Rito. En muchos municipios no hay auténtica participación ciudadana. Sólo se cumple el formalismo de hacer firmar el presupuesto operativo anual con los dirigentes que no debatieron con sus bases las necesidades de la gente.
Participación ciudadana con poder de decisión
18/9/11 Diario Opinión, Cochabamba.
Una investigación del Centro de Estudios de Documentación Bolivia (CEDIB) muestra que la participación de las organizaciones vecinales en las decisiones de los municipios es pobre y, en algunos casos, se reduce a un rito en el que los representantes se limitan a firmar los documentos elaborados por los técnicos.
El presupuesto operativo anual de las alcaldías debe ser producido con la participación ciudadana, porque allí se establecen las prioridades de inversión, la distribución de los recursos y las políticas del gobierno municipal. En los municipios no hay tiempo de evaluar participativamente la gestión en curso, las obras están retrasadas y se vencen los plazos para entregar el presupuesto del año siguiente.
La Constitución Política prevé la participación de la sociedad civil organizada en el diseño de las políticas públicas y el ejercicio del control social sobre la calidad de los servicios y la gestión pública en todos los niveles del Estado, así como en las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Ese derecho de la sociedad organizada aún no es ejercido plenamente, porque las entidades del Estado todavía no han generado espacios de participación y control social que permitan el empoderamiento de la sociedad.
En muchos casos, los representantes de las organizaciones no pueden acceder ni siquiera a la información básica que necesitan. En otros, se excluye la participación, reconociendo sólo a ciertos interlocutores válidos como, por ejemplo, las organizaciones territoriales de base con personalidad jurídica, negando el acceso a otro tipo de organizaciones como los comités de agua, comités de salud, sindicatos, organizaciones juveniles, de mujeres y otras. El anteproyecto de Ley Participación Popular y Control Social, impulsado por el Ministerio de Transparencia, que recogió sugerencias de la Red de Participación Ciudadana y de Control Social, quedó postergado.
Hay avances aislados, como en la ciudad de La Paz donde se cuenta con las bases de participación ciudadana y control social en su proyecto de Carta Orgánica. También se creó un Consejo Ciudadano de Ética y Transparencia que reúne a 20 instituciones y organizaciones sociales para brindar acceso a la información, definir y socializar políticas y estrategias de prevención de la corrupción y promover y fortalecer los espacios de participación ciudadana, con el fin de mejorar los servicios municipales.
En la mayoría de los municipios hay un divorcio entre las autoridades municipales y los vecinos, por lo que la inversión pública no responde a las necesidades de la población. La gente identifica como necesidades básicas la falta de agua potable y de alcantarillado, servicios de salud y educación, para citar ejemplos, pero las alcaldías invierten en infraestructura y en otras obras que no responden directamente a mejorar la calidad de vida.Se requiere contar con una norma nacional que promueva la participación ciudadana con poder de decisión y un efectivo control social.
Los sectores en los que hay mayor interés de participar son justamente los que tienen más necesidades básicas insatisfechas. La gente dispone de su tiempo y recursos para organizarse, presentar cartas y hacer gestiones a fin ser escuchada, aunque pocas veces logra su objetivo. Ahora, más que nunca, es fundamental una auténtica participación de la gente pues los procesos estatuyentes y autonómicos están en marcha. Los planteamientos tendrán legitimidad sólo si se logra amplia participación social.
Fuente: www.opinion.com.bo
Participación ciudadana con poder de decisión
18/9/11 Diario Opinión, Cochabamba.
Una investigación del Centro de Estudios de Documentación Bolivia (CEDIB) muestra que la participación de las organizaciones vecinales en las decisiones de los municipios es pobre y, en algunos casos, se reduce a un rito en el que los representantes se limitan a firmar los documentos elaborados por los técnicos.
El presupuesto operativo anual de las alcaldías debe ser producido con la participación ciudadana, porque allí se establecen las prioridades de inversión, la distribución de los recursos y las políticas del gobierno municipal. En los municipios no hay tiempo de evaluar participativamente la gestión en curso, las obras están retrasadas y se vencen los plazos para entregar el presupuesto del año siguiente.
La Constitución Política prevé la participación de la sociedad civil organizada en el diseño de las políticas públicas y el ejercicio del control social sobre la calidad de los servicios y la gestión pública en todos los niveles del Estado, así como en las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Ese derecho de la sociedad organizada aún no es ejercido plenamente, porque las entidades del Estado todavía no han generado espacios de participación y control social que permitan el empoderamiento de la sociedad.
En muchos casos, los representantes de las organizaciones no pueden acceder ni siquiera a la información básica que necesitan. En otros, se excluye la participación, reconociendo sólo a ciertos interlocutores válidos como, por ejemplo, las organizaciones territoriales de base con personalidad jurídica, negando el acceso a otro tipo de organizaciones como los comités de agua, comités de salud, sindicatos, organizaciones juveniles, de mujeres y otras. El anteproyecto de Ley Participación Popular y Control Social, impulsado por el Ministerio de Transparencia, que recogió sugerencias de la Red de Participación Ciudadana y de Control Social, quedó postergado.
Hay avances aislados, como en la ciudad de La Paz donde se cuenta con las bases de participación ciudadana y control social en su proyecto de Carta Orgánica. También se creó un Consejo Ciudadano de Ética y Transparencia que reúne a 20 instituciones y organizaciones sociales para brindar acceso a la información, definir y socializar políticas y estrategias de prevención de la corrupción y promover y fortalecer los espacios de participación ciudadana, con el fin de mejorar los servicios municipales.
En la mayoría de los municipios hay un divorcio entre las autoridades municipales y los vecinos, por lo que la inversión pública no responde a las necesidades de la población. La gente identifica como necesidades básicas la falta de agua potable y de alcantarillado, servicios de salud y educación, para citar ejemplos, pero las alcaldías invierten en infraestructura y en otras obras que no responden directamente a mejorar la calidad de vida.Se requiere contar con una norma nacional que promueva la participación ciudadana con poder de decisión y un efectivo control social.
Los sectores en los que hay mayor interés de participar son justamente los que tienen más necesidades básicas insatisfechas. La gente dispone de su tiempo y recursos para organizarse, presentar cartas y hacer gestiones a fin ser escuchada, aunque pocas veces logra su objetivo. Ahora, más que nunca, es fundamental una auténtica participación de la gente pues los procesos estatuyentes y autonómicos están en marcha. Los planteamientos tendrán legitimidad sólo si se logra amplia participación social.
Fuente: www.opinion.com.bo
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