Seguimos en ESEIAP

 

 

 

 

Más notas de opinión, artículos y ponencias en el sitio web del Espacio de Estudios Interdisciplinarios sobre Asuntos Públicos -ESEIAP-

www.eseiap.com

 

 

 

ODS y participación ciudadana

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como oportunidad para la participación ciudadana

                                                                                                                Por Leopoldo Fidyka[1]

1. Los ODS como estrategia de desarrollo

En distintas ciudades se vienen llevando a cabo diferentes experiencias de planes territoriales sesgados fuertemente por contenidos participativos, los que permiten discutir modelos y objetivos de las ciudades y diseñar estrategias de gobierno a mediano y largo plazo.

Una oportunidad para el trabajo articulado en el territorio local pero con lineamientos globales, lo constituye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la Asamblea General de la ONU. La misma constituye un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y plantea 17 grandes objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Constituye a su vez una gran posibilidad de materializar una serie de principios, valores e iniciativas relacionadas con la concreción de los Derechos Humanos, dado que se enmarcan en principios a la universalidad, igualdad no discriminación, participación, rendición de cuentas y responsabilidad.

Los temas implicados y las metas definidas se orientan a erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo sostenible.
 

La estrategia ha de regir los programas de desarrollo mundiales durante los próximos años y al adoptarla, los Estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más vulnerables.
 

La Agenda implica un compromiso común y universal, pero como cada país enfrenta desafíos específicos, cada uno establece sus propias metas nacionales en su búsqueda del desarrollo sostenible.

La Declaración sostiene que “nunca hasta ahora se habían comprometido los líderes del mundo en una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia y universal”, por lo que resulta menester emprender juntos un camino hacia el año 2030 en el que contará con el acompañamiento de “los gobiernos, así como los parlamentos, el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad científica y académica, y toda la población”.
 

Para ello se plantea como necesidad movilizar los medios necesarios para implementar la Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas.

De hecho, su proceso de elaboración fue más abierto que otros instrumentos internacionales[2], contando con la participación de organizaciones de la sociedad civil, actores del sector empresarial, expertos del sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lo que le da a la Agenda una base más amplia de legitimación.


Los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ODS’s son:

Objetivo 1	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Objetivo 3	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Objetivo 6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Objetivo 7	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Objetivo 8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 9	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Objetivo 10	Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
Objetivo 16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Objetivo 17	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Estos objetivos se plasman en 169 metas conexas, de carácter integrado e indivisible, en las que la participación de la ciudadanía tiene un rol destacado, valen algunos ejemplos:

1) Con respecto a educación: 4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

2) Con respecto a igualdad de géneros: 5.5 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

3) Con respecto a las ciudades: 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

4) Con respecto a la calidad institucional: 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.

5) Con respecto al fortalecimiento de la cooperación: 17.16 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo. 17.17 Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones.

Los distintos países deben hacer un proceso de “adaptación” o localización de la nueva agenda a sus necesidades, realidades y propósitos generando objetivos de gobierno que estén en concordancia con ellos, integrando dichos objetivos a los ejes estratégicos de la política gubernamental (junto a metas e indicadores que permitan el seguimiento y reorientación de las acciones).

Para el trabajo con los ODS en la República Argentina se partió de los Objetivos de Gobierno (OG’s), donde se establecieron 8 grandes Objetivos de Gobierno y 100 iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. (Los 8 OG’s son: I. Estabilidad Macroeconómica; II. Acuerdo Productivo Nacional; III. Desarrollo de Infraestructura; IV. Desarrollo Humano Sustentable; V. Combate al Narcotráfico y mejora de la Seguridad; VI. Fortalecimiento Institucional; VII. Modernización del Estado y VIII. Inserción Inteligente al Mundo.), para luego vincularlos con los ODS, resultando que todos los OG’s tienen relación directa o indirecta al menos con un ODS de la Naciones Unidas.
 

En ese marco, dentro del OG’s IV. Desarrollo Humano Sustentable, aparece entre las prioridades de gobierno la “Participación ciudadana”[3], asociada al logro de los ODS Nº 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y Nº 17 (Alianzas para lograr los objetivos). Por lo tanto, los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) constituyen un nuevo marco integrador para la planificación y gestión gubernamental, cuestión que se extiende los gobiernos subnacionales y locales.
 

En este contexto los municipios han de tener un rol activo, no sólo, como aparecería a priori-en la aplicación del Objetivo 11- “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”-, sino también en todos los demás objetivos, dado que los ODS incluyen metas relacionadas con el quehacer diario de los gobiernos locales y el éxito de ésta estrategia global requiere de una implementación local articulada e intersectorial.

Los gobiernos locales son responsables políticos, catalizadores del cambio y el nivel de gobierno “mejor situado para vincular los objetivos globales con las comunidades locales”[4] y los diferentes Objetivos poseen temas directamente relacionadas con las responsabilidades de los gobiernos locales, en particular respecto de la prestación de servicios básicos, de su cercanía con las comunidades y “por lo tanto respecto de la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas”[5].

La inclusión de todas las partes interesadas implica prestar atención específica a la inclusión de todas las voces, especialmente de los tradicionalmente excluidos de los procesos de formulación de políticas y adopción de decisiones, como grupos marginados, comunidades indígenas, personas con capacidades diferentes, excluidos por razones económicas, culturales, de género, orientación sexual, entre otros. La localización de la agenda puede contribuir a la inclusión de las diferentes partes de la sociedad, la aceptación de la diversidad y la generación de renovados pactos de convivencia.




2. Cuestiones operativas para implementar los ODS con participación ciudadana


Los Objetivos de Desarrollo Sustentable requieren de procesos de promoción e internalización de sus lineamientos y valores, de gestión de iniciativas concretas y medibles y de institucionalización de mecanismos posibles y necesarios de involucramiento de la ciudadanía.

Se puede materializar mediante un plan, el cual constituye un conjunto de objetivos y propuestas que se expresa a través de un modelo determinado dentro un programa de acción y coordinación, con metas establecidas en el tiempo. Contiene “decisiones de carácter general que expresan los lineamientos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos para alcanzar las metas y objetivos propuestos”[6].

El plan como tal deberá ser realista, coherente, flexible, operativo, sistémico y participativo. En efecto, un eje central de su éxito dependerá del concurso y articulación de los actores públicos y privados que actúan en el territorio local, si los mismos se consustancian con la planificación, mejores serán las posibilidades que adquiera validez, legitimidad y acompañamiento y a su vez se podrán ajustar sus procedimientos y potenciar sus resultados.

El plan de localización local de los ODS deberá conformarse como una planificación estratégica que conciba a partir de un futuro deseable los medios reales para alcanzarlos, como bien sostiene María García Pizarro, las finalidad de un plan estratégico son: definir una estrategia e identificar los proyectos e infraestructuras que van a resultar clave con los actores; y ser consientes de la interdependencias, construir y gestionarlas desde el reconocimiento y aceptación de la diferencias, comprendiendo que “la calidad de las interacciones entre actores, se convierte por tanto, en el mayor activo institucional del que un territorio puede disponer”[7].

Esto se facilitaría en aquellos países que los gobiernos locales tienen el ejercicio y/o la obligación de realizar un plan de desarrollo municipal[8], un instrumento rector donde se plasman las necesidades de la comunidad local y las vías para promover su avance social, económico y cultural, dado que pueden compatibilizarse en sus contenidos.

Como todo plan la implementación de los ODS con criterios estratégicos a escala local requiere cumplir distintas etapas relacionadas entre sí:

A. Momento Organizativo: se compone del diseño de la metodología general, la búsqueda de información relevante, la definición de la estructura organizativa y equipos técnicos, la exploración de actores locales y la identificación de los temas críticos. Se sugiere la designación de un “Punto Focal Local”[9] (área y equipo a cargo del proceso de localización).

B. Momento Diagnóstico: Descripción de la realidad local, necesidades, el contexto y su vinculación con las dimensiones de la ODS, análisis y selección de fuentes de información. Definición de línea base. Mapeo de actores, Análisis de la intersectorialidad y transversalidad y de factores claves para el despliegue de los ODS (capacidades, recursos y políticas).

C. Momento Propositivo: Determinación del Plan de localización de ODS: Objetivos y líneas estratégicas, acciones, recursos, formulación de metas e indicadores de seguimiento. Definición de proyectos y responsables.

D. Momento Ejecutivo: Implementación de las acciones del Plan, gestión y seguimiento de los proyectos.

E. Momento Evaluativo: Evaluación y revisión permanente del Plan de localización, ajuste y reprogramación de acciones.

La participación ciudadana, la transparencia del proceso y el acceso a la información deben ser ejes transversales del Plan y estar presentes en cada una de sus distintas etapas.

Así plantearse como posibles las siguientes instancias de participación para promover el diálogo, el trabajo y aprendizaje en común y el enriquecimiento de las iniciativas a partir del encuentro de saberes.

Como hecho simbólico aglutinador podría plantearse la elaboración de una “Carta Compromiso local por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, la cual consiste en un documento concebido en forma participativa que apunta a expresar los grandes principios perseguidos por la ciudad en pos de los ODS, generando un compromiso público y escrito tanto del gobierno como de la sociedad civil hacia el sostenimiento y continuidad de las ideas directrices consensuadas.

La Carta ha de condensar principios, valores y anhelos de la comunidad en su conjunto, revalorizando la idea del pacto o convenio colectivo en procura de objetivos democráticamente construidos y deberá ser concebida como un instrumento de la toda la comunidad, destinada a ser apropiada por los distintos actores sociales y marco de referencia para el diseño de las políticas públicas locales.

En los distintos momentos del plan de localización pueden plantearse instancia participativas, tanto presenciales como las mediatizadas por la tecnología.


Ejemplos de posibles instancias participativas: (presenciales)

1. Momento Organizativo	-          Seminario taller de sensibilización inicial acerca de la importancia de los ODS a desarrollarse en distintos barrios de la ciudad. -          Entrevistas con agentes económicos y sociales relevantes, -          Encuentros específicos con partidos y dirigentes políticos (mirada política) -          “Lluvia de ideas” con técnicos y especialistas de distintas áreas (mirada técnica) -          Talleres abiertos para la identificación de temas críticos (mirada ciudadana). -          Generación de de un órgano de representación ciudadana en la estructura permanente del Plan con canales para que la ciudadanía presente inquietudes y propuestas en forma permanente. -          Encuentro abierto para la presentación de temas críticos. -
2. Momento Diagnóstico	-          Convocatoria a técnicos especialistas profesionales privilegiando el aporte y recursos humanos locales y la universidad regional para el análisis externo. -          Desarrollo de grupos de discusión para análisis de variables y prioridades. -          Puesta en marcha de encuestas específicas. -          Encuentro abierto para la presentación del diagnóstico.
3. Momento Propositivo	-          Consultas sectoriales. -          Conformación de Comisiones de Elaboración de Objetivos, (CEO) -          Encuentro abierto para la presentación de líneas estratégicas, objetivos y proyectos. -          Elaboración y firma de la “Carta Compromiso Local por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
4. Momento Ejecutivo	-          Comisiones intersectoriales para la ejecución de proyectos. -          Encuentros participativos y sectoriales para la presentación avances.
5. Momento Evaluativo	-          Encuentros abiertos para la presentación de evaluación y revisiones.

Un punto al que se le debe poner énfasis, es la mejora en los canales de comunicación, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, especialmente a través de la ayuda que proporcionan las nuevas tecnologías.

Por ello facilitará la implementación de una estrategia relacionada con los ODS en el escenario local, el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, la transparencia activa, la puesta en marcha de acciones encaminadas hacia el gobierno abierto (con sus ejes de transparencia, participación y colaboración); la apertura de datos, la promoción del desarrollo de aplicaciones ciudadana, la escucha activa en redes sociales, la realización de encuestas y espacios de consulta en la red, y el diseño de plataformas de participación y colaboración ciudadana, entre otras.

3. Consideraciones finales:

Los ODS aparecen como un paradigma que actúa como un gran manto para el despliegue de los derechos humanos a escala local. La implementación de una agenda en ese sentido requiere más capacidades y recursos a nivel municipal, incluidas la mejora del seguimiento y la rendición de cuentas; y su implementación puede proporcionan a las ciudades:

En términos de gestión y planificación: una oportunidad para pensarse y repensarse a sí mismas, cuestión que invita y facilita a poner el eje en los temas prioritarios, sin olvidar la complejidad e integralidad; y las relaciones y complementariedad de los problemas locales.

En términos de información: permite enfatizar y ordenar la información local, facilitando su disposición, accesibilidad, monitoreo y reutilización.

En términos de cooperación: permite la vinculación vertical y horizontal, y al “enredarse” las ciudades a partir de un paradigma global, cooperar y aprender de experiencias comparadas.

En términos de ciudadanía: generar empoderamiento, acercarse más a los ciudadanos y sus organizaciones, articular esfuerzos locales y consolidar mecanismos de participación ciudadana

En términos culturales: generar valores ciudadanos de solidaridad, responsabilidad y sustentabilidad y refuerzo del capital social.

En definitiva, los ODS constituyen principios globales que descienden y se enraízan en lo local y tendrán fortaleza y continuidad si se abordan transversalmente y abiertos a la participación de todos los actores sociales, generando implicancia, compromiso, articulación múltiple y rendición de cuentas.

---

[1]  Extraído de la ponencia: “De lo global a lo local: El concepto de participación ciudadana en la Constitución Nacional Argentina. Los ODS como oportunidad de fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito municipal” presentada  en el XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas celebrado en la ciudad de Manizales, Colombia, del 24 al 28 de septiembre de 2017.

[2] Como por ejemplo respecto a la elaboración de los Objetivos del Milenio.

[3] Enunciada de la siguiente forma: 47. “Creemos en el trabajo en equipo, no sólo dentro del Gobierno sino entre el Estado y la sociedad. Queremos ampliar esas redes para trabajar cada vez más con Organizaciones Sociales, voluntarios y empresas para llegar a cada una de las personas que lo necesiten”.

[4] "Objetivos de Desarrollo Sostenible; lo que los Gobiernos Locales deben saber" Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 2015 p.2.

[5] “Manual para la adaptación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación, República Argentina, 2017.p.11

[6] “Guía de Planificación Territorial”, Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Mayo 2016.

[7] María García Pizarro “La Planificación estratégica y el Arte del Buen Gobierno”. Instituto de Investigación Urbana y Territorial, UIM, p. 47.

[8] Como por ejemplo, el Plan comunal de desarrollo de Chile, (art. 6 Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades); el  Plan de desarrollo municipal concertado del Perú, (art. 97 ley 27.972 Orgánica de las Municipalidades); o el Plan de desarrollo municipal (Colombia, art. 3 inc. 2 Ley 136 de 2 de junio de 1994).

[9] Es recomendable que la iniciativa ODS sea adoptada por la máxima autoridad municipal ejecutiva (el Intendente) y el legislativo local (el Concejo Deliberante). Por su relevancia, ambos actores políticos otorgan legitimidad y sostenibilidad a la iniciativa y al proceso de localización (Manual de Adaptación Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Desarrollo Social, República Argentina).
 

Etica, transparencia e integridad institucional en el ámbito iberoamericano

Ética, Transparencia e Integridad Institucional en el entorno público. Una reseña de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.

Por Gustavo Daniel Di Paolo y Leopoldo Fidyka

ESEIAP Argentina

La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública (CIEIFP), aprobada por la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Antigua, Guatemala, el 26 y 27 de julio de 2018, refleja el interés manifiesto y la preocupación decidida por las prácticas corruptas y sus derivaciones estructurales que inciden sobre los ejes del desarrollo y de la convivencia, y que establecen consecuentemente la deslegitimación de la acción pública en el entorno global.

La Conferencia fue organizada por el Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Secretaría Pro Témpore Guatemalteca, con apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y participaron representantes de los veintidós países que conforman el espacio iberoamericano.

Son los principales objetivos de la Carta promover la integridad de los responsables y servidores públicos en todos sus niveles, en una actuación continuamente coherente con los valores y principios relevantes de la ética del servicio público contribuyendo a la legitimación de la acción pública y al refuerzo de la confianza en las instituciones públicas.

Este instrumento busca motivar el aprendizaje e intercambio sostenido de buenas prácticas entre los países firmantes, a fin de fortalecer un sistema de integridad en el contexto de las Administraciones con prioridad en la ética pública, brindando un marco genérico en lo atinente a idiosincrasia, historia, cultura, tradición jurídica y entorno institucional propios de cada actor estatal y aplicables a todos los poderes del Estado y órganos constitucionales.

En correlato, la CIEIFP tiene también como propósito contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en particular consolidar sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces y responsables.

Esto se complementa con la lógica de acceso a la información pública y la preservación de las libertades fundamentales, en lo que respecta al marco jurídico-normativo local e internacional.

No obstante, la Carta contribuye al cumplimiento de los ODS emparentados con la eliminación de la pobreza, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y la reducción de la desigualdad.

En consecuencia, resulta trascendente definir el entorno de integridad organizacional a través de la formulación de Códigos Éticos además de concebir las conductas moralmente pertinentes con un decidido acatamiento de los derechos humanos y de los valores de igualdad de género, diversidad y discriminación positiva en el contexto institucional.

Por otra parte, se torna esencial la canalización de acciones de capacitación en ejes temáticos como ética, transparencia e integridad institucional en entidades públicas.

La gestión y la evaluación de riesgos de maniobras corruptas en el seno organizacional, la articulación de un sistema de denuncias y de protección a los informantes de estas actividades delictivas, la activación de mecanismos de transparencia activa, pasiva y focalizada, la potenciación de los datos abiertos en la Administración Pública, y la incorporación de nuevas tecnologías y redes sociales digitales como fuentes de generación de espacios de participación ciudadana en un espacio de innovación y creatividad, se vuelven indispensables y superadoras.

Adicionalmente, es requerible la fusión del sistema de integridad organizacional con los procesos y la operatoria de control interno dentro del marco institucional, determinando por ende sinergias en un esquema cooperativo e interactivo.

La gestión por resultados para el desarrollo en los estamentos nacional e institucional tiende a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación del impacto de las políticas en contrataciones públicas existentes.

Por lo tanto, la Carta plantea como orientaciones para la acción:

·                   Elaborar periódicamente diagnósticos completos del sistema de integridad nacional para garantizar la integridad, transparencia y rendición de cuentas, los cuales deben quedar constituidos como línea base para la evaluación posterior de los impactos de los instrumentos que se implementen para el mejoramiento de la Gestión Ética.

·                   Generar, ejecutar y sostener financieramente, diseños organizativos que incluyan los componentes fundamentales del modelo de integridad organizacional definido nacionalmente y que, además, interactúen con los otros subsistemas de gestión.

·                   Redactar como parte esencial de los marcos de integridad organizacional, códigos éticos en sus organizaciones, siguiendo en la medida de sus posibilidades y prioridades las pautas procedimentales marcadas en el documento base y con los contenidos definidos como esenciales en el mismo.

·                   Realizar periódicamente encuestas de diagnóstico de clima ético en las organizaciones, desarrollar actividades de formación en ética en las organizaciones públicas, generar sistemas de asesoramiento ante dilemas éticos mediante comités de ética u otros que se consideren pertinentes; realizar evaluaciones de riesgos de corrupción en el ámbito de sus organizaciones, focalizándolos esencialmente en las áreas de riesgo y siguiendo las fases que las organizaciones internacionales especializadas proponen.

·                   Incorporar al marco de integridad un sistema de denuncias y de protección a los denunciantes de corrupción, fraude, despilfarro o conductas contrarias a los códigos éticos y, en su caso, a los testigos.

·                   Fomentar de acuerdo con la normativa existente en cada país, mecanismos de transparencia activa, pasiva y focalizada; la promoción y potenciación de los datos abiertos en la Administración Pública; la incorporación de nuevas tecnologías y redes sociales digitales como medio para generar espacios de escucha activa, vías para la participación ciudadana en la gestión y para colaboración en la innovación y búsqueda de soluciones

·                   Formular e implementar una regulación completa y sistemática sobre prevención y gestión de los conflictos de intereses, con su correspondiente sistema de incumplimientos y sanciones, incluyendo en ella un sistema de detección, control e investigación a través de un órgano independiente.

·                   Disponer a través de las normas legales consecuentes, de un sistema normativo donde se definan los incumplimientos de la integridad, sus niveles de gravedad y las sanciones y donde se asegure que existen consecuencias negativas en caso de incumplimiento.

·                   Construir sistemas de gestión por resultados para el desarrollo (GpRD) con ámbito nacional y, consecuentemente, en cada organización, de tal manera que se refuerce la dirección estratégica, los presupuestos vinculados a objetivos, la rendición de cuentas y se evalúe el impacto de las políticas existentes. La gestión de la integridad debe integrarse con la gestión del resto de subsistemas de las organizaciones, convirtiéndose en un principio orientador para el conjunto de Cartas del CLAD; desarrollar las mejores prácticas internacionales en contratación pública, y cumplir con criterios fundamentales de profesionalidad y eficacia en relación a la selección, competencias y protección de los miembros de los Comités de ética.

·                   Fortalecer las capacidades de los órganos rectores en materia de ética, integridad y conflictos de intereses, asegurando que estén dotados de la independencia legal y autonomía financiera necesaria, conforme la legislación doméstica de cada país, para ejercitar adecuadamente sus funciones.

Estas orientaciones constituyen importantes insumos para el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas en la materia, no sólo para los gobiernos nacionales, sino también para los del ámbito subnacional y local, los cuales muchas veces carecen de marcos de referencia sistémicos como los que ofrece este instrumento.

Su despliegue propenderá a la generación de valor público y al aumento de los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas en un entorno decididamente democrático. En tal sentido, como se sostiene en el mismo Preámbulo de la CIEIFP, la misma “ofrece un camino hacia el comportamiento íntegro en las organizaciones públicas, un camino que supere el mero rechazo de las actuaciones corruptas y busque la mejor forma de servir los intereses generales”.

En sintonía con lo señalado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea a la gobernanza como una opción estratégica a largo plazo para asistir a los gobiernos en diseñar y ejecutar políticas innovadoras comprometidas con la ciudadanía y con la cultura de la integridad; teniendo en cuenta que un gobierno transparente y abierto debe permitir la participación de todos los actores no estatales o subestatales en el proceso de toma de decisiones del entorno público.

Así la presente Carta significa un paso adelante en la búsqueda de acordar, congeniar y señalar ejes estratégicos, criterios y directivas para la acción de los gobiernos de la región, en temáticas tan trascendentes como la ética e integridad en la función pública.


Más información: www.eseiap.com