuina vocación de servicio en la vigilancia de los asuntos públicos.
Ella sostiene que “el Estado copta las veedurías y éstas les piden al Alcalde oficina y equipos, cuando la única garantía que el Estado tiene que dar a los veedores es el suministro de la información que se le solicita, en el tiempo oportuno”. De hecho, la base de las investigaciones radica en los derechos de petición que impetran los veedores. En ese sentido, la abogada descalificó que las personas escogidas para hacerle seguimiento al proceso de las megaobras en Cali sean veedores ciudadanos como se ha querido mostrar por el mismo gobierno, porque no cumplen el estatuto de veedurías.
Explicó que las veedurías son una organización de ciudadanos, constituidas por iniciativa popular y no del Estado o de los funcionarios. “Y las veedurías son para hacer control social, no el control fiscal, ni el disciplinario, ni el judicial porque no podemos pisar esas órbitas”, advirtió. Dejó claro que “ellos (los de las megaobras) no son veedores, sino representantes de los propietarios de predios sujetos a pagar la contribución de valorización por esas obras”.
En respuesta a lo anterior, Ramiro Varela Marmolejo, uno de los diez elegidos en ese grupo, aceptó que, efectivamente, ellos no son veedores y aseguró que no se están proclamando como tales, aunque desde los mismos estamentos gubernamentales se promueva lo contrario. Independiente a esa función, el ingeniero Varela ha asumido con vehemencia una especie de veeduría sobre el MÍO y lo venía haciendo también sobre las megaobras antes de ser elegido en el comité de seguimiento. Actitud que algunos concejales y funcionarios consideran dudosa.
Varela sostiene que la cuestión es que “para hacerle control a las obras hay que tener un perfil para cumplir una labor eminentemente técnica de alta ingeniería y arquitectura y gran conocimiento de lo jurídico, económico y financiero”. De cualquier manera, las veedurías de Cali están en la mira. Algunas porque parecen sacar provecho propio de un servicio social que lo que busca es defender el interés común frente al Estado y otras por que son creadas por el mismo Estado con el fin de legitimar sus actuaciones.
La cara positiva de los veedores
Las veedurías también tienen su cara positiva. Un ejemplo son las que hacen seguimiento al proyecto de transporte masivo de Cali, MÍO, coordinadas por la Cámara de Comercio. Esta veeduría, en la que participan al rededor de 150 personas, ha producido doce informes donde hay una detallada entrega de resultados.
El ingeniero veedor Luis Antonio Rincón, recuerda que gracias a su labor se detectó, por ejemplo, que el puente curvo de la Calle 5 con Avenida Rooselvelt quedó mal hecho porque el peralte estaba al contrario y exponía a los vehículos a un accidente. El puente fue parcialmente demolido y corregidos sus niveles.
De igual manera, esa veeduría logró parar el polémico contrato de adjudicación del Sistema de Recaudo, Siur, del MÍO por parte de Metrocali en el 2006, el cual se estaba adjudicando sin las garantías financieras suficientes. El biólogo de la Universidad del Valle Laureano Gómez recordó que gracias a la veeduría de la que él participa se logró modificar el diseño de la troncal de la Calle 5, entre Cosmocentro y Jardín Plaza. Se iban a tumbar 654 árboles en ese tramo y hubo que hacer una gran marcha ciudadana que obligó a Metrocali a rediseñar ese pedazo. Sólo se afectaron 120 árboles, de los cuales no más de 12 eran grandes especies.
En la Personería se tramitaron dos acciones populares grandes. Una por la Asociación de Veeduría Ciudadana Comuna 7, para la pavimentación de la Carrera 7T entre calles 63 y 65, barrio Las Ceibas. Y la otra para la restitución de la zona verde de la Carrera 7R con calles 69 y 70 de Alfonso López, de la cual se había apropiado un particular. La Contraloría Municipal, a su vez, indicó que el año pasado se recibieron 968 quejas, de las cuales 76 fueron por veedores ciudadanos. Este año van 725 de las cuales 53 son de veedores. Un aspecto importante del control es la participación ciudadana en proyectos que discute el Concejo como el de Emcali y las Megaobras. En ellos los veedores Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero son los más críticos.
Requisitos para la conformación
La Ley Estatutaria 850 del 2003 es la que reglamenta el ejercicio de veeduría ciudadana. Todo el mundo puede ser veedor, así como puede ser presidente o senador, pero para ello debe llenar algunos requisitos y exigencias legales. En el caso de las veedurías, debe organizarse. Se necesita un grupo plural de personas, sin límite, que decidan constituirse en veeduría.
Elaboran un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Su inscripción se hace ante las Personerías o Cámaras de Comercio. La vigilancia publica se podrá ejercer sobre la gestión administrativa con sujeción a los intereses generales y la observancia de los principios de moralidad, eficiencia, imparcialidad, publicidad, entre otros.
Será materia en la vigilancia la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y planes, programas y proyectos debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, fines y cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos. En pocas palabras "Muchos se proclaman veedores, pero cuando hay una participación ciudadana en el concejo para un proyecto, nadie aparece".
Luz Betty Jiménez, veedora.
Fuente: www.elpais.com.co.
Un
grupo integrado por sectores públicos y privados impulsa la creación del
Consejo de Desarrollo Económico, Social y Ambiental, a través del cual se
proyecte un modelo de ciudad con participación ciudadana, más allá de cual
fuere la gestión de gobierno.
